¡A vuelo de águila!

Tribuna Campeche

Subdelegado del Issste, bajo la lupa

Eudaldo CHAVEZ MOLINA

Innegable es la corrupción y el tráfico de influencias en el Issste, que va del desvío de recursos y nepotismo hasta el manejo partidista de programas, y por tales irregularidades el subdelegado administrativo Rafael Pérez Gamboa, fue inhabilitado y cesado 30 días, luego por 10 años en que no podrá trabajar en el Gobierno Federal.
Según documentos de empleados de esa institución de salud la primera sanción ya fue cumplida, ahora falta que se ejecute los 10 de cese mencionado con antelación.
Al parecer gracias a la complicidad del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, protector de la impunidad del delegado José de Jesús Montejo Blanco y del propio Pérez Gamboa, no se había cumplido la inhabilitación dictaminada desde el 24 de marzo del 2006 como sanción administrativa.
Hace unos días la primera sanción se cumplió con la suspensión de 30 días contra el deshonesto servidor público, ahora falta hacer lo propio con la resolución del 13 de octubre del 2006, que inhabilita al subdelegado para ocupar cargo o empleo por un periodo de 10 años y fue emitida por la Secretaría de la Función Pública.
No se puede ocultar que los lazos de corrupción que unen al subdelegado y delegado con el actual secretario de Gobernación federal, han impedido que la acción de la justicia alcance a estos malos funcionarios del Issste, lo que ahonda la desconfianza de la ciudadanía en contra del Gobierno usurpado, sistema en donde unos a otros se protegen.
Hoy el subdelegado del Issste está bajo la lupa, pero si los empleados y derechohabientes empezaron a denunciar una serie de anomalías, como obras que nunca fueron ejecutadas, contratos con sobreprecios y justificación de irregularidades con el paso del huracán Isidoro, tuvieron que pasar tres años —fue desde el 2005— para que la primera sanción administrativa de suspensión por 30 días se cumpliera, y de nueva cuenta la innegable corrupción del Issste volviera a cobrar vigencia ante la complicidad de funcionarios involucrados, cuyos 10 años de inhabilitación, serían mínimos para resarcir en algo el daño patrimonial causado a la institución.
En estos días en que recientemente el subdelegado cumplió a medias su inhabilitación mínima, la confianza de la ciudadanía, de los derechohabientes y del personal al parecer raya en el optimismo de que los 10 años de inhabilitación se hagan efectivos para que no siga en el Issste, y la triangulación y manipulación de la justicia no sean obstáculo para aplicar un castigo ejemplar.
Los momentos difíciles y de convulsión política por la que aún atraviesa el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, no son el momento adecuado para que se dedique a proteger a funcionarios corruptos, pues él todavía no resuelve el delito de tráfico de influencias denunciado por el Frente Amplio Progresista, al adjudicarse contratos cuando era servidor público.
El secretario de la Función Pública de la Federación, Salvador Vega Castillas, tendrá que estar pendiente de este escandaloso caso de corrupción en el Issste ante las evidencias inocultables que se documentaron desde el 2005, solamente le queda aplicar la ley y así cumplir con su obligación de transparentar el uso del presupuesto que pagamos los mexicanos vía impuestos.
No hacerlo sería darle carta de impunidad por otros años y tirar al borde del abismo la encomiable tarea que asumió en la Secretaría de la Función Pública.
Los actos de impunidad y corrupción que ya son un estigma en contra de los gobiernos panistas, tienen que ser detenidos con la aplicación de la ley, y el caso documentado en contra del subdelegado del Issste es una oportunidad para demostrarle a los campechanos que nadie debe estar por encima de la ley.
Por tratarse de recursos federales los legisladores en el Congreso de la Unión deben intervenir para presionar al cumplimiento de la ley, además de solicitar un punto de acuerdo donde se abra una investigación a fondo a la administración del Issste, pues el saqueo desmedido que data del 2002 sigue galopante y puede ser que encuentren otras.
La opinión pública campechana espera la correcta aplicación de la justicia, porque si en estos días el subdelegado cumplió con su primera sanción de 30 días de inhabilitación, la segunda resolución por 10 años de “descanso” puede ser una forma de atenuar los desmanes de otros funcionarios.
Estaremos pendientes de la ejecución del castigo, los 10 años tienen que ser en forma efectiva, sin simulaciones y deslindado de todo credo religioso o político.
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