Guadalajara acoge ronda de Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
Con total hermetismo, un hotel de Guadalajara es sede desde el martes pasado y hasta mañana de la séptima ronda de negociaciones que mantienen cerca de 39 países para definir el llamado Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés del Anti-Counterfeiting Trade Agreement), un documento que se viene discutiendo desde 2006 para establecer un marco internacional, en forma de un acuerdo multilateral, para combatir la piratería, incluyendo a Internet.
El ACTA “pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados. El ACTA versa de tres áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación”, señala un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la entidad que representa la postura del gobierno mexicano en esta reunión.
Las pláticas preparatorias para el acuerdo comenzaron a iniciativa de Estados Unidos (EU) en 2006, y en 2007 un grupo inicial conformado por EU, Canadá, la Unión Europea, Japón y Suiza acordó comenzar rondas para negociar el ACTA, la primera de las cuales se llevó a cabo en junio de 2008 en Suiza, con la presencia de nuevos participantes: Australia, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Singapur.
El secretismo de las reuniones ha fomentado críticas por la opacidad del convenio, y Reporteros Sin Fronteras denuncia que se trata de un “auténtico peligro para la libertad de expresión en Internet”.
Público intentó presenciar la ronda de negociación, pero los organizadores, representantes del IMPI, reiteraron que las reuniones se celebran a puerta cerrada.
En la página del IMPI se publica un texto donde se señala que el ACTA constara de seis capítulos. El primero es sobre disposiciones iniciales y definiciones. El segundo trata del marco legal sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual. Está dividido en secciones, y la primera es la observancia en materia civil. “[…] Se refiere a la autoridad de tribunales o autoridades competentes de ordenar/tomar acciones específicas cuando se establece que una parte ha violado las leyes de propiedad intelectual, así como de las reglas de cuándo y cómo se usan dichas facultades”.
La segunda sección es sobre medidas en frontera, que se “refieren a acciones que aduanas y otras autoridades competentes deberán estar facultadas a tomar para prevenir que bienes infractores de derechos de propiedad intelectual crucen fronteras”.
La sección tres es sobre observancia en materia penal, relativa a “casos en donde las partes deberán proporcionar procedimientos penales y penas”.
La cuarta sección es la medular en materia de Internet, pues trata de la observancia de derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, donde se tratan “algunos retos especiales que las nuevas tecnologías presentan a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tales como el posible rol y responsabilidades de los prestadores de servicio de Internet en la disuasión de la piratería de derechos de autor y derechos conexos en Internet”.
Aquí se agrega que “aún no se ha desarrollado un proyecto al respecto toda vez que las discusiones están siendo enfocadas en la compilación de información sobre los diferentes regimenes nacionales a fin de desarrollar un entendimiento común que trate de la mejor manera estos asuntos”.
Los otros capítulos son sobre cooperación internacional, el cuarto es sobre prácticas de observancia, es decir, los métodos usados por las autoridades para aplicar leyes. El capítulo cinco es de asuntos institucionales y el seis son disposiciones finales.
Pese a que Guadalajara es la sede de la ronda, ningún representante local de gobiernos o de la iniciativa privada fue invitado. Theodore Schultz, director de la oficina regional del IMPI, comentó ayer que el ACTA busca combatir la piratería y falsificación de todos los tipos de productos, agregó que cree que en estos momentos el documento está en fase de redacción final.
Los promotores han dicho que pretenden que este año esté terminado el acuerdo. La próxima ronda se realizará en abril en Nueva Zelanda.
Atentado a la libertad
Muchas son las críticas que levantado el secretismo de las rondas, pero una de las principales provino de la organización Reporteros Sin Fronteras, que el martes pasado, cuando se abría la sesión en Guadalajara, emitió un boletín donde expresa “su gran preocupación” porque “las medidas representan un auténtico peligro para la libertad de expresión en Internet”, ya que las negociaciones no incluyen a organizaciones no gubernamentales ni a la sociedad civil.
“El Parlamento Europeo ni siquiera tuvo acceso a los documentos. Lamentamos mucho que estos encuentros, que pueden tener fuertes incidencias sobre una libertad fundamental tal como la libertad de expresión, se mantengan al margen del debate democrático. Esta exigencia de transparencia en la materia no se puede negociar ni tampoco someter a unos imperativos económicos”, agrega.
La organización, junto con una treintena de asociaciones civiles está recolectando firmas para que los gobiernos expliquen las medidas incluidas en el ACTA, concretamente la “prohibición de los recursos para evitar filtros o bloqueos que impedirían que los ciudadanos esquivasen la censura en Irán o en China por ejemplo; corte de Internet y por lo tanto limitación del acceso a la información a pesar de que el hecho de sancionar a los que descargan no impedirá nunca la falsificación en sí; establecimiento de un filtro automático, una limitación de la libertad de expresión, que, sin intervención de un juez, es ilegal”.
Guadalajara. Jesús Estrada Cortes
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