sábado, 9 de octubre de 2010

Calderón, autoritarismo y represión

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 8 de octubre (apro).- En 2008, ante el desgaste de las tropas del Ejército por el combate al narcotráfico, el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) pidió a Felipe Calderón Hinojosa que le asegurara un marco legal para seguir accionando en las calles.

Para ello, Calderón convocó a los integrantes del gabinete de Seguridad; les planteó las demandas del Ejército y les pidió que cada área elaborara una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Nacional.

La Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como las fuerzas armadas, se comprometieron a hacer llegar sus documentos lo antes posible.

Por su parte, el general Galván inició una serie de encuentros con diputados de la LX Legislatura para “sensibilizarlos” y allanar el camino para cuando la propuesta llegara a sus manos.

Para el 23 de abril de 2009, cuando Fernando Gómez Mont ocupaba la Secretaría de Gobernación, el general-secretario de la Defensa Nacional acudió a él para entregarle sus propuestas. Sin embargo, muy pronto supo de los alcances del nuevo secretario y de su toma de decisiones.

Gómez Mont le agradeció al secretario su presencia y el esfuerzo de su equipo jurídico; pero le aclaró que justo ese día Calderón enviaría al Senado de la República las modificaciones a la Ley que le darían legalidad a las acciones de los militares en las calles en su lucha contra el crimen organizado.
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