¿Ministros timoratos o rehenes mediáticos?

Los más destacados constitucionalistas mexicanos-aun algunos reputados de reaccionarios- no han tenido el menor reparo para reconocer la obra del Congre¬so Constituyente de 1917 que, en apasionados debates, formuló la Carta política fundamental de México, primera en su fuerza y alcances de las generadas en el siglo XX que, han señalado esos especialistas, habría servido como paradigma constitucional a nue¬vas repúblicas que surgieron a lo largo de ese periodo.
Después del golpe de timón asestado por el presidente Ernesto Zedillo en diciembre de 1994 para reformar el Poder Judicial de la Federación y renovar la nómina de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de aquellos doctrinarios del Derecho recordó que en el Constituyente de Querétaro, en el que se hizo el más bravo esfuerzo por dotar al poder judicial de la más amplia in¬dependencia, el entonces diputado Hilario Medina declaró: “Así concibo yo a nuestros magistrados a través de todas nuestras miserias: inmóviles en su sitial, firmes en el cumplimiento de su deber, serenos y altos como el vuelo de las águilas”.
Firmes en el cumplimiento de su deber, son las palabras clave. En 1998, el pleno de la Corte dio carta de naturaleza a la desalmada usura en México, revistiéndola con el eufemismo de anatocismo: La monstruosa carga de intereses sobre intereses a deu¬dores insolventes. El único ministro que votó en contra fue don Juan Díaz Romero, maestro normalista de origen, quien recientemente, en el discurso de despedida de de su cargo por jubilación, sostuvo que la convivencia humana con visos de libertad y felicidad “sólo pue¬de lograrse mediante instituciones jurídicas y éticas”, la solución política de toda oposición o controversia, el desechamiento de la violencia, la no discriminación de grupos distintos y el respeto a los derechos humanos. En ese acto, sus homólogos rindieron homenaje a su congruencia, su humildad y su sencillez. Firme, pues, Díaz Romero, en el cumplimiento de su deber.
¿Fueron cumplidores de su deber los ministros que votaron por el anatocismo? ¿Los que se implicaron en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador? ¿El que consideró a su arbitrio que el artículo 97 constitucional que faculta a la Corte a investigar violaciones al voto electoral “está escrito con los pies”? ¿Los que dieron su voto por la Ley Televisa? ¿Los que dieron luz verde a la Ley Gordillo contra los trabajadores del Estado? ¿Los que exoneraron al gober precioso de Puebla, Mario Marín Torres, en el humillante caso de Lydia Cacho? ¿O los tres que recientemente consideraron inconstitucional la despenaliza¬ción del aborto, sustanciada en las reformas al Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal? No resulta cómodo hacer a priori juicios de valor sobre las razones que mueven el fuero interno de cada juzgador en cada causa judicial en las que, cada vez con más frecuencia, se observan ostensibles disidencias entre jueces a los que toca sentenciar un
mismo caso. ¿Responden estos jueces a su lealtad al texto y al espíritu de la ley o, cuando los distorsionan, sir¬ven a intereses que violentan su independencia? Desde que ministros de la Corte declararon hace unos meses la inconstitucionalidad de algunas cláusulas de la Ley Televisa, fue visible la ira de los concesionarios usufruc¬tuarios del monopolio electrónico, si bien la insidia la desviaron particularmente hacia algunos legisladores a los que se condenó al os¬tracismo de las pantallas.
Pero, la misma noche del pasado 27 de agosto en que ocho de once ministros declararon constitucio¬nal el proceso de despenaliza¬ción del aborto y reconocieron atribuciones de los congresos locales para dejar de tipificarlo como delito, en un batiburrillo televisivo de media noche uno de sus pro¬tagonistas sostuvo rotundamente, sin probanza alguna, que aquellos administradores de la ley obraron bajo presión de la televisión. Si las sesiones del pleno hubieran sido privadas o secretas, arguyeron otros, acaso el sentido de su voto hubiera sido distinto.
Los ministros aludidos die¬ron palo a la acción de incons¬titucionalidad promovida por el procu¬rador del presidente Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué fuerza política, económica o moral en México se atreve a desafiar al poder presidencial y a subyugar a los miembros de la Corte? Si es la de la televisión ¿qué fines legítimos movieron a los propietarios de éste espectro que pretenden detentar poderes mediáticos?
En última lectura, esa arrogancia de uno de los brazos monopólicos de los medios elec¬trónicos hace aparecer a los ministros como irresponsables timoratos que se dejan coac¬cionar por terceros que, de su lado, no abogan por las vías idóneas y abiertas por la recta aplicación de la ley. O peor aún: Esa prepotencia de quienes explotan un bien público intenta hacer creer que, de veras, se puede tomar en rehenes a los depositarios de los poderes constitucionales. Que esto ocurra cuando se acaba de firmar un Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad deja muy mal parados a sus gestores que permiten al cardenal de Roma Norberto Rivera Carrera acusar a la Corte de “convertir lo criminal en legal”.
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