PLAZA PÚBLICA.

Renuncias y reemplazos

Miguel Ángel Granados Chapa
11 Jul. 08

El jefe de Gobierno del Distrito Federal venció el pasmo que lo hizo demorar la salida de los responsables del operativo que terminó en tragedia y designó sucesores adecuados para las tareas por venir en la seguridad pública y la procuración de justicia

A pesar de la buena prensa con que contaba, y no obstante el aval que le extendió su jefe, el del gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard, el ingeniero Joel Ortega fue removido de la Secretaría de Seguridad Pública. La demora de esa decisión es enteramente atribuible a él mismo, no a quien tuvo que desplazarlo, que había hecho depender ese movimiento del informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y lo ejecutó en la misma mañana en que conoció tal documento. Ortega debió renunciar, motu proprio, apenas consumada la tragedia. Pero no alcanzó a comprender la dimensión del acontecimiento en que murieron 12 personas.

Al contrario, lo redujo a una dimensión burocrática y lo centró en su propia suerte. "No voy a permitir que un hecho como éste empañe una trayectoria en la que he actuado siempre con honestidad y verdad", dijo dos días después del "operativo" realizado principalmente por personal de la Secretaría a su cargo. Aun la trayectoria de un estadista hubiera sido anulada por un desastre generado por una política de persecución a los jóvenes, cuanto más la de un servidor público de mediano nivel que tenía más futuro que ambicionar que pasado del cual ufanarse.

Resuelto a no irse, para lo cual acaso invocó los deberes de la pertenencia a un grupo, debió ser despedido ante las conclusiones del informe del Defensor del pueblo, como tendríamos que llamar a quien por inercia denominamos ombudsman. De no haber actuado como lo hizo, y tan inmediatamente, Ebrard hubiera incurrido en una irresponsabilidad ética y política que ameritaría la petición pública de su propia renuncia. Al pedir la de Ortega, que no equivalió a hundirlo para salvarse él, Ebrard honró su compromiso con quienes lo eligieron hace dos años, los ciudadanos del Distrito Federal.

El jefe del gobierno capitalino tuvo que retirar también al procurador de Justicia, Rodolfo Félix. Aunque en el informe de la CDHDF quedan claras las disfunciones del Ministerio Público y de agentes de la Policía Judicial, que son atribuibles en último término a quien encabeza esas instituciones, el procurador incurrió en la tentación de sesgar los informes públicos que ofreció en las semanas siguientes a la tragedia con el sello de la rivalidad burocrática que lo enfrentaba a Ortega, y que se había intentado superar con la Unipol, engendro antijurídico que debe ser suspendido. Como ocurre con la fusión de hecho entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva, el mando único sobre la Policía preventiva de la Ciudad de México y la Policía Judicial implica violaciones a la legalidad, porque las funciones de uno y otro cuerpos, diversas por naturaleza, están regidas por ordenamientos que no han sido modificados.

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