¿Elecciones federales o lavadora?

John Saxe-Fernández

Como una de las funciones esenciales de las instancias encargadas de la calificación de las elecciones es generar certidumbre y consenso postcomicial, ofreciendo la información de lo ocurrido para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evalúe si se apegaron o no al mandato constitucional y califique su validez o invalidez, llama la atención que Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral: 1) se sorprendió por la difusión del Informe Circunstanciado que el IFE presentó al TEPJF ¿por su inadmisible retórica, parcialidad y asumir un papel que no le corresponde?, y 2) que reaccionara como incondicional del PRI, primero medio ofendido y luego burlón, ante la solicitud formal y respetuosa de los integrantes del Movimiento Progresista –PRD, PT y MC– y del PAN para que se agilicen las indagaciones ante el Iguazú de dineros que inundó la campaña del PRI, a fin de que sean presentadas antes de la calificación, y el TEPJF cuente con elementos, ahora esenciales, para dar curso a su función. Su respuesta de que el IFE no es rehén de nadie y que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene hasta enero (2013) para resolver sobre el caso, induce lágrimas de risa por su inmadurez, y de llanto por la frivolidad y laxitud ante un panorama (y normatividad) nacional e internacional complejo, que además de lo electoral, ya incluye una institucionalidad penal y de seguridad por el presunto origen ilegal y uso de las elecciones federales mexicanas para el lavado de narcodólares. De ahí la importancia de ventilar el involucramiento de la alta narcofinanza en estos tejes y manejes (HSBC y su sucursal en México, entre otros).

La mencionada petición ante el IFE de fuerzas políticas que representan dos terceras partes del electorado, obedece a que, según Jesús Zambrano y Gustavo Madero, presidentes del PRD y del PAN respectivamente, cada día hay más evidencias, fuertes y contundentes, del manejo ilegal de recursos a través del Banco Monex durante la campaña del PRI, por lo que el IFE y la Fepade deben ofrecer al TEPJF los datos sobre abundantes impugnaciones (que cubren un amplio espectro), con énfasis en el rebase de los topes de gasto de campaña, la compra y coacción del voto y el presunto origen ilícito de fondos por parte del PRI. Desde el 8 de febrero AMLO propuso 12 medidas para prevenir la compra y coacción del voto, pero esa iniciativa, recordó Jaime Cárdenas, fue contestada por el IFE tres meses y medio después, rechazándola con desdén porque esos asuntos corresponden a la Fepade.

La respuesta de Leonardo Valdés Zurita más que una burla parece una movida legaloide, con el mensaje de que aquí ganan las trampas. ¿Acaso se intenta alentar la explosividad socio-política e inducir un clima de violencia, planteando a la opinión pública, y en especial a una juventud movilizada contra la manipulación mediática, que para la imposición de EPN se recurrirá a la asfixia del cauce legal, para que las graves y generalizadas violaciones no se presenten antes sino a toro pasado, luego de que el TEPJF emita su sentencia?

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