PLAZA PUBLICA

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Javier Herrera Valles
Miguel Ángel Granados Chapa
24 Nov. 08

Quién sabe si el ex comandante de control regional de la PFP cometió delitos o no. Pero es claro que se le detuvo no por ellos, sino como represalia por su denuncia contra el secretario de Seguridad Pública federal

En un boletín que pretende informar sobre un mero trámite ministerial, el martes pasado la PGR informó que "el día de ayer fue presentado Javier Herrera Valles ante... la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en virtud de una orden de localización y presentación girada" por un fiscal federal. El comunicado agrega que Herrera Valles "comparece ante la autoridad ministerial para manifestar lo que a su interés jurídico convenga ante imputaciones que lo relacionan con la recepción de pagos para proteger actividades delictivas de integrantes de grupos de la delincuencia organizada durante su desempeño como mando de la Policía Federal Preventiva".

La realidad que esa información oficial buscó ocultar es que Herrera Valles fue detenido por la fuerza la noche del lunes 17, sobre la calle de Balderas, cuando el vehículo en que viajaba en compañía de su hijo Eduardo fue interceptado y él subido por la fuerza a una patrulla donde se le golpeó con tal contundencia que tiene lesionada una costilla, según constancia oficial.

El 21 de noviembre Herrera Valles fue declarado bajo arraigo por 40 días, que cumplirá en una suerte de cárcel ilegal establecida por la PGR en la colonia de los Doctores de la Ciudad de México, en donde se encuentra preso también su hermano Arturo, mando de la propia Policía Federal a quien se acusa igualmente de nexos con el narcotráfico. Javier Herrera Valles será también vecino en ese ambiguo sitio de reclusión de Gerardo Garay, que apenas el 10 de octubre, en su carácter de comisario interino de la PFP, encabezó la comisión de honor que expulsó de esas filas a Herrera Valles, y ahora padece arraigo por señalamientos similares a los imputados a su víctima de entonces.

Javier Herrera Valles perteneció por décadas a la Policía Federal de Caminos que en 1999 fue absorbida por la Policía Federal, en la que llegó a ser coordinador de seguridad regional, cargo del que fue destituido el 20 de febrero pasado, en coincidencia con el envío de una carta al presidente Felipe Calderón en que denunció irregularidades e insuficiencias graves atribuidas al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ante el silencio de la casa presidencial, Herrera Valles remitió una segunda carta en mayo, que tampoco mereció acuse de recibo. Supo, sin embargo, que García Luna conocía esos documentos, y se declaró desde entonces víctima de un hostigamiento que culminó con su detención y declaratoria de arraigo la semana pasada. Puede suponerse que la formalización de esas acciones en su contra se realizó ahora en el marco de las informaciones en torno de la Operación Limpieza para presentarlo como parte de ella. Formalmente, tras su destitución del mando en febrero, se le siguió un proceso administrativo cuya etapa final terminó el 10 de octubre cuando el tribunal interno de la PFP lo echó de la corporación. La causa formal de su despido fue que faltó a sus labores cuatro días, el 3 y el 6 de junio y el 9 y 12 de julio, a pesar de que su presencia en esas fechas consta en los registros correspondientes.

Herrera Valles posee desusadas calificaciones técnicas, según su currículum oficial. Además de formarse en la Escuela Profesional de la Policía Federal de Caminos, es piloto aviador con capacidad de instructor de vuelo en helicóptero y capitán de vuelo. Presidió la asociación nacional de egresados de la escuela del FBI y se graduó como licenciado en criminología, cuya maestría cursaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León (Reforma, 2 de marzo de 2008).

El ahora ex comandante arraigado llegó a la coordinación regional de que fue destituido en febrero, apenas en mayo anterior. Reemplazó entonces a Francisco Javier Garza Palacios, que cayó de ese cargo a raíz de la ineficacia de su oficina en el caso del convoy armado que recorrió el estado de Sonora sin que nadie perturbara su trayecto y cometió asesinatos y se enfrentó a la fuerza pública. Sin embargo, como señal de la doble vara que en la SSP se aplica según se trate de amigos o no del titular García Luna, Garza Palacios fue premiado con la agregaduría de seguridad en Bogotá, donde actualmente se halla.

En sus desatendidas cartas a Calderón, Herrera Valles refirió experiencias personales e hizo un análisis general sobre el desempeño de la secretaría de Seguridad Pública. Tras citar casos análogos, refirió que en el "mes de febrero de 2007 se me ordenó iniciar el Operativo Nuevo León-Tamaulipas igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia... nuevamente dando a conocer a los medios de manera previa el inicio de dicho operativo". Una difusión pública semejante provocó, según la carta al Presidente, la ejecución de tres miembros de la AFI, hospedados en Monterrey el 11 de septiembre de 2007, así como la tortura y asesinato de dos más, cuyos cuerpos fueron hallados en Santa Catarina.

Herrera Valles denunció también que "12 comandantes de la AFI que supuestamente fueron destituidos, ingresaron a la Policía Federal Preventiva con grados de comisario o director general adjunto (con sueldo mayor que en la AFI)". Siete de ellos, añadió, reprobaron el examen en el área de control de confianza, "siendo requisito indispensable aprobar dichos exámenes para poder ingresar a la PFP, por lo que elaboraron siete cartas responsivas de capacidad profesional y de buena conducta que pretendían que yo avalara con mi firma".

No aceptó hacerlo, fue destituido y hoy está a punto de ser procesado.


Cajón de Sastre


No hay dinero que alcance para saciar la voracidad, o para curar la desaprensión de los responsables de compras gubernamentales y para satisfacer el abuso de los proveedores que venden medicamentos para establecimientos públicos, en la Federación o en los estados, al precio que se pueda, no al que corresponde a la obtención de una ganancia lícita una vez cubiertos los costos. No debemos simplemente indignarnos y menos aún alzar los hombros ante información como la que publicó Reforma ayer, ejemplificada en el hecho de que una caja de aspirinas que los gobiernos de Chihuahua y Zacatecas adquieren en 3 pesos, sea pagada por el de Hidalgo a un precio ¡12 veces! mayor, 37 pesos. Las desmesuras en esta materia no deben ser toleradas. Si la Secretaría de Salud lo sabe, el abuso tiene que ser corregido.


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