Regeneración
Desde su llegada a Los Pinos, Felipe Calderón emprendió lo que llamó una “guerra contra la delincuencia organizada”, y movilizó a todas las corporaciones de seguridad pública y al Ejército. Los propósitos declarados eran erradicar a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado. Pero los objetivos reales eran muy distintos: dar legitimidad a una presidencia surgida de un fraude electoral, presentar a Calderón como un hombre fuerte y protector de la ciudadanía, así como foguear a soldados y policías para posibles misiones de represión masiva, y habituar a la población a la presencia de militares en las calles, cuyo despliegue fue cubierto de manera espectacular por la televisión y los medios informativos.Pronto se hizo evidente que las fuerzas de seguridad pública no estaban preparadas para semejante tarea, sin un trabajo previo de inteligencia y con organismos policiales corrompidos e infiltrados por los grupos criminales.
La “guerra” se emprendió sin depurar las aduanas y puestos fronterizos, sin controles financieros que impida el “lavado de dinero”, sin programas para sustituir cultivos de los campesinos involucrados en siembras ilícitas ni acciones de educación y salud públicas orientadas a prevenir y curar las adicciones. A Calderón poco respeta las leyes y descalifica las denuncias sobre las ilegalidades: uso indebido de las Fuerzas Armadas, atropello sistemático a las garantías constitucionales y ejecuciones extrajudiciales de cientos de personas a las que el gobierno presenta como “sicarios” o “criminales”, sin necesidad de probarlo ante los jueces.
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