El Grito del Pueblo

voz de los trabajadores

Aviso Certero
Mitín por la reinstalación de los despedidos injustificadamente por PEPSICO-GAMESA. 3ra Audiencia en la JFCyA
Jueves 8 de Mayo, 12 pm, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Av. Azcapotzalco No. 311, Barrio de Santo Tomás 2020 Azcapotzalco (muy cerca del Metro Ferrería)


Editorial
Los contratos de protección patronal son la expresión más cotidiana de la barbarie de la sociedad capitalista.
Cada trabajador despedido por oponerse a esta ignominia debe ser una bandera de lucha y unidad que no soltemos jamás.


Trabajo y Democracia

Gamesa y los contratos de protección patronal*

Por Erika Ramírez, Contralínea

El 90 por ciento de los contratos colectivos registrados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen de la Secretaría del Trabajo, son de protección patronal. Con ellos, las empresas tienen garantizada la "paz laboral" a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores, dicen especialistas.

Contratos a favor de las empresas

José Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México, informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)– critica la existencia de los CCPP, que representan el 90 por ciento de los contratos de colectivos de trabajo registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), es decir, unos 13 mil 500 contratos de protección de los 15 mil 581 existentes. El mismo porcentaje, calcula, es para cada una de las juntas locales de los estados del país.

Estos contratos, dice, acaparan el sector servicios (cines, bares y restaurantes), la industria farmacéutica y las trasnacionales. Además, "constituyen una práctica que afecta a la mayor parte de los trabajadores mexicanos, impide la democratización y la negociación colectiva y genera una simulación en el conjunto de instituciones del mundo laboral".

Bouzas Ortiz, especialista en temas laborales, explica que los contratos de protección están firmados por sindicatos pulcramente existentes, pero que en realidad no tienen representación de los trabajadores: "Son personas que se han hecho de una toma de nota y de la existencia formal de una organización sindical".

Los supuestos secretarios generales, dice el académico de la UNAM, "comercian con los empresarios, ofreciéndoles contratos colectivos a la carta, es decir, de acuerdo con los intereses de los empresarios, permiten la flexibilización plena, el despido injustificado de trabajadores, jornadas por hora, día o por tiempo determinado, etcétera".

Gamesa impone silencio

Hugo Ortega Vázquez fue despedido de la empresa Gamesa, donde trabajaba como "ayudante de amasador" –con un pago de 117.15 pesos diarios–, por exigir el pago doble del salario el 16 de septiembre, que en el artículo 74 de la Ley Federal del rabajo está estipulado que es de "descanso obligatorio". Su reclamo provocó que sus superiores lo hostigaran y aumentaran la carga de trabajo por casi dos meses. La molestia del jefe de Capital Humano de la empresa, Óscar González Gómez, llegó al límite y el 19 de noviembre del año pasado le espetó: "Estás despedido por el liderazgo negativo que tienes sobre los demás trabajadores, ensuciando sus cabezas con ideas subversivas", según marca la demanda laboral interpuesta por el extrabajador ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal.

Pese a que Hugo exigía lo que marca la ley, no hubo sindicato que lo respaldara, pues Gamesa también tiene firmado un contrato de protección con la CTM bajo el nombre de Sindicato Nacional de Obreros y Empleados de la Industria Alimenticia, sus Derivados, Similares y Conexos de la República Mexicana, firmado por Manuel Reyes Coria, como secretario general, y Gamesa.

Luis Bueno Rodríguez, presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), dice que "en el sindicalismo, las relaciones laborales y el mundo de trabajo no hay una transición a la democracia, porque el tipo de relaciones laborales forma parte de la poca transparencia que existe en su manejo y del uso de mecanismos autoritarios de control de los trabajadores".

El representante del CILAS e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, expone que los contratos de protección "comparten la idea de los modelos flexibilizadores cada vez más precarios del trabajo y la instrumentación de las reformas productivas que operan en el modelo globalizador".

Promotores de contratos de protección

Enrique Gómez, integrante de la dirección colegiada del Partido Obrero Socialista (POS), explica que además de las ganancias que han obtenido las grandes centrales obreras como la CTM y la CROC, otros, como el Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de Servicios de la República Mexicana, encabezado por Ramón Salvador Gámez Martínez, se han enriquecido al amparo de los CCPP. Gámez Martínez, conocido como el "zar de los contratos de protección", es uno de los que inició el "gran negocio", durante el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la administración de Carlos Salinas de Gortari, debido a su amistad con el fallecido Arsenio Farell Cubillas (secretario del Trabajo de 1982 a 1994).

El investigador de la UNAM Alfonso Bouzas Ortiz calcula que Gámez Martínez es dueño de más de 2 mil contratos colectivos en todo el país, que le generan ingresos mensuales millonarios y el control sobre el destino de más de 50 mil empleados, adscritos a 11 ramas de la industria y los servicios: aviación, petroquímica, puertos, telefonía celular, tiendas departamentales, servicios bancarios, laboratorios farmacéuticos, construcción, alimentos, hoteles, restaurantes, maquiladoras, entre otras.

Ramón Salvador Gámez fue acusado de pederastia en abril de 2005. Un año después, a escaso un mes de que le dictaran sentencia, el secretario encargado del juzgado 15 de lo penal lo exoneró "por falta de pruebas" aprovechando que la jueza responsable se encontraba de vacaciones. De acuerdo con la página de internet de la JFCA, hay 204 "contratos" registrados por el Sindicato Progresista Justo Sierra. Entre las empresas que los suscriben se encuentran: Cinemark, Sony Entretainment, Hewlett Packard, Daewoo, Banco Unión, Banca Cremi, Sabritas, Nike, entre otras.

(Ramón Salvador Gámez Martínez criminal sexual y mercenario sindical protegido por Cinemark, Sony Entretainment, Hewlett Packard, Daewoo, Banco Unión, Banca Cremi, Sabritas, Nike, entre otras)

* Fragmento de "En auge, los contratos de protección patronal", Contralínea, No. 101, 1ª quincea de mayo 2008.

Desde la Red Acción

1.- Gamesa en Lucha

http://gamesaenlucha.blogspot.com/

2.- Alto a los despidos y a la represión en Pepsico-Gamesa de México
(Documento Adjunto)

3.- En auge, los contratos de protección patronal
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/mayo/htm/auge-contratos-proteccion-personal.htm

4.- ¿Quién es Salvador Gámez Martínez?
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/501698.html


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