Enrique Peña Nieto se formó en una escuela de corrupción que promueve el nepotismo y favorece los intereses oligárquicos, sostiene el presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarría Sánchez. Según el especialista, quien afirma haber estado preso por denunciar los presuntos malos manejos del próximo presidente de México, el llamado Golden Boy se dedicó a favorecer a grandes empresas, como Grupo Carso y OHL, entre otras, y a otorgarles jugosos contratos de obra pública.
TOLUCA, MÉX. (Proceso).- El presidente electo Enrique Peña Nieto “es hoy el personaje más representativo de la corrupción y el nepotismo que durante décadas ha ejercido la oligarquía que controla al Estado de México”, asegura Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México.
Y agrega: “Peña Nieto fue educado en la escuela de la corrupción. De ahí salió. Y se le preparó para que la oligarquía priista a la que pertenece haga negocios desde los puestos de gobierno. ¡Gobernar para lucrar! Ese fue realmente su ideario siendo gobernador del Estado de México. Imagíneselo ahora como presidente de la República”.
–¿Cree usted que asumirá la misma actitud?
–Es lo más probable, pues el chamaco no sabe hacer otra cosa. Es casi seguro que repetirá, a nivel federal, su mismo esquema oligárquico, corrupto y represor. A través de él, el pequeño grupo que lo rodea asumirá el poder. Peña Nieto es un verdadero riesgo para México. Nos espera un futuro muy negro.
–¿Hay algo que se pueda hacer a estas alturas?
–Por lo pronto, urge crear una comisión investigadora para que revise todas las corruptelas y atropellos que cometió durante su gobierno en el Estado de México, así como los contratos multimillonarios que en obra pública les otorgó a sus amigos. Debe ser una comisión independiente, sobre todo que no tenga vínculos con el PRI. Los mexicanos tenemos derecho a saber qué clase de político nos va a gobernar.
A través de su Colegio de Urbanistas, desde hace varios años Chavarría ha venido denunciando los actos de corrupción presuntamente cometidos por el llamado Grupo Atlacomulco y por Peña Nieto. También ha defendido legalmente a campesinos, ejidatarios y colonos afectados por ese grupo. Esta oposición a la clase política mexiquense provocó que sufriera hostigamientos e incluso que fuera encarcelado.
“Conozco muy bien las artimañas a las que recurre el Grupo Atlacomulco para hacer negocios y perpetuarse en el poder. He analizado los contratos multimillonarios que le da el gobierno del estado. Aquí tengo documentado cada caso”, dice Chavarría, mientras señala los archivos colocados en las estanterías de su amplio despacho y las carpetas dispuestas sobre la mesa circular ante la que está sentado.
–¿A cuáles empresarios favoreció Peña Nieto durante su gobierno?
–A un pequeño grupo de magnates en el que están Juan Armando Hinojosa Cantú, Carlos Hank Rhon, Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña, la familia Azcárraga y la empresa española OHL, que en la entidad hace grandes obras viales en sociedad con el Grupo Atlacomulco. Todos ellos forman parte de esa oligarquía corrupta que le mencionaba y que seguirá siendo beneficiada con Peña Nieto en la Presidencia de la República; de eso no tengo la menor duda.
“Por ejemplo, el empresario norteño Hinojosa Cantú comenzó a encumbrarse durante el gobierno de Arturo Montiel, cuando se le empezaron a dar en construcción edificios públicos y urbanizaciones importantes, dejando excluidos a constructores mexiquenses medianos y pequeños.
“Rápidamente creó un grupo de empresas dedicadas a la construcción y a la urbanización, entre ellas Teya y el Grupo Higa. Son compañías que se formaron de la noche a la mañana para obtener concesiones multimillonarias del gobierno. Han construido hospitales, carreteras, puentes y varias obras más.”
–¿Y qué hay de irregular en eso?
–Son obras que generalmente se otorgan a discreción, incrementan sus costos originales, no respetan los usos de suelo, atropellan los derechos de terceros… en fin, son obras infladas que violan sistemáticamente la Ley de Obra Pública del Estado de México. Están proyectadas para enriquecer al grupo político empresarial al que pertenece Peña Nieto.
