MORENA se inspira en la historia de lucha del pueblo mexicano, en la gesta de Independencia, la Reforma y la Revolución. A través de la resistencia popular, la batalla de las ideas y movimientos sociales y políticos, el pueblo buscó superar todos los obstáculos para instaurar una sociedad basada en las libertades y la justicia social.
La Revolución de Independencia estableció los fundamentes de México como una nación libre y soberana. La constitución de Apatzingán de 1814, fue la primera en reconocer la soberanía popular y los derechos de los ciudadanos (entre ellos e derecho a la felicidad). La Constitución de 1824 promovió los derechos del hombre y un régimen republicano y federal. En 1854, la Revolución de Ayutla condujo a la Reforma, que subordinó al clero y a la milicia- los dos grandes poderes oligárquicos- al Estado mexicano. La Revolución Mexicana inició en 1910 como un movimiento por el sufragio efectivo y logró el reconocimiento de los derechos sociales del pueblo a la tierra, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a la educación pública laica y gratuita y a las garantías laborales, así como a muchos otros derechos colectivos fundamentales.
Los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX enfrentaron al régimen autoritario del PRI y han sido clave en nuestra democracia.
Hacia varias décadas, México extravió el rumbo de un desarrollo que tenía como fin el bienestar de las mayorías y el fortalecimiento de la nación. Gran parte de las conquistas alcanzadas por los mexicanos, han sido anuladas por los últimos gobiernos del PRI y del PAN. Se impusieron políticas públicas para el beneficio de unos cuantos; esa minoría se apropió del poder político y económico, lo que causó la ruptura del Pacto Social y el empobrecimiento de las mayorías.
En consecuencia, el Movimiento es una respuesta social y política del pueblo para revertir el deterioro que hunde al país en todos los órdenes. México demanda un cambio profundo. La propuesta de MORENA implica establecer una auténtica democracia, renovar la vida pública, transformar el orden social injustos y restaurar la legalidad constitucional para rescatar a la Nación.
Urge un cambio en las instituciones políticas, económicas y sociales. El camino para lograrlo es organizarnos para hacer valer nuestros derechos que, a pesar de estar consignados en la Constitución, son violentados impunemente desde el poder.
Los derechos individuales son atropellados. Los colectivos y sociales son prácticamente inexistentes porque el Estado abandonó sus responsabilidades sociales: la educación pública se ha ido privatizando en todos los niveles; el sistema de salud y de seguridad social está siendo destruidos con el desmantelamiento deliberado del IMSS y el ISSTE; ya no se garantiza el derecho a la vivienda; los derechos de los trabajadores, consignados en el artículo 123, no se respetan; ahora se busca eliminar el derecho a un salario mínimo remunerador, a la jornada máxima de trabajo, a la libre sindicalización, a contar con un contrato colectivo del trabajo y el derecho de huelga.
El campo está en ruinas. Cada año, decenas de miles de campesinos mexicanos se ven obligados por la miseria a huir al otro lado de la frontera norte en busca de las oportunidades que su país les niega. Se intenta acabar con las formas tradicionales de tenencia de la tierra, cancelar el sistema de crédito para los campesinos y favorecer a grandes agro-industrias trasnacionales.
Los recursos estratégicos de la nación han sido entregados a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Se transgreden los principios constitucionales y nuestro desarrollo independiente, lo mismo en materia de petróleo e hidrocarburos, que de los minerales y la electricidad.
La banca y el crédito pasaron, casi en su totalidad, a mano de consorcios multinacionales. Los bancos dejaron de financiar el desarrollo de México y de preservar los derechos económicos de los mexicanos.
Los medios de comunicación, lejos de beneficiar a la comunidad con información veraz, contribuir a la educación de los mexicanos y elevar el nivel cultural del pueblo, promueven la desinformación y el envilecimiento de la sociedad. En vez de actuar como factores de democratización, se convirtieron en monopolios al servicio de una elite nacional y extranjera.
La legitimidad de las instituciones políticas está en cuestión y simulamos tener una vida democrática. La división de poderes no funciona. El Poder Ejecutivo federal está cada vez más distantes de las demandas populares y no defiende los derechos básicos de los mexicanos. Está sometido a intereses económicos particulares.
El poder Legislativo está sujeto al grupo oligárquico, dueño del aparato mediático que les sirve para imponerse. El Poder Judicial está condicionado por la existencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que muchas veces actúa no conforme a derecho, sino en función de intereses particulares. La corrupción reinante asfixia la vida de los ciudadanos y cancela un verdadero estado de derecho.
La democratización política real sigue pendiente, entrampada en una red de intereses creados que utilizan nuevas y viejas formas de corrupción electoral, dando como resultado la ilegitimidad de las autoridades bajo este sistema. Las luchas ciudadanas contra el autoritarismo del PRI alcanzaron un punto de quiebre en las elecciones presidenciales de 1988.
El fraude electoral del 2006 impuso un gobierno de facto, violó el orden constitucional y agravió profundamente a millones de mexicanos. Este fraude no se hizo contra un candidato, sino contra el pueblo. La ilegitimidad del gobierno puso en cuestión al sistema político entero.
