Protesta en una tienda Soriana en Iztapalapa, el pasado 10 de agostoFoto Guillermo Sologuren
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 20 de agosto de 2012, p. 2
Los casos Monex y Soriana guardan mucha similitud con lo ocurrido hace 12 años, cuando por primera ocasión se descubrieron financiamientos ilícitos en las campañas presidenciales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y que se conocieron como Pemexgate y Amigos de Fox. Los candidatos eran Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada, respectivamente.
En los comicios de julio pasado, el Movimiento Progresista –integrado por los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática– denunció que se utilizó dinero ilícito para comprar votos a favor del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y que en ello estarían involucrados Banco Monex y la cadena de tiendas Soriana.
Sin embargo, en los casos de Pemexgate y Amigos de Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) nunca logró acreditar la existencia de delitos que se tipifican en el Código Penal Federal como delincuencia organizada, aunque en el ámbito electoral se impusieron multas millonarias al PAN y al PRI por rebasar los topes de gastos de campaña, pero no se modificaron los resultados de la elección.
Recursos volátiles
En el caso conocido hoy como Monexgate, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investiga si los recursos que debieron destinarse a promoción de Peña Nieto se desviaron para comprar votos.
A este respecto, el Instituto Federal Electoral (IFE) ha confirmado que el PRI utilizó empresas privadas para adquirir tarjetas del Banco Monex y que, a través de ellas, al menos 70 millones de pesos fueron canalizados para actividades relacionadas con la elección presidencial; ante la denuncia del Movimiento Progresista de que se trató de dinero ilícito, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) participa en las indagatorias.
La Fepade únicamente podrá sancionar –en caso de que lo acredite– los delitos de tipo electoral y tendrá que consignar a los responsables ante jueces federales, pero los indiciados podrán enfrentar su proceso en libertad bajo fianza, porque esos ilícitos no son considerados graves. Asimismo, sus investigaciones no tendrán ningún impacto en la calificación de la elección.
Para que se considere que existió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Siedo tendrá que acreditar que el dinero provino de un delito anterior y, a sabiendas
, los priístas ocultaron su origen.
¿El petróleo en la política?
En mayo de 2000, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI.
El 10 de diciembre de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el manejo irregular de recursos federales a través del sindicato petrolero y se inició la averiguación previa PGR/UEDO 182/2001 por lavado de dinero.
En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Pemex.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
El 5 de mayo de ese año, la PGR solicitó órdenes de aprehensión y el juzgado 13 de distrito en materia de procesos penales federales, a cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor y los ex funcionarios de la paraestatal Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter.
La procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el sindicato petrolero demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con Pemex.
En 2003, el IFE impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial en el año 2000.
El 26 de agosto de 2011 concluyó el Pemexgate. El juzgado 13 de distrito con sede en la ciudad de México declaró prescrito el delito de peculado electoral para el líder petrolero Carlos Romero Deschamps.
Entre amigos
En mayo de 2000, La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox se habían utilizado recursos ilegales: el First National Bank denunció ante la PGR a Juan Pablo Fox Quesada (hermano de Vicente) por el delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de operaciones de lavado de dinero.
En ese año, el entonces senador priísta Enrique Jackson denunció que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de la compañía belga Dehydration Technologies Belgium, y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox. Ante ello, la PGR abrió dos averiguaciones previas: una por delitos electorales, en la Fepade, y otra en la Siedo por lavado de dinero.
En el ámbito electoral, el 6 de octubre de 2003 el IFE impuso multas de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y 184 millones 198 mil 610 para el Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes para gastos de campaña.
Las investigaciones de la Fepade y la Siedo fueron archivadas por considerar que no se cometieron delitos de tipo penal ni electoral.
A tarjetazos
En el caso que está en curso, el Movimiento Progresista denunció ante la PGR, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que por medio del Grupo Financiero Monex y la cadena de tiendas Soriana el PRI trianguló millones de pesos para comprar votos a favor de su candidato, Enrique Peña Nieto.
Las primeras investigaciones, realizadas por el área de fiscalización del IFE, han detectado que el tricolor utilizó a los grupos Koleos y Tiguan, la comercializadora Atama y a las empresas Inizzio y Efra para depositar más de 70 millones de pesos en tarjetas prepagadas de Monex.
La dirigencia nacional priísta reconoció que usó los monederos electrónicos (Monex) para pagar a sus representantes de casilla, y que el dinero forma parte de la partida de gastos ordinarios del Comité Ejecutivo Nacional.
Sin embargo, el Movimiento Progresista ha señalado que existió un presunto financiamiento ilegal y lavado de dinero en estas acciones. También ha denunciado que mediante miles de tarjetas de la cadena Soriana, en las cuales se depositaron entre cien y mil pesos en cada una, se realizó la compra de votos.
En días pasados, la Fepade llevó a cabo diligencias en los estados de Guanajuato y Zacatecas, y en ellas se tomó declaración a representantes tricolores.
En el caso de Guanajuato, declararon cuatro priístas; uno entregó una tarjeta Monex Recompensas, mostró su nombramiento de representante de casilla y aceptó haber recibido un pago por fungir como representante.
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