México SA

Carlos Fernández-Vega

■ ¿No que el gobierno no tenía intención de privatizar Pemex?

■ Eduardo Zuno, ex cliente de Gómez Mont, libre y con notaría

Nunca ha sido muy ducha en eso de manejar el micrófono en público. Problema de ella, sin duda, pero sí es preocupante para la nación lo dicho el pasado lunes por la señora Georgina Kessel. Si se atiende su declaración, resulta que la Secretaría de Energía ha reconocido públicamente y sin sonrojarse que el gobierno de Felipe Calderón, en línea con sus cuatro predecesores, ha violado, viola la Constitución en materia petrolera.
Dijo la tímida señora Kessel que “alrededor de 70 por ciento de las actividades de Petróleos Mexicanos en exploración y producción ya las realizan otras empresas” (obvio es que de capital privado), y que lo único que procura la “reforma” recientemente aprobada por el Congreso es facilitar (erradicar el “esquema extremadamente rígido”) y ordenar un mayor acceso (al 30 por ciento restante) a los bienes de Pemex a quienes constitucionalmente están impedidos de meter las manos en la industria petrolera nacional.
Se trata pues, como bien lo señala el editorial de La Jornada (11 de noviembre) de “una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso”, toda vez que “el paquete de leyes votado por diputados y senadores tiene los mismos objetivos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal en abril… queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas ‘no eran privatizadoras’”.
Y esos objetivos no son otros que los definidos por el propio Felipe Calderón durante su fugaz paso por la Secretaría de Energía, y reiterados cinco años atrás (17 de noviembre de 2003) en su única comparecencia en el Senado de la República como integrante del gabinetazo foxista, con la única diferencia que ahora no promovió sus tan gustados cambios constitucionales, pero sí insistió en eso de la “seguridad jurídica” para los inversionistas.
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