En veremos todavía las denuncias interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por habitantes del poblado de San Antonio Ebulá, quienes fueron desalojados con lujo de fuerza por grupos paramilitares y elementos policiacos por la posesión de tierras. La presidenta de este organismo, Ana Patricia Lara Guerrero, dijo que el organismo analiza aún el expediente y al término del mismo se emitirá una resolución.
Como se sabe, casas construidas hace más de dos décadas fueron derrumbadas por la maquinaria pesada que invadió el predio ubicado a unos cuantos kilómetros de la capital del Estado, con entrada por la autopista Campeche-Champotón. Ante esta situación, quienes trataron de proteger su patrimonio fueron azotados y golpeados; el resultado: varios descalabrados.
Hubo detenidos, entre los que se encontraban personas de la tercera edad, quienes fueron consignadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar un proceso en contra de éstos, por el delito de despojo y todo lo que se pudiera para terminar de una vez con el asunto.
Los agredidos consideraron lo anterior como una violación a sus garantías individuales, porque se les otorgó patente de corso a los presuntos propietarios del predio para vejar, destruir y arrasar todo lo que estuviera a su pago. Esto dio origen a una serie de denuncias ante diversas instancias y la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue una de las instancias a las que recurrieron los ebuleños.
Lara Guerrero respondió a los cuestionamientos sobre las violaciones a los derechos humanos de los habitantes del poblado de San Antonio Ebulá, pero no abundó en muchos detalles, pero añadió que el expediente es de un volumen considerable y no podía emitirse un juicio en unos cuantos días.
Añadió que de manera coincidente la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública son las dependencias que más recomendaciones han recibido durante el presente año. (JESR)
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Como se sabe, casas construidas hace más de dos décadas fueron derrumbadas por la maquinaria pesada que invadió el predio ubicado a unos cuantos kilómetros de la capital del Estado, con entrada por la autopista Campeche-Champotón. Ante esta situación, quienes trataron de proteger su patrimonio fueron azotados y golpeados; el resultado: varios descalabrados.
Hubo detenidos, entre los que se encontraban personas de la tercera edad, quienes fueron consignadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar un proceso en contra de éstos, por el delito de despojo y todo lo que se pudiera para terminar de una vez con el asunto.
Los agredidos consideraron lo anterior como una violación a sus garantías individuales, porque se les otorgó patente de corso a los presuntos propietarios del predio para vejar, destruir y arrasar todo lo que estuviera a su pago. Esto dio origen a una serie de denuncias ante diversas instancias y la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue una de las instancias a las que recurrieron los ebuleños.
Lara Guerrero respondió a los cuestionamientos sobre las violaciones a los derechos humanos de los habitantes del poblado de San Antonio Ebulá, pero no abundó en muchos detalles, pero añadió que el expediente es de un volumen considerable y no podía emitirse un juicio en unos cuantos días.
Añadió que de manera coincidente la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública son las dependencias que más recomendaciones han recibido durante el presente año. (JESR)
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