viernes, 21 de enero de 2011

Gobiernos panistas contra libertad sindical

Mayela Sánchez

Durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se han presentado 29 quejas ante la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado mexicano por violaciones a la libertad sindical. La cifra es un atisbo de la situación real de abusos cometidos por la administración federal en contra de los sindicatos, señalan especialistas. Con un gobierno considerado “antisindical”, la presencia de México en el Comité de Libertad Sindical –instancia encargada de resolver las querellas– resulta una “paradoja”

De las 38 quejas que se han presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del gobierno mexicano, 29 se han interpuesto en la última década, es decir, durante los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Las querellas corresponden a violaciones a la libertad sindical, amparada por el Convenio 87, que México ratificó desde abril de 1950.

En éstas se acusan impedimentos para organizar sindicatos independientes o para ejercer su derecho a la negociación colectiva, negativas de la autoridad de reconocer a organizaciones sindicales o a otorgarles la Toma de Nota a sus directivos, violaciones a los contratos colectivos de trabajo, injerencia de los empleadores en la vida sindical, agresiones a trabajadores y sindicalistas y actos de intimidación para evitar la afiliación de trabajadores a un sindicato.

De las 29 quejas que se han presentado de enero de 2001 a la fecha, cuatro casos siguen pendientes de resolución por parte del Comité de Libertad Sindical (CLS), instancia encargada de analizar las querellas. Otros dos casos se encuentran “en seguimiento”, de acuerdo con la información publicada en el portal electrónico de la OIT.

Se trata de las quejas 2478 y 2679. La primera fue presentada en marzo de 2006 por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Acusaban actos de violencia, amenazas de muerte y el homicidio de sindicalistas, la destitución del comité ejecutivo del Sindicato y el establecimiento de un Sindicato paralelo por parte de la empresa y las autoridades gubernamentales.
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