“Ejemplifico: Cuando el joven Peña Nieto era todavía secretario de Administración en el gobierno de su tío Arturo Montiel, éste mandó construir un enorme centro médico de alta especialidad; fue una construcción faraónica que Montiel utilizó como modelo en sus aspiraciones presidenciales. De manera ilegal la construcción se la otorgó a un consorcio encabezado por Hinojosa Cantú. Ese hospital terminó costando tres veces más de lo proyectado. Y se levantó en una zona de Metepec cuyo uso de suelo es incompatible con la obra.
“En su desbordada megalomanía el gobernador todavía tuvo el descaro de bautizarlo con su nombre: Centro Médico Arturo Montiel, lo cual también es ilegal. Y colocó a Peña Nieto como presidente del consejo de administración del hospital. Yo protesté porque desde el inicio esa obra violó toda la normatividad. Pedía que se explicara por qué se encareció tanto la construcción y por qué se otorgó de manera selectiva.”
–¿Y qué respuesta obtuvo de Montiel y de Peña Nieto?
–La única respuesta fue la represión. Primero me demandaron acusándome de difamador. Yo pedía un careo con Peña Nieto. Pero no lo dejaron confrontarse conmigo. Protegieron a su golden boy porque sabían que él no tenía argumentos. Para acallar mis críticas, en 2002 me metieron preso en la cárcel de Almoloya de Juárez. Padecí de esa manera tan brutal el abuso del poder. Pero un juez federal me exoneró, determinando que fui arrestado por un acto doloso del gobierno del estado.
“Obviamente Peña Nieto estuvo detrás de mi encarcelamiento. Su tío Montiel, aparte de ponerlo como administrador de su gobierno, ya lo estaba adiestrando en los negocios ilícitos, la corrupción y el uso del garrote, que luego ejecutaría muy bien ya siendo gobernador con la represión en San Salvador Atenco. De modo que la construcción del Centro Médico Arturo Montiel ilustra muy bien el favoritismo hacia ese grupo de empresarios.”
–¿Y de qué manera Peña Nieto favoreció a Carlos Hank Rhon?
–Bueno, por ser hijo del profesor Carlos Hank González, una de las figuras emblemáticas del Grupo Atlacomulco, Hank Rhon ha gozado siempre de muchos privilegios. Su banco Interacciones es la afianzadora del gobierno del estado. Además Hank realiza importante obra gubernamental a través de dos de sus empresas, La Nacional y La Peninsular.
“Una de las obras actuales más importantes se le entregó precisamente a Hank Rhon; la moderna autopista que corre de Lerma a Tres Marías, por lo que en ese punto se conecta con la autopista México-Cuernavaca. Es una carretera de peaje de aproximadamente 67 kilómetros y cuyo costo se calcula en unos 2 mil 600 millones de pesos. La obra se inició en la época de Montiel y continúo durante todo el gobierno de Peña Nieto.”
Negocios con Televisa
Respecto a Carlos Slim, Chavarría señala que también tiene ligas con el Grupo Atlacomulco, ya que a sus empresas Grupo Carso y La Ideal también se les ha dado obra importante, como el libramiento nororiente de Toluca.
Otro empresario consentido es Olegario Vázquez Raña, quien a través de su constructora Prodemex –dice Chavarría– hizo la avenida Las Torres, de más de 20 kilómetros, en Toluca. “Por esta sola avenida, los mexiquenses le estamos pagando a Olegario 250 millones de pesos anuales durante 20 años”, comenta.
Y señala que además a Vázquez Raña se le otorgó la concesión para darle mantenimiento a 70 vialidades en el Estado de México, entre las que se encuentran importantes avenidas como el Paseo Tollocan, la avenida Gustavo Baz y la López Portillo.
Comenta que la relación de Peña Nieto con la familia Azcárraga no consiste sólo en los contratos publicitarios del priista con Televisa para impulsar su imagen. “No. Hay otros negocios de por medio. Por ejemplo, el suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht, es un poderosísimo empresario a quien se le dio manga ancha para realizar jugosos negocios inmobiliarios en Huixquilucan”, dice.
