Por segunda vez en este mes, las autoridades impidieron que organizaciones de mujeres se manifestaran de manera pacífica para exigir fin a la impunidad y al feminicidio
De la redacción de Cimac
Por segunda vez en este mes, las autoridades impidieron que organizaciones de mujeres se manifestaran de manera pacífica para exigir fin a la impunidad y al feminicidio, mientras que Carlos González, vocero de la fiscalía de Chihuahua, admitió que no se tienen avances en la investigación sobre el asesinato de la activista Marisela Escobedo.En un comunicado de prensa, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, denunció que el Gobierno local y federal impidieron y reprimieron manifestaciones pacíficas, y que al no brindar las garantías mínimas de protección a las y los familiares de Marisela Escobedo, éstos se vieron obligados a salir del país.
Exigieron garantías efectivas de protección para las y los defensores de Derechos Humanos (DH), que se organizan en más de 20 asociaciones civiles en Chihuahua y Ciudad Juárez, así como a las y los familiares de las víctimas, y el respeto irrestricto del “derecho de libre manifestación”.
Detallaron que el pasado 24 de diciembre, fueron retiradas más de mil veladoras que habitantes de Chihuahua, colocaron a las afueras del Palacio de Gobierno, lugar donde fue asesinada Escobedo.
El 28 de diciembre, el gobierno de Chihuahua colocó elementos de la Policía Estatal fuertemente armados en lugar de las veladoras que la ciudadanía había vuelto a llevar, tratando de impedir que las manifestantes se acerquen.
La organización afirmó que algunas de las personas presentes se cuestionaron por qué “no estuvieron esos policías para proteger a Marisela el 16 de diciembre, cuando fue asesinada”.
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