Comunicado del EPR

Queridos hermanos: el Comité de Enlace Latinoamericano
y Caribeño "Por la Unidad y la Soberanía de Nuestra
América" pone a su consideración la siguiente información:

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COMUNICADO PDPR-EPR
Enviado:lunes, 23 de junio de 2008 09:28:08 p.m.

A QUIEN CORRESPONDA

Por este conducto enviamos el presente comunicado, apelando a la
solidaridad para que el mismo sea conocido tanto por la Comisión de
Mediación como la opinión pública.

De antemano agradecemos la atención prestada y nos despedimos
fraternalmente.

A LA COMISION DE MEDIACION

Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios
Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas,
Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García.

PRESENTES

Agradecemos sinceramente el esfuerzo y el valor de la comisión de
mediación ante personeros del gobierno que tienen muy poco oficio
político y que buscan dejar correr el tiempo para encubrir la
atrocidad de la desaparición forzada, delito de lesa humanidad.
La sistematización que la comisión ha realizado de las acciones
jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos-
desaparecidos, confirman que están haciendo lo necesario para exigir
la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, aunque el resultado es hasta el momento el
mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de
los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos
priístas en la negra noche conocida como "Guerra sucia", ya que se
enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las
autoridades que niegan de facto la existencia de del delito de
desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de
justicia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha brillado por su
ausencia, confirmando que ésta juega más un papel de remozamiento del
sistema político convirtiéndose en cómplice de las diferentes
instituciones del gobierno mexicano, que una institución que
realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos
humanos que el Estado comete.

En efecto, son valerosas y legales las resoluciones judiciales que
los jueces ordenaron para la presentación de nuestros compañeros
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Tiene razón la Comisión de mediación en agradecer la cobertura que
han brindado los medios, nosotros también lo agradecemos esperando
que den continuidad a la difusión de estos escritos para que la
opinión pública se informe de una manera real y objetiva del
desarrollo de su valiosa gestión que representa un gran aliento y
rompe con la parálisis que provoca el terrorismo de Estado en las
familias que se enfrentan a las desapariciones forzadas.

Consideramos que un punto clave en la investigación sobre la
detención-desaparición de nuestros compañeros lo constituye la
desaparición del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de
Oaxaca, el cual también debe ser presentado con vida, cuya familia ha
sido amenazada de muerte por autoridades de Oaxaca por reclamar o
mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero.
Solicitamos a la comisión de mediación que se indague qué función
tienen o han tenido los domicilios denunciados por nuestro partido a
través de la revista Proceso, por constituir otro punto clave, ya que
uno de ellos podría estar siendo utilizado para tener cautivos a
luchadores sociales.

Confirmamos que el único contacto entre la Comisión y nuestro partido
son los medios de comunicación, razón por la cual le pedimos a estos
la cobertura necesaria, porque la lucha actual por la presentación
con vida y en libertad de nuestros compañeros y los demás detenidos-
desaparecidos tiene que ver con la justicia y la paz social que en
estos momentos requiere nuestro país.

El gobierno mexicano debe concretar ¡ya!, dando a conocer los
alcances de la investigación y la solución de este grave problema,
ofreciendo muestras claras de buena voluntad, respondiendo
inmediatamente a los planteamientos de la Comisión de mediación que
avalamos plenamente.

El delito de lesa humanidad, es imprescriptible, por tanto: ¡Seguimos
exigiendo la presentación con vida y en libertad de nuestros
compañeros! Ese es el único camino posible para remediar este crimen
de Estado.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA
DEL PAIS!

¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL

DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.

PDPR

COMANDANCIA GENERAL

DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CG-EPR

Año 44

Desde algún lugar de la República Mexicana, a 22 de junio de 2008.

