sábado, 23 de abril de 2011

Varias de La Jornada

Basta de extorsiones y matanzas, exigencia a Calderón en Oaxaca
  • Sentí el dolor de mis paisanos y sus familias ante abusos, dice joven que representó a Jesús
  • La movilización, que salió de Guatemala, en repudio a la impunidad y al silencio oficial
Ciudad Ixtepec, Oax., 22 de abril. Carlos Daniel Santos Maldonado, joven hondureño de oficio ayudante de albañil, quien representó a Jesucristo en el Viacrucis del Migrante protagonizado por un grupo de centroamericanos, dijo haber sentido "el mismo sufrimiento y dolor que todos mis paisanos y hermanos sienten cuando salen del país y dejan a sus familias, a sus hijos, a sus padres, y van por el camino padeciendo hambre, frío, abusos y maltrato".

Con el cansancio reflejado en el rostro, pero también con la emoción del momento, luego de caminar tres días tras de cruzar el río Suchiate –que divide a México y Guatemala–, Santos Maldonado llegó desde el jueves a Ciudad Ixtepec, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, junto con alrededor de 40 migrantes centroamericanos. El objetivo de la marcha es repudiar la matanza de personas en San Fernando, Tamaulipas, y la persecución de que son objeto los indocumentados.
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Apremian al Congreso a aprobar ley de migración; es mejor a nada: Elvira Arellano

Falta voluntad al gobierno para resolver delitos contra indocumentados: activistas

Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 3

El Viacrucis del Migrante, movilización iniciada el pasado miércoles en Guatemala y que concluyó ayer en Ixtepec, Oaxaca, pretende llamar la atención del gobierno mexicano sobre las penurias que los indocumentados sufren en su tránsito por el país y apremiar a la Cámara de Diputados a que apruebe ya la nueva ley sobre migración.

Afirmaron lo anterior algunas de las activistas organizadoras de la marcha, quienes lamentaron la falta de compromiso de las autoridades del país en la resolución de los delitos que aquejan a dicho sector, como secuestros, extorsiones y asesinatos masivos.

Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, señaló que la iniciativa "forma parte de nuestro conven- cimiento de que sólo con la comunidad activa y la acción de los medios informativos se podrá aspirar a cambiar algunas de las condiciones que sufren los indocumentados, mismas que hemos denunciado desde 2005, como la trata de personas y los plagios".
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Repudian en Guadalajara la violencia

Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 6

Guadalajara, Jal., 22 de abril. Unas 700 personas se concentraron la tarde de este viernes en el Monumento a los Niños Héroes de esta ciudad, en repudio a la violencia generalizada en el país.

"Ni un Juan Francisco más, maestro Sicilia", se leía en algunos carteles que llevaban los asistentes en apoyo al poeta Javier Sicilia, cuyo hijo, Juan Francisco, fue asesinado junto a otras seis personas el pasado 28 de marzo en el estado de Morelos.

Las actividades se iniciaron con la lectura, por parte de la activista local Margarita Sierra, del poema El sobreviviente, del propio Sicilia. Le siguió Guadalupe Morfín Otero, ex fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres de la Procuraduría General de la República.
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Pendiente en el Senado, la iniciativa de enmiendas al Código de Justicia Militar

Las modificaciones permitirían juzgar a militares en tribunales civiles; es incompleta: PT

Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

A punto de concluir el periodo de sesiones, una de las iniciativas que quedará pendiente de resolución en el Senado será la modificación al Código de Justicia Militar, que el presidente Felipe Calderón remitió en octubre de 2010, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esa reforma, que permite juzgar a militares en tribunales civiles, no se dictaminó y tendrá que esperar, en el mejor de los casos, hasta el próximo periodo de sesiones de septiembre, debido a que el Ejecutivo no acepta cambios a su propuesta y, además, no hay acuerdo entre las fuerzas políticas.

La senadora del PT, Rosario Ibarra, consideró que se trata de una reforma incompleta, ya que el gobierno federal sólo incluyó tres delitos juzgables a miembros del Ejército: desaparición forzada, tortura y violación, lo que deja fuera todos los demás ilícitos en que pueden incurrir los elementos de las fuerzas armadas contra civiles.
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Las reformas a la Ley de Seguridad, para justificar la represión: expertos

Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 10

Reformar la Ley de Seguridad Nacional para utilizar a las fuerzas armadas en actos de represión contra movimientos sociales, si se consideran una amenaza a la seguridad interior, beneficiará a una administración que "no está dispuesta a dejar su guerra contra el narcotráfico, pero a un costo muy alto para los cuerpos militares".

