Asamblea Legislativa del DF pide liberar a presos políticos de Atenco

Con 18 votos en favor, 13 en contra y siete abstenciones, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó al Gobierno del Estado de México a liberar de manera inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos de los Pueblos de San Salvador Atenco y Texcoco.

A propuesta del diputado Tomás Pliego Calvo, se pidió que en lo subsiguiente se evite a toda costa y en todos los órdenes de gobierno criminalizar la lucha social “con penas desproporcionadas y facciosas”, mismas que contravienen el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la propuesta de punto de acuerdo, se señala que Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, fueron sentenciados a 112 años de prisión; Juan Carlos Estrada Romero, Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto, Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes y Julio César Espinoza Ramos, a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión.

En tribuna, el legislador Tomás Pliego aseguró que el proceso seguido en contra de estas personas ha presentado irregularidades, entre las que señaló un trato cruel, inhumano y degradante; allanamiento de sus moradas, incomunicación, tortura, abuso y violación sexual, además de que se atentó contra su derecho a la vida y a la seguridad jurídica y contra los derechos de menores detenidos.

Sostuvo que este punto de acuerdo tiene como objetivo central evidenciar que las sentencias impuestas tienen la intención de intimidar a todos los mexicanos y mexicanas que trabajan y luchan por cambios profundos en la sociedad. Resulta evidente, dijo, que las sentencias se emiten bajo consigna, ya que son un castigo a los luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional. “En esa lógica, las resoluciones judiciales constituyen agravios contra el pueblo de México y de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, afirmó.

Pliego Calvo resaltó que la liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco y Texcoco es un imperativo moral, ético, legal y de justicia, en tanto las penas impuestas representan un extravío jurídico total si se considera la naturaleza de las acusaciones imputadas: secuestro y ataques a las vías generales de comunicación.

En ese sentido, consideró que la inexistencia de lógica jurídica en las sentencias decretadas y su evidente desproporcionalidad son las razones fundamentales para que estas resoluciones judiciales sean suprimidas de manera inmediata. “Pareciera que las sentencias impuestas vienen a ser la culminación de un proceso político-judicial planeado desde las altas esferas del poder”.

En contra de la propuesta, los diputados del PRI, Jorge Schiaffino Isunza y Martín Olavarrieta Maldonado señalaron que entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa no se encuentra el hacer exhortos a gobiernos de otros estados, por lo que de aprobarse se trataría de una intromisión, además de que los procesos jurídicos en contra de los señalados no están en manos del gobierno mexiquense, sino del Poder Judicial del estado.

Se dijeron en favor de que no existan más presos políticos en el país, al tiempo que se pronunciaron porque se revise la situación de los miles de reos que se encuentran en las cárceles del Distrito Federal en espera de una sentencia justa.