Miguel Badillo
Una red de corrupción que operaba en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda fue descubierta por la Secretaría de la Función Pública, dependencia que sancionó y acusó penalmente a seis servidores públicos y tres particulares involucrados en un presunto fraude millonario en perjuicio del erario
El director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Adrián Fajardo Castellanos, es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre DENOSA.
El director de Formulación y Seguimiento de Denuncias en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Adrián Fajardo Castellanos, es uno de los siete funcionarios involucrados en un fraude por 4.8 millones de pesos en la venta de una planta vitivinícola en Caborca, Sonora, propiedad del gobierno federal, de nombre DENOSA.
Al verse descubierto, Fajardo Castellanos tuvo que renunciar a la UIF, en donde permanecía “oculto” como responsable de firmar todas las acusaciones penales en contra de presuntos defraudadores financieros, narcotraficantes, terroristas, delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero.
Bajo el expediente R/SAE/001/2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió, el 30 de junio pasado, inhabilitar por seis meses a Fajardo Castellanos por “negligencia administrativa”, pero este directivo de la UIF decidió, con la anuencia de sus jefes, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el titular de la UIF, Luis Urrutia Corral, mantenerse en el cargo por mes y medio, hasta que una investigación de Contralínea lo obligó a renunciar el pasado lunes 16 de agosto.
Dicha sanción impedía al funcionario trabajar en cualquier dependencia del gobierno federal desde el 1 de julio hasta el 27 de diciembre de 2010, cuando se cumplirían los seis meses de su inhabilitación, de acuerdo con la resolución publicada en la página de internet de servidores públicos sancionados por la SFP.
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Marcos Chávez
Sin el imperio de las leyes, sin instituciones que protejan y salvaguarden los derechos de la población ante los abusos de los grupos que detentan el poder político y económico, sin unas autoridades judiciales comprometidas a garantizar el orden constitucional, sin justicia, equidad e inclusión social, simplemente no existe la democracia. Sólo se halla presente la desoladora continuidad del régimen despótico entronizado hace 71 años por el priato, el cual se enseñorea en su tardía y trágica fase panista que se ha tornado cada vez más descarnada y descompuesta. Se trata de una agraviante realidad autoritaria que la Corte, cada vez que tiene oportunidad, se encarga tenazmente de arrojarnos a la cara.
Con sus resolutivos sobre los casos de Oaxaca, Lydia Cacho, Atenco, los niños muertos ofrendados al criminal desmantelamiento y la privatización de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o los trabajadores electricistas, la Corte demostró que en sus condiciones actuales y con esa clase de leguleyos burócratas, nada tiene que ofrecer a la nación en materia de imparcialidad y de justicia. Por el contrario, esa pandilla de reaccionarios, que indignamente ocupan sus deshonrados puestos, con los argumentos más ridículos, tuercen la interpretación de las leyes para ajustarlas a los arbitrarios designios del gobierno. Solapan sus tropelías. Cultivan la servidumbre del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, a quien le deben sus insultantes y jugosamente rentables asientos. Su impunidad, también compartida por el Legislativo, se debe a la carencia de una efectiva división de poderes que ampare su autonomía; la ausencia de contrapesos que equilibren y anulen el sesgo ideológico y político conservador que caracteriza a la mayoría de los ministros; de mecanismos que posibiliten una libre elección de los ministros cuya única responsabilidad sea velar la constitucionalidad del sistema y no por los intereses de las elites dominantes; de formas legales que les obliguen a rendir cuentas a la sociedad, para que ella pueda sancionar su labor, promover su destitución y someterlos a juicio. La estructura de gobierno está armada para mantener el autoritarismo.
Leer mas...AQUICon sus resolutivos sobre los casos de Oaxaca, Lydia Cacho, Atenco, los niños muertos ofrendados al criminal desmantelamiento y la privatización de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o los trabajadores electricistas, la Corte demostró que en sus condiciones actuales y con esa clase de leguleyos burócratas, nada tiene que ofrecer a la nación en materia de imparcialidad y de justicia. Por el contrario, esa pandilla de reaccionarios, que indignamente ocupan sus deshonrados puestos, con los argumentos más ridículos, tuercen la interpretación de las leyes para ajustarlas a los arbitrarios designios del gobierno. Solapan sus tropelías. Cultivan la servidumbre del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, a quien le deben sus insultantes y jugosamente rentables asientos. Su impunidad, también compartida por el Legislativo, se debe a la carencia de una efectiva división de poderes que ampare su autonomía; la ausencia de contrapesos que equilibren y anulen el sesgo ideológico y político conservador que caracteriza a la mayoría de los ministros; de mecanismos que posibiliten una libre elección de los ministros cuya única responsabilidad sea velar la constitucionalidad del sistema y no por los intereses de las elites dominantes; de formas legales que les obliguen a rendir cuentas a la sociedad, para que ella pueda sancionar su labor, promover su destitución y someterlos a juicio. La estructura de gobierno está armada para mantener el autoritarismo.
La intervención militar internacional
Jorge Luis Sierra
¿Qué tan lejos estamos de una intervención militar extranjera en México? No muy lejos de lo que pensamos. Algunos concejales y analistas en la frontera mexicana han estado señalando la necesidad de Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas para restablecer el orden en Ciudad Juárez. Otros análisis militares estadunidenses han sostenido la posibilidad de una acción militar directa como el último recurso para recuperar Estados fallidos en el mundo y han incluido a México en esa lista de riesgo.
Por lo pronto, lo que estamos observando es una acción militar indirecta. La militarización que estamos viviendo es un intento de alejar la posibilidad de una intervención directa a través de un esfuerzo militar binacional combinado para reducir la ola de violencia del lado mexicano.
Tanto México como Estados Unidos buscan evitar el escenario extremo que podría desencadenarse con el intento de la delincuencia organizada, aliada con fracciones militares desleales, de realizar ataques terroristas, asesinar mandos y buscar el control de la capital de la república, tal y como ya lo hace en regiones enteras de Chihuahua, Durango, Tamaulipas o Michoacán.
Ese escenario extremo, pero no improbable, sería la señal de alerta máxima para los ejércitos vecinos que observan con preocupación lo que está pasando en México e intentan acelerar los vínculos de coordinación y operación conjunta.
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Por lo pronto, lo que estamos observando es una acción militar indirecta. La militarización que estamos viviendo es un intento de alejar la posibilidad de una intervención directa a través de un esfuerzo militar binacional combinado para reducir la ola de violencia del lado mexicano.
Tanto México como Estados Unidos buscan evitar el escenario extremo que podría desencadenarse con el intento de la delincuencia organizada, aliada con fracciones militares desleales, de realizar ataques terroristas, asesinar mandos y buscar el control de la capital de la república, tal y como ya lo hace en regiones enteras de Chihuahua, Durango, Tamaulipas o Michoacán.
Ese escenario extremo, pero no improbable, sería la señal de alerta máxima para los ejércitos vecinos que observan con preocupación lo que está pasando en México e intentan acelerar los vínculos de coordinación y operación conjunta.
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