El federalismo, diseñado desde la Constitución de 1824, que supone la existencia de estados libres y autónomos, ha funcionado bajo criterios centralistas, desde el manejo de sus recursos hasta la seguridad pública.
Sin embargo, frente al deterioro del poder central, los gobernadores ejercen un poder absoluto y se han convertido en señores feudales de sus estados. Imponen a sus allegados en el poder judicial, en el legislativo, controlan los medios de comunicación y se comportan como caciques. Pero no garantizan la seguridad de los ciudadanos y ni su bienestar.
Históricamente relegados, los municipios, sobre todo los más pequeños, padecen una miseria económica, consecuencia del centralismo fiscal y del funcionamiento vertical del poder político de México. Cada vez son más vulnerables a las ingerencias de los gobiernos locales y del federal.
El problema de la inseguridad y la violencia se ha extendido a casi todo el territorio nacional, como resultado de políticas aplicadas al margen de la legalidad constitucional, impulsadas por los gobierno priistas y panistas. Se ha cancelado el futuro de millones de mexicano, en particular de los jóvenes a quienes se les niega las oportunidades de estudio y de trabajo.
La llamada "guerra contra el crimen organizado", en lugar de contribuir a la seguridad de los ciudadanos y debilitar las estructuras criminales, ha provocado la degradación de regiones enteras y destruye el tejido social; además de propiciar una creciente dependencia del exterior y hasta la intervención ilegal de agencias extranjeras en territorio mexicano.
La violencia ha conducido a una mayor inseguridad de los mexicanos, a una violación sostenida de los derechos individuales, a fortalecer a las organizaciones del narcotráfico y a hundir al país en un escenario de descomposición institucional cada mayor, de lo cual el poder público es responsable fundamental. El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública propias del ministerio público y de la policía, ha entrañado a su vez un debilitamiento del papel institucional del Ejército y de la Armada, que han sufrido un proceso interno de crisis que debe detenerse.
La involución que México experimenta por el designio de una minoría, ha desmantelado al país, debilitado al Estado y atentando contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los gobiernos neoliberales representan un profundo agravio a la Nación.
El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se da como tarea fundamental, revertir la destrucción nacional en todos los órdenes. Reconstruir las bases morales del país, a partir de la regeneración del tejido social y de la capacidad organizada de los ciudadanos para cambiar la vida política, económica, social y cultural de México.
Cuadernillo: Curso de Capacitación de Estructura Electoral y Defensa del Voto. Primera estapa. Octubre 2011
MORENA tiene su 1er mes de gestación después de ser Asociación. A pisarle acelerador!
La Revolución de Independencia estableció los fundamentes de México como una nación libre y soberana. La constitución de Apatzingán de 1814, fue la primera en reconocer la soberanía popular y los derechos de los ciudadanos (entre ellos e derecho a la felicidad). La Constitución de 1824 promovió los derechos del hombre y un régimen republicano y federal. En 1854, la Revolución de Ayutla condujo a la Reforma, que subordinó al clero y a la milicia- los dos grandes poderes oligárquicos- al Estado mexicano. La Revolución Mexicana inició en 1910 como un movimiento por el sufragio efectivo y logró el reconocimiento de los derechos sociales del pueblo a la tierra, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a la educación pública laica y gratuita y a las garantías laborales, así como a muchos otros derechos colectivos fundamentales.
Los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX enfrentaron al régimen autoritario del PRI y han sido clave en nuestra democracia.
Hacia varias décadas, México extravió el rumbo de un desarrollo que tenía como fin el bienestar de las mayorías y el fortalecimiento de la nación. Gran parte de las conquistas alcanzadas por los mexicanos, han sido anuladas por los últimos gobiernos del PRI y del PAN. Se impusieron políticas públicas para el beneficio de unos cuantos; esa minoría se apropió del poder político y económico, lo que causó la ruptura del Pacto Social y el empobrecimiento de las mayorías.
En consecuencia, el Movimiento es una respuesta social y política del pueblo para revertir el deterioro que hunde al país en todos los órdenes. México demanda un cambio profundo. La propuesta de MORENA implica establecer una auténtica democracia, renovar la vida pública, transformar el orden social injustos y restaurar la legalidad constitucional para rescatar a la Nación.
Urge un cambio en las instituciones políticas, económicas y sociales. El camino para lograrlo es organizarnos para hacer valer nuestros derechos que, a pesar de estar consignados en la Constitución, son violentados impunemente desde el poder.
Los derechos individuales son atropellados. Los colectivos y sociales son prácticamente inexistentes porque el Estado abandonó sus responsabilidades sociales: la educación pública se ha ido privatizando en todos los niveles; el sistema de salud y de seguridad social está siendo destruidos con el desmantelamiento deliberado del IMSS y el ISSTE; ya no se garantiza el derecho a la vivienda; los derechos de los trabajadores, consignados en el artículo 123, no se respetan; ahora se busca eliminar el derecho a un salario mínimo remunerador, a la jornada máxima de trabajo, a la libre sindicalización, a contar con un contrato colectivo del trabajo y el derecho de huelga.
