- Señala que el TEPJF lapidó los principios constitucionales al no profundizar su actuación
- Demandan que la PGR realice investigación penal ante las omisiones de esos funcionarios
Rafael Barajas –El Fisgón–, Carlos Pellicer, Jesús González
Schmal, Bernardo Bátiz, Héctor Vasconcelos y Abel Barrera Hernández,
durante la presentación del fallo del Tribunal Electoral PopularFoto Yazmín Ortega Cortés
Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 10
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 10
Las omisiones y la pasividad de los consejeros del
Instituto Federal Electoral (IFE) incidieron en el desarrollo de los
comicios de 2012, y la actuación de los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lapidó los
principios constitucionales, al negarse a ver más allá de las pruebas
para valorar los indicios de irregularidades del proceso, por lo cual
son sujetos de juicio político en el Congreso, así como de una
investigación penal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así lo resolvió el Tribunal Electoral Popular (TEP), constituido por ciudadanos que
no estamos dispuestos a hacer como si no pasara nada y quedarnos cruzados de brazoscuando las autoridades no cumplen con su deber.
Órgano de acusación
El organismo –que durante una semana recibió y analizó
las pruebas presentadas por ciudadanos y organizaciones civiles en torno
a las anomalías reportadas antes y durante los comicios federales del
pasado primero de julio– emitió ayer su fallo, el cual fue dado a
conocer por el abogado Jesús González Schmal.
Indicó que los miembros del TEP promoverán entre legisladores de
izquierda que adopten como propia esa resolución y promuevan ante la
Cámara de Diputados las acusaciones contra consejeros y magistrados
electorales, con el fin de que esa instancia legislativa se constituya
como órgano de acusación para determinar las responsabilidades y
sanciones correspondientes. Luego, la resolución se turnará al Senado,
en su carácter de jurado de sentencia.
Respecto de la denuncia penal, el fallo del Tribunal Electoral
Popular se llevará ante la PGR, con el fin de que se tome como denuncia
de hechos y con el acervo probatorio que ya existe en el IFE y el TEPJF
se abra la averiguación previa.
La procuraduría, dijo González Schmal, deberá cumplir su obligación
de procurar justicia y defender la vigencia plena del derecho y el orden
constitucional.
A la lectura de la sentencia del TEP –presentada en el Club de
Periodistas anoche– asistieron, además de González Schmal, Bernardo
Bátiz, Héctor Vasconcelos, Abel Barrera, Carlos Pellicer y Rafael
Barajas, El Fisgón, en representación del organismo en el que
también participan Elena Poniatowska, Enrique Semo, Jesús Martín del
Campo, Virgilio Caballero, Magdalena Gómez y Jorge Eduardo Navarrete.
El documento de 19 páginas da cuenta de la actuación
lenta y pasivade los consejeros del IFE al hacer caso omiso de la solicitud hecha en enero de 2012 por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Progresista, con el fin de que el instituto adoptara medidas que garantizaran la equidad.
El IFE contestó más de cuatro meses después, sólo para desestimar los
riesgos que advertía el candidato de la izquierda de que hubiera
adquisición indebida de espacios en medios de comunicación por parte de
terceros, partidos, precandidatos y candidatos.
Tampoco reconoció la necesidad de adoptar medidas para evitar la
compra y coacción del voto, ni para llevar un control efectivo sobre la
contabilidad y registro de los bienes que como propaganda se distribuían
en las campañas.
De igual forma, rechazó la realización de auditorías durante la
campaña sobre los recursos de los partidos políticos, con el fin de
verificar su origen y destino.
En tanto, los magistrados del TEPJF dejaron de ejercer su facultad de órgano supremo y con eso aportaron
el dato para la historia negra de México, señaló González Schmal.
Aunque el TEPJF tenía la facultad constitucional para investigar las denuncias,
nunca hizo un esfuerzo por abrir los ojos y ver más allá de las pruebaspresentadas.
No hicieron el esfuerzo de hacer lo que hace todo juez: buscar la verdad infiriéndola de lo que se conoce.
En lugar de eso, resolvió que la coalición Movimiento Progresista,
que reclamó la nulidad de los comicios, no presentó las pruebas de la
adquisición encubierta de publicidad en medios de comunicación en favor
de la imagen de Enrique Peña Nieto, del uso indebido de las encuestas
como forma de propaganda electoral y del financiamiento encubierto por
conducto de Banco Monex, así como del uso de recursos para la compra de
voto mediante tarjetas de las tiendas Soriana, entre otras anomalías.
Consejeros y magistrados juraron guardar y hacer guardar la
Constitución y no lo hicieron, por lo cual la nación los demanda,
concluye la sentencia.
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