Pero sin duda –agrega– es a la empresa española OHL a la que “se le han otorgado las grandes superobras de Peña Nieto”: construyó el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), el Aeropuerto Internacional de Toluca y levanta ahora el Viaducto Bicentenario, el tramo del Periférico conocido como el “segundo piso” que corre de Cuatro Caminos a Cuautitlán.
Acota Chavarría: “No es fortuito que el presidente de OHL-México sea José Andrés de Oteyza, quien fuera secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el sexenio de José López Portillo. En ese tiempo Oteyza era el enlace de la Presidencia con el Grupo Atlacomulco. Desde entonces ha mantenido por su cuenta esas buenas relaciones, al grado de que cristalizaron en negocios con Peña Nieto.
“Sin embargo, las obras de OHL le han provocado muchos estragos a los ejidos, comunidades y poblados por donde pasan. No se han dado todas las indemnizaciones. Y las pocas que se han otorgado son de burla. Muchos campesinos y ejidatarios fueron despojados de sus tierras. Algunos levantaron denuncias contra la empresa y contra Peña Nieto. Los litigios continúan.”
Como gobernador del Estado de México, Peña Nieto no se cansó de pregonar que el CEM era la obra carretera más importante del país y la utilizó para afianzar su carrera a la Presidencia. Pero la construyó de manera arbitraria. Esa ancha cinta asfáltica, que circunda a una parte de la Ciudad de México, se tendió sin haberse llevado los procesos expropiatorios con los ejidos que cercenó, como los de Tultepec, Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo, Jaltengo y Nextlalpan, entre otros.
Además la autopista de Peña Nieto, bordeada con vallas metálicas y altos taludes, también incomunicó a grandes centros de población, como Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Texcoco y Tultepec. Hubo movimientos de resistencia civil de pobladores y alcaldes que vieron mutilado su territorio.
Los inconformes señalan que el CEM –de 113 kilómetros y cuyo costo fue de 24 mil millones de pesos– no era ni siquiera de utilidad pública, sino más bien un “negocio privado” que Peña Nieto entregó en concesión a OHL para que lo explotara durante 40 años, cobrando actualmente a cada automovilista dos pesos por kilómetro recorrido (Proceso 1802).
Despojo a ejidatarios
El Aeropuerto Internacional de Toluca también representa un redituable negocio para OHL y el Grupo Atlacomulco, ya que lo tienen en concesión por 99 años, a partir de 2005. Chavarría detalla que, formalmente, OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno estatal y el resto lo detenta el federal.
Y menciona otros negocios que giran alrededor del aeropuerto: la concesión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.
“El de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con mucha demanda, ya que recibe tráfico aéreo que antes captaba el de la Ciudad de México. Es en los hechos una terminal alterna.
“El proyecto del Grupo Atlacomulco es que en 20 años el aeropuerto de Toluca tenga la misma capacidad de vuelos que el de la Ciudad de México”, dice Chavarría.
Por ello el gobierno de Peña Nieto proyectó ampliar el área del aeropuerto a 400 hectáreas más, que poco a poco empezó a tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, ubicado en el costado oriente de la terminal aérea.
El gobierno empezó por cortarles la luz y el agua a los ejidatarios para orillarlos a salir. Luego comenzó a presionarlos para que vendieran sus parcelas, utilizando incluso amenazas de muerte. Algunos prefirieron malbaratar su patrimonio, vendiendo a 400 pesos el metro cuadrado, siendo que ahí el valor del suelo ya es de 18 mil pesos el metro cuadrado.
Pero otros ejidatarios no se dejaron amedrentar e interpusieron, en septiembre de 2009, asesorados por el Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, una demanda contra Peña Nieto y algunos de sus funcionarios implicados en el despojo a mansalva. En respuesta el director del aeropuerto, Alexandro Argudín, llegó incluso a amenazar a los ejidatarios, advirtiéndoles que si no vendían, entonces el gobierno les expropiaría sus tierras (Proceso 1816).
