Autor: Marcos Chávez
La contrarreforma energética aprobada por la mayoría del Congreso (Partido Revolucionario Institucional, PRI; Partido Acción Nacional, PAN, y los partidos parasitarios, entre ellos los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, PRD) no hizo más que formalizar, por encima del estado de derecho, lo que ya hicieron anticonstitucionalmente, por la vía de los hechos, los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón: entregar la industria petrolera y la energética a la voracidad empresarial, sobre todo trasnacional.
Es natural que los artífices del atentado en contra de la nación prefieran que la discreta complicidad de Felipe Calderón ocultara sus tropelías; pero al momento de escribir estas líneas, Calderón había dejado transcurrir los 10 días fijados constitucionalmente para publicarlos en el Diario Oficial de la Federación: acaso por un olvido involuntario, debido al deceso de Mouriño y los esfuerzos realizados oficialmente por tratar de demostrar que su muerte se debió a un accidente y no a otras razones; quizá porque el retraso significa una especie de veto de la contrarreforma que, para desconcierto de sus forjadores, había festejado públicamente; o porque posiblemente enmendará el entuerto cuando se le pegue la gana, pues una cosa es clara: a las elites no les importa el estado de derecho, más allá de su orgásmico encanto por pisotearlo.
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