"Un Ejército que va en contra de su población está perdido y corre el riesgo de perecer junto con el régimen", afirma Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y Narcotráfico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por otra parte, para René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de aprobarse la iniciativa de reforma, México enfrentaría un escenario peor al que vivieron algunas naciones sudamericanas durante la década de los 70, alertó.
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Busca el SME participar en elecciones

Periódico La Jornada
Sábado 23 de abril de 2011, p. 11

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ampliará al terreno político su oposición al cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC). El mes entrante creará una agrupación política nacional (APN) que busca participar en el proceso electoral de 2012.

Los integrantes del SME preparan el congreso constituyente de esta organización política (programado para los días 21 y 22 de mayo, en la ciudad de México).

–¿A quién apoyará el SME en la elección en el estado de México y a quién en 2012? –se le preguntó a Martín Esparza, dirigente de los electricistas.

–Nosotros estamos con un movimiento que ya es social. Yo no tengo filiación con ningún partido político. Estamos en esta lucha para que se respete la Constitución, pues la derecha ya la hizo pedazos. Por ello, saldremos a explicar a la gente que el PAN es un peligro para México.
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Desfiladero

Luchar pacíficamente por la paz, la única salida

Jaime Avilés

En la antigüedad clásica, antes de la construcción del Anillo Periférico, los adultos nos explicaban a los niños capitalinos que Insurgentes era la avenida más larga del mundo. Por el sur, decían, llega hasta Acapulco y, por el norte, a Ciudad Juárez.

Esa avenida imaginaria y al mismo tiempo verdadera –que se prolongaba más allá de los Indios Verdes hacia Pachuca, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y que a la altura de Ciudad Valles doblaba, a la izquierda, hacia San Luis Potosí, y desde el emporio del queso de tuna ofrecía opciones, al suroeste, hacia Morelia; al oeste, a Guadalajara; al noroeste, hacia Tepic-Mazatlán-Culiacán-Obregón-Hermosillo-Mexicali y Tijuana, y a través del desierto, rumbo al norte, hacia Zacatecas-Durango-Torreón-Chihuahua y Juárez–, dentro de algunos días podría adquirir un profundo significado político y tal vez histórico.
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México SA
  • Ninis, ¿futuro de la nación?
  • Desempleo e informalidad
  • CFE: amor por trasnacionales
Carlos Fernández-Vega

¿Qué hacer con el "futuro de la nación", como cínicamente los califica la inoperante clase política? ¿Qué hacer con los millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, para quienes la única respuesta del régimen ha sido la minimización del problema ("sólo suman 285 mil", según Gobernación y Educación Pública) y los discursos? Más de 7 millones (y contando) de jóvenes en el país se encuentran en tan precaria situación y las "alternativas" para ellos van de la militarización (César Duarte, gobernador de Chihuahua) a la justificación ramplona ("su existencia no es culpa del gobierno federal ni de la SEP, sino de las autoridades laborales que no han creado espacios de trabajo", como asegura Alonso Lujambio, en pos de la candidatura panista).
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EU: responsabilidades no atendidas

Resultan contradictorios los dichos del Departamento de Estado de Estados Unidos en su más reciente alerta –emitida ayer– a sus ciudadanos para que restrinjan sus viajes a México. Por un lado, las autoridades del vecino país reconocen los "esfuerzos considerables" que han realizado sus contrapartes mexicanas para proteger a estadunidenses y otros visitantes en sitios turísticos. Por el otro, la dependencia encabezada por Hillary Clinton enfatiza el peligro que representa visitar los estados de la franja fronteriza de México (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas), así como algunos sitios de Durango, Michoacán, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero y Morelos; menciona las más de 15 mil muertes violentas registradas en 2010 en el territorio nacional y pondera el incremento en el número de ciudadanos estadunidenses asesinados en México de 2007 a 2010.
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La "toma de nota", en manos de la Suprema Corte

Arturo Alcalde Justiniani

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomará pronto una decisión trascendental para el futuro de la libertad sindical en nuestro país, decidirá el alcance de la "toma de nota", odioso mecanismo de control, resabio del corporativismo mexicano mediante el cual los gobiernos tanto del ámbito federal como local condicionan la personalidad jurídica de los gremios por medio del registro y la elección periódica de sus directivas.