El campo está en ruinas. Cada año, decenas de miles de campesinos mexicanos se ven obligados por la miseria a huir al otro lado de la frontera norte en busca de las oportunidades que su país les niega. Se intenta acabar con las formas tradicionales de tenencia de la tierra, cancelar el sistema de crédito para los campesinos y favorecer a grandes agro-industrias trasnacionales.
Los recursos estratégicos de la nación han sido entregados a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Se transgreden los principios constitucionales y nuestro desarrollo independiente, lo mismo en materia de petróleo e hidrocarburos, que de los minerales y la electricidad.
La banca y el crédito pasaron, casi en su totalidad, a mano de consorcios multinacionales. Los bancos dejaron de financiar el desarrollo de México y de preservar los derechos económicos de los mexicanos.
Los medios de comunicación, lejos de beneficiar a la comunidad con información veraz, contribuir a la educación de los mexicanos y elevar el nivel cultural del pueblo, promueven la desinformación y el envilecimiento de la sociedad. En vez de actuar como factores de democratización, se convirtieron en monopolios al servicio de una elite nacional y extranjera.
La legitimidad de las instituciones políticas está en cuestión y simulamos tener una vida democrática. La división de poderes no funciona. El Poder Ejecutivo federal está cada vez más distantes de las demandas populares y no defiende los derechos básicos de los mexicanos. Está sometido a intereses económicos particulares.
El poder Legislativo está sujeto al grupo oligárquico, dueño del aparato mediático que les sirve para imponerse. El Poder Judicial está condicionado por la existencia de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que muchas veces actúa no conforme a derecho, sino en función de intereses particulares. La corrupción reinante asfixia la vida de los ciudadanos y cancela un verdadero estado de derecho.
La democratización política real sigue pendiente, entrampada en una red de intereses creados que utilizan nuevas y viejas formas de corrupción electoral, dando como resultado la ilegitimidad de las autoridades bajo este sistema. Las luchas ciudadanas contra el autoritarismo del PRI alcanzaron un punto de quiebre en las elecciones presidenciales de 1988.
El fraude electoral del 2006 impuso un gobierno de facto, violó el orden constitucional y agravió profundamente a millones de mexicanos. Este fraude no se hizo contra un candidato, sino contra el pueblo. La ilegitimidad del gobierno puso en cuestión al sistema político entero.
El federalismo, diseñado desde la Constitución de 1824, que supone la existencia de estados libres y autónomos, ha funcionado bajo criterios centralistas, desde el manejo de sus recursos hasta la seguridad pública.
Sin embargo, frente al deterioro del poder central, los gobernadores ejercen un poder absoluto y se han convertido en señores feudales de sus estados. Imponen a sus allegados en el poder judicial, en el legislativo, controlan los medios de comunicación y se comportan como caciques. Pero no garantizan la seguridad de los ciudadanos y ni su bienestar.
Históricamente relegados, los municipios, sobre todo los más pequeños, padecen una miseria económica, consecuencia del centralismo fiscal y del funcionamiento vertical del poder político de México. Cada vez son más vulnerables a las ingerencias de los gobiernos locales y del federal.
El problema de la inseguridad y la violencia se ha extendido a casi todo el territorio nacional, como resultado de políticas aplicadas al margen de la legalidad constitucional, impulsadas por los gobierno priistas y panistas. Se ha cancelado el futuro de millones de mexicano, en particular de los jóvenes a quienes se les niega las oportunidades de estudio y de trabajo.
La llamada "guerra contra el crimen organizado", en lugar de contribuir a la seguridad de los ciudadanos y debilitar las estructuras criminales, ha provocado la degradación de regiones enteras y destruye el tejido social; además de propiciar una creciente dependencia del exterior y hasta la intervención ilegal de agencias extranjeras en territorio mexicano.
La violencia ha conducido a una mayor inseguridad de los mexicanos, a una violación sostenida de los derechos individuales, a fortalecer a las organizaciones del narcotráfico y a hundir al país en un escenario de descomposición institucional cada mayor, de lo cual el poder público es responsable fundamental. El uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública propias del ministerio público y de la policía, ha entrañado a su vez un debilitamiento del papel institucional del Ejército y de la Armada, que han sufrido un proceso interno de crisis que debe detenerse.
La involución que México experimenta por el designio de una minoría, ha desmantelado al país, debilitado al Estado y atentando contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los gobiernos neoliberales representan un profundo agravio a la Nación.
El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se da como tarea fundamental, revertir la destrucción nacional en todos los órdenes. Reconstruir las bases morales del país, a partir de la regeneración del tejido social y de la capacidad organizada de los ciudadanos para cambiar la vida política, económica, social y cultural de México.
Cuadernillo: Curso de Capacitación de Estructura Electoral y Defensa del Voto. Primera estapa. Octubre 2011
MORENA tiene su 1er mes de gestación después de ser Asociación. A pisarle acelerador!
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