La tragedia ocurrida el pasado viernes en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— en Hermosillo, Sonora, donde un incendio cobró la vida de 38 niños y dejó heridos a decenas más, así como a seis adultos, ha dejado tras de sí un profundo sentir de indignación y consternación en la sociedad sonorense y nacional, en cuya percepción los espacios destinados supuestamente al cuidado de los niños –y en particular, de los hijos de asalariados y de familias de escasos recursos– se han convertido, en cambio, en entornos que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pequeños.
Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el inicio de una investigación orientada a deslindar responsabilidades y esclarecer estos dolorosos sucesos. Independientemente de los resultados que arrojen tales pesquisas, hay razones de sobra para afirmar que esos acontecimientos no tienen un responsable único, sino que son consecuencia de una cadena de negligencias lamentables: la habilitación de una nave industrial como guardería, no obstante que el espacio carecía, hasta donde se sabe, de las condiciones de seguridad necesarias –extintores, señalamientos, salidas de emergencia–; la ubicación del inmueble en las cercanías de una gasolinera; la presumible falta de capacitación del personal de la guardería para actuar ante una emergencia de este tipo y, por supuesto, las deficiencias en la supervisión del personal de protección civil de la entidad y de las propias autoridades del IMSS.
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