Uno de los capítulos del conflicto entre el sindicato minero y empresarios del sector, especialmente el Grupo México, generó una controversia jurídica sobre la elección de su directiva, incluyendo su secretario general, quien fue relecto en mayo de 2008. Si no hubiera existido oposición empresarial, el tema no hubiera llegado a mayores; sin embargo, los patrones desplegaron todos sus recursos para lograr que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) negara la "toma de nota", alegando que su líder, Napoleón Gómez Urrutia, no cumplía con el requisito estatutario de haber sido trabajador en los cinco años anteriores a la elección.
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Ley de Seguridad Nacional

Miguel Concha

Un grupo numeroso de organizaciones civiles de derechos humanos, nacionales e internacionales, prepara una carta abierta a los miembros de la Mesa Directiva, a los coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados y a los presidentes de las comisiones de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos, pidiéndoles que la semana próxima no turnen al Pleno el predictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, sin antes al menos, como ordena el reglamento, discutirlo y aprobarlo en sus respectivas comisiones.

El asunto no es para menos, porque como lo ha venido informando ampliamente La Jornada, ese documento, supuestamente elaborado en dichas comisiones unidas, no se compagina con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de seguridad interior; modifica sustancialmente la minuta que sobre la materia le envió el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril del año pasado; excede la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la participación de las fuerzas armadas en el auxilio de las autoridades civiles; reglamenta su participación indefinida en labores de seguridad pública; desacata abiertamente y a posteriori las cuatro peticiones formales que desde el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha hecho al Estado mexicano, y cuya jurisdicción es obligatoria, para que elimine del fuero militar las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, y maneja una extraña concepción gradualista de paz, que no tiene nada que ver con el significado que sobre ella establecen los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, ni los mecanismos de su observación y cumplimiento, a los que también se ha obligado el Estado mexicano. Para estos últimos, en efecto, la paz es interdependiente del cumplimiento integral e indivisible de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y de la democracia
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La responsabilidad del caos

Enrique Calderón Alzati

Mientras la cifra de muertos aumenta cada día, en una espiral de violencia que parece ser el único legado visible del actual gobierno, el descontento popular se hace evidente mezclado con sensaciones de inseguridad, hastío y necesidad de escapar del infierno en que nuestro país se ha estado convirtiendo. Ya no es Ciudad Juárez el punto de atención, preocupación y asombro, ni Sinaloa el escenario principal de las acciones del crimen organizado, la inseguridad y la violencia se han extendido a Monterrey, Acapulco, Morelia, Cuernavaca, Durango, Veracruz y decenas de ciudades y poblados más, transformando la vida de entidades completas, que quizás representan más de la mitad del territorio nacional, desde Chiapas en el sur y Quintana Roo en el oriente, hasta Tamaulipas en la frontera norte, pasando por Zacatecas y las regiones en estado de sitio, en las que para realizar las actividades cotidianas se deben tomar en cuenta los riesgos que cada una de ellas implica, haciendo necesario rodear zonas geográficas determinadas y evitar movimientos a horas que se saben peligrosas.
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REDD, la brecha lacandona y nuevas formas de despojo

Silvia Ribeiro

Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.

Para definir lo que se puede vender en indulgencias de carbono al gobierno de California y a las empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras anteriores desde hace décadas, abrir una brecha en la Selva Lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas. En marzo de 2011, funcionarios del gobierno estatal dijeron a la organización Justicia Ecológica Global (www.globaljusticeecology.org) que sólo les falta unir la brecha en la zona de las cañadas, "donde hay comunidades zapatistas".
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En defensa de Gianni Proiettis

Elena Poniatowska

Resulta un lugar común afirmar que ser periodista en México es peligroso, pero la deportación del italiano Gianni Proiettis –después de 18 años de trabajo ininterrumpido en Chiapas–, comprueba que el gobierno mexicano elimina a sus críticos y pretende reducir el ejercicio de nuestro oficio al de amanuenses y lacayos.

Los periodistas críticos que se ocupan de los asuntos del país son mal vistos y, en la mayoría de los casos, rechazados y hasta expulsados. Desde 1994, muchos fueron satanizados por el régimen atemorizado por la popularidad del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y de su portavoz el subcomandante Marcos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos define el derecho a la libertad de expresión en su artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Sin embargo, en México, este artículo es letra muerta.
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