Mouriño, exoneración anticipada

Mouriño, exoneración anticipada
Como se preveía, la comisión creada el pasado 26 de marzo en la Cámara de Diputados para investigar los posibles delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, da visos de complicidad para ejecutar una exoneración anticipada.
Como parte de los trabajos de dicha comisión, creada a partir de que la reportera Ana Lilia Pérez publicara en esta revista los convenios y contratos para el transporte de hidrocarburos que Juan Camilo suscribió con Pemex Refinación, acudieron a San Lázaro el director general de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, y el abogado general de la petrolera, José Néstor García Reza, para explicar el proceso de adjudicación de convenios y contratos a Transportes Especializados Ivancar, empresa propiedad de la familia Mouriño Terrazo.
Allí, los legisladores Obdulio Ávila, Antonio Valladolid, Raúl Cervantes, Miguel Ángel Jiménez, Armando García y Xavier López Adame, de los partidos PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa, cumplieron el guión previamente armado para exonerar al bisoño secretario y centraron sus preguntas en los alcances jurídicos del convenio de Pemex Refinación con Canacar, sin entrar al fondo del asunto que es la violación a las leyes Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LFAASSP) y Federal de Responsabilidades del Sector Público (LFRSP).
En su artículo 8, la LFRSP obliga a cualquier dependencia del gobierno federal a abstenerse “de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Así, el pasado jueves, al mismo tiempo que en la “sede alterna” del Congreso, legisladores del PRI y PAN aprobaban las reformas a la LAASSP, que flexibiliza la contratación discrecional, pese a que los mismos diputados que aprobaron las reformas aseguraron que es el rubro que registra la mayor incidencia de actos de corrupción, en un edificio contiguo, en el salón de Protocolo, en una reunión que se prolongó durante más de tres horas, Ceballos Soberanis defendía la legalidad de los contratos otorgados a Ivancar. Con esto se institucionaliza la corrupción y se da rienda suelta a los servidores públicos para que hagan negocios al amparo del poder público.
“Quiero aclarar que yo no era director de Refinación cuando Mouriño firmó los contratos, pero puedo asegurar que son legales”, sentenció Ceballos ante diputados, cumpliendo así las instrucciones presidenciales para salvar a Mouriño y darle un pase a la impunidad. Flanqueado por José Néstor García Reza, abogado general de Pemex, quien aseguró también que los convenios y contratos que firmó Juan Camilo Mouriño son legales y que fueron en su momento avalados por la Oficina del Abogado General (OAG), entonces a cargo de José César Nava Vázquez, actual secretario privado de Felipe Calderón. Todo quedó en familia, como en los mejores tiempos de la corrupción priista, partido que defiende a Mouriño con la esperanza de volver al poder y dejar la puerta abierta de la corrupción.
El espaldarazo de García Reza para Ivancar tiene intereses particulares, primero porque al defender la legalidad de dichos contratos defiende a Nava, a quien le debe no sólo su ingreso al jurídico de Pemex, sino su recomendación para convertirse en abogado general.
En marzo pasado Contralínea publicó que el último beneficio que Pemex dio a Ivancar –con el visto bueno de la OAG- fue un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-CM/2005-2008, adjudicado originalmente por 39 millones 646 mil 477.27 pesos y con el aumento asciende a 7 millones 929 mil 295 pesos, otorgado el 7 de enero de 2008, una semana antes de que Calderón designara a Mouriño secretario de Gobernación, mediante el convenio modificatorio CTT-00142-CM-M/2005-2008.
En la comparecencia, Ceballos admitió que la adjudicación directa de los contratos con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga es más costosa que la licitación pública, pero defendió que la participación de Ivancar es “apenas del 0.5 por ciento, así que los contratos que recibió la empresa no son representativos”, según él.
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 1 de Mayo de 2008 | Año 6 | No. 101