Jorge Alejandro Medellín
El explosivo crecimiento de las empresas de seguridad privada en México es consecuencia del fracaso del esquema de seguridad pública del país.
Dicho esquema, diseñado por autoridades federales y estatales, debió haber proyectado escenarios de desgaste del modelo policíaco, así como del crecimiento y mutación de la criminalidad en sus variadas expresiones y de las formas de responder a esos retos integralmente, y no sólo desde la reacción operativa y la represión gradual hacia determinados grupos sociales.
El desgaste de los esquemas y formas de concebir y aplicar los conceptos de seguridad pública dio paso a la erosión de las instituciones encargadas de esta agenda de la vida nacional y acabó desdibujando y exhibiendo las limitaciones de los cuerpos policiacos y de sus estrategas.
A principios de los 90, la percepción ciudadana sobre el tema de la seguridad privada como una solución viable para llenar los huecos que las corporaciones oficiales no alcanzaban a cubrir, pareció darle a los tres niveles de gobierno una suerte de respiro para quitarse presiones ante una agenda insospechada y a la vez creciente.
En el mejor de los casos, el incremento delictivo era visto como una consecuencia directa y lógica del crecimiento poblacional, del desempleo o del difícil entorno socioeconómico heredado de subdesarrollo.
La policía siguió con esquemas reactivos y represivos. El fenómeno delictivo se multiplicó, se hizo más organizado y paulatinamente fue rebasando a las instituciones para luego penetrarlas y erosionarlas.
El hueco, el nicho de mercado para ofrecerle al comerciante, al empresario o incluso al ciudadano común un bien inapreciable como el de la seguridad privada, su seguridad, su garantía de supervivencia más allá de lo que el sistema dijera garantizarle, fue adquiriendo forma hasta ser considerado como parte importante de una eventual solución al tema de la criminalidad.
Para 1995, año en el que se crea el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), este gremio contaba con alrededor de 6 mil empresas que crecían o se mantenían sin controles, sin estándares reales para medir su preparación, su efectividad y su incidencia real en la disminución de delitos.
De ese universo, sólo el dos por ciento (unas 120 empresas) cumplían con normatividades de calidad y control aceptables en esos momentos. El resto de los actores de ese sector continuaron creciendo sin mayores problemas, reproduciendo los mismos esquemas de ineficacia de las corporaciones policíacas del país se encarga de llevar el control de este tipo de empresas, pero solo tiene injerencia sobre las que operan a nivel federal en dos o más entidades.
Aún así, la SSPF carece de cifras precisas en este tema. En su sitio de internet (www.ssp.gob.mx) hay un apartado de la Dirección General de Seguridad Privada (http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_pageLabel=contenido3&nodeId=/BEA Repository/365085//archivo&menu=Transparencia Focalizada) en el que un mapa interactivo de la república mexicana muestra en color azul el detalle de las empresas registradas en cada entidad.
Sin embargo, sólo aparecen datos estadísticos de 14 estados en los que se reporta la operación de 226 empresas de seguridad privada. Las demás entidades aparecen con la leyenda “Información Estadística No Disponible”.
Servir y proteger
Mientras la mayoría de los cuerpos policíacos permanece estacionado en la impreparación, en elevados niveles de corrupción, mal alimentado, mal pagado, mal armado y ahora asediado por los cárteles de la droga, las empresas de seguridad privada se expanden sin control y alcanzan en ganancias el 1% del Producto Interno bruto (PIB) del país, lo que equivale a unos 8 mil millones de dólares al año, con o sin crisis, según Ricardo Torres Escoto, presidente del CNSP.
La cifra no es nada despreciable y ha alentado en los últimos dos años a jóvenes inversionistas suizos, españoles, británicos y norteamericanos a establecerse en México y a crear compañías cuyo éxito inicial está asegurado, porque de inicio sus cartas credenciales avalan una mayor preparación de corte paramilitar y una imagen más aceptable para quienes necesiten sus servicios.
En consecuencia, las menos de 500 compañías serias registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSF) con mayores controles sobre su personal y menos amonestaciones o clausuras temporales, compiten hoy en un universo calculado en más de 10 mil empresas sobre las que no existen mayores controles o un seguimiento a fondo.
Es muy probable que este universo de empresas esté integrando en sus filas a los más de 60 mil ex policías de diversas corporaciones municipales, estatales y federales dados de baja en los últimos cinco años.
Sobre esta gente no hay seguimiento y sí largos expedientes detallando incapacidades físicas, mentales y operativas que les costaron el empleo.
(Este es un fragmento del artículo que lleva el mismo ttítulo y que forma parte del libro "ATLAS DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE MÉXICO 2009", editado por el COLECTIVO DE ANÁLISIS POR LA SEGURIDAD CON DEMOCRACIA -CASEDE. Es posible acceder al texto completo en el sitio www.seguridadcondemocracia.org., que pertenece a CASEDE.)
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