“El conflicto continúa. El Grupo Atlacomulco y OHL siguen empecinados en apoderarse del ejido de San Pedro Totoltepec. Nosotros seguiremos luchando, aunque la tendremos más difícil con Peña Nieto en Los Pinos”, dice Chavarría.
Indica que otro gran negocio del gobierno peñista fue la construcción de las llamadas Ciudades Bicentenario, “grandes centros urbanos que empezaron a levantarse en seis municipios –Atlacomulco, Almoloya de Juárez, Huehuetoca, Jilotepec, Tecamac y Zumpango– para que las empresas constructoras hicieran miles y miles de diminutas viviendas de interés social –de 30 a 60 metros cuadrados–. Lo mismo, para que las grandes tiendas departamentales se instalaran ahí y tuvieran consumidores cautivos. Y las industrias, que ahí se proyecta construir, mano de obra barata”.
Hasta el momento, añade, esas ciudades diseñadas para hacer negocio con los pobres han resultado un fracaso, pues no cuentan con vialidades, transporte ni seguridad adecuada; ni siquiera fuentes de empleo, como se proyectó. Sólo están provocando un “desastre ecológico” y un “caos total”.
Y agrega: “Peña Nieto se caracterizó por concesionar obra pública por todos lados para dar una falsa impresión de progreso y así impulsar sus aspiraciones presidenciales. Esas obras se las otorgó arbitrariamente a sus allegados de la iniciativa privada, mediante el peligroso esquema denominado Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), que consiste en decir: ‘Tú, empresario, haces la obra, la explotas en concesión por 20 años, durante ese tiempo haces un gran negocio cobrado intereses, y luego se la entregas al estado’.
“En realidad los PPS son un esquema de endeudamiento para la población, la que finalmente deberá pagar los costos y los altos intereses durante muchos años. Es lo mismo que pagar un crédito bancario. Los PPS que otorgó Peña Nieto –en carreteras, hospitales, escuelas, etcétera– tuvieron un plazo promedio de 20 años. Por lo tanto, les heredó una cuantiosa deuda a las cuatro administraciones estatales posteriores a la suya. El pueblo tendrá que pagarla.”
Pone como ejemplo el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, cuyo costo fue de 800 millones de pesos, pero finalmente costará 5 mil 146 millones, ya que Peña Nieto financió a 23 años la obra. Cada año deberán pagarse 300 millones de pesos.
O el Centro Cultural Oriente de Texcoco, que costó 700 millones de pesos, pero se pagarán 4 mil 536 millones, pues se financió a 21 años, con pagos anuales de 180 millones de pesos.
Y así están muchas otras obras.
Por otra parte, Chavarría alerta sobre la “fuerte cultura del nepotismo” en que abrevó Peña Nieto:
“Él es un auténtico producto del nepotismo; se crió en ese caldo de cultivo. Su tío Arturo Montiel le dio un alto puesto en su gobierno para después heredarle la gubernatura. Y ya como gobernador y sin empacho Peña Nieto repitió el esquema al repartir entre su parentela los cargos de gobierno, violando el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México, que prohíbe esas prácticas.”
Detalla que, siendo gobernador, Peña Nieto le dio a su primo Alfredo del Mazo Maza la Secretaría de Turismo. A su tía Marcela Velasco González la nombró secretaria de Desarrollo Urbano. A su prima Carolina Monroy del Mazo la hizo encargada de Radio y Televisión Mexiquense y luego la nombró secretaria de Desarrollo Económico. A su primo Gustavo Cárdenas Monroy lo designó secretario del Medio Ambiente. A su tío el exgobernador Alfredo del Mazo González lo hizo presidente del Consejo Mexiquense de Infraestructura. A su primo Ernesto Monroy Yurrieta le dio la Subsecretaría de Educación. A su tío Arturo Lugo Peña lo hizo subsecretario de Vialidad de la Secretaría de Comunicaciones.
Chavarría recalca: “¡Pura corrupción y nepotismo! Toda la trayectoria política de Peña Nieto está marcada por esas dos prácticas”.
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