EPR: DERROCHE DE VIOLENCIA DEL ESTADO CONTRA EL PUEBLO Y SUS ORGANIZACIONES

EPR reivindica la lucha armada y rechaza una rendición incondicional

■ Condena la postura gubernamental de imponer condiciones para emprender el diálogo
El EPR reivindica la lucha armada y rechaza una rendición incondicional
■ Critica que se dé a los miembros del grupo mediador el simple papel de "testigos presenciales"
Alonso Urrutia

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) condenó la postura gubernamental de imponer condiciones para un acercamiento y advirtió que no habrá "diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional".
En un comunicado censuró que se pretenda convertir a quienes convocó como mediadores entre las partes en "mudos testigos presenciales".
El EPR reivindica su papel de grupo guerrillero, pues "las armas y las acciones de autodefensa son y siguen siendo una medida política legítima ante el derroche de la violencia que viene del Estado contra el pueblo y sus organizaciones".
En este contexto, llamó a organizar e impulsar "la lucha por todos los medios y formas contra la privatización de Pemex".
En un extenso documento dirigido a defensores inependientes de los derechos humanos y a organizaciones sociales, políticas y revolucionarias, se descalifica el papel del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al cual se identifica como alguien que se "quiere presentar con ínfulas de político y estadista, investidura que no alcanza a cubrir por ser un empresario arribista que ha acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias".
Negación de la realidad
El EPR afirma que "sólo un esquizofrénico –mal recurrente de los panistas– puede negar la realidad que vive el país, donde prevalece la pobreza; hay un marco jurídico oligárquico; hay presos políticos y desapariciones forzadas, al mismo tiempo que prevalece una la represión selectiva y masiva".
El EPR señala que las amenazas y chantajes para "arrodillarnos o que capitulemos por las 'buenas' no detendrán la voluntad de combatir del pueblo". Subraya que hasta ahora el gobierno sólo ha ofrecido una tentativa de diálogo que va condicionado "con prepotencia y formateado con alevosía y ventaja, que enjuicia a priori".
Más adelante advierte que la pretensiones de esas amenazas –sustentadas en la "superioridad del Estado"– están condenadas al fracaso, porque sólo buscan la "paz de los sepulcros y las mazmorras de sus cárceles de exterminio".
En una parte medular de su comunicado el EPR destaca la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez a manos de los gobiernos federal y de Oaxaca.
Para los eperristas, la responsabilidad del Ejecutivo federal en estas desapariciones se da "por omisión o comisión", razón por la cual insisten en su denuncia de la redición de la guerra sucia por los gobiernos de "Ulises (Ruiz) y (Felipe) Calderón".
El EPR critica las descalificaciones que ha sufrido a manos del gobierno y sus "voncingleros" por los reclamos de presentar con vida de las desaparecidos, por lo que concluye que en realidad la violencia proviene del Estado.
Asimismo, cuestiona la "negación de facto" de la existencia de desaparecidos, porque en los hechos esto presupone la cancelación de una salida política al problema de las desapariciones forzadas.
Más adelante insiste en su demanda de liberación de los dos desaparecidos en una lógica de defensa de los derechos humanos, pero sostiene que "se equivocan, señores del gobierno y vocingleros del sistema, en sus juicios y sesudos análisis: no estamos pidiendo negociación alguna producto de debilidad o acorralamiento político, o porque sentimos pasos en la azotea ante el gran despliegue policiaco-militar".
Rechazo a amenazas
La petición de crear una comisión intermediadora, explica, obedecía a crear mínimos espacios legales "acotados por un Estado que todo criminaliza". Se trataba de buscar con la participación de esas personalidades la presentación con vida de los desaparecidos.
Sin embargo, añade, a esta iniciativa el gobierno respondió con amenazas, descalificaciones y estigmas, "por lo que en los hechos a la violencia institucionalizada contra los luchadores sociales se anexa más violencia estatal para tratar de imponer una salida policiaco-militar".
Posteriormente pone en duda la democracia que reivindica el gobierno federal, al señalar que no es concebible si se refiere "¿al asesinato de más de 600 perredistas en Guerrero? ¿A las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco y Agua Fría? ¿A las brutales represiones en Sicartsa o San Salvador Atenco? ¿Al estado de sitio en Oaxaca, que cobijó crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz? ¿A la militarización del país que anula de facto garantías individuales?"