MÉXICO, D.F., (EL UNIVERSAL).- Amnistía Internacional (AI) denunció el desalojo que sufrieron habitantes del poblado de San Antonio Ebulá, en Campeche, y exigió a las autoridades brindar protección a los agraviados y resolver el conflicto de tenencia de la tierra en esa localidad.
El organismo defensor de los derechos humanos señaló que el pasado 13 de agosto alrededor de 100 guardias de seguridad privada, con el apoyo de la policía, desalojaron por la fuerza y golpearon a los residentes de San Antonio Ebulá.
“Más de 60 casas fueron destruidas y todos los árboles y cultivos fueron quemados y los animales robados o escaparon”, reseñó AI a través de un comunicado.
El poblado destruido, sostuvo, se estableció en 1968, y hasta hace poco las autoridades lo reconocían y le otorgaban préstamos. “Durante décadas, sus habitantes han intentado legalizar su derecho a la tierra”, abundó.
Sin embargo, el conflicto comenzó cuando un constructor privado declaró en 2002 que la tierra le pertenecía, por lo que en marzo de 2007 y mayo de 2009 utilizó guardias de seguridad para llevar a cabo sendos desalojos. Pero hubo un tercero que motivó la intervención de AI, el pasado 13 de agosto.
De momento, aclaró, el caso se encuentra en el Tribunal Agrario Federal, que debe dictaminar sobre la tenencia legal del predio. En este sentido, el organismo pidió la realización de una consulta “genuina”, que incluya a la comunidad, para solucionar el problema.
Y pidió a las autoridades que brinden protección a los despojados, en tanto se define al propietario legal del terreno.
Leer Nota AQUI
El organismo defensor de los derechos humanos señaló que el pasado 13 de agosto alrededor de 100 guardias de seguridad privada, con el apoyo de la policía, desalojaron por la fuerza y golpearon a los residentes de San Antonio Ebulá.
“Más de 60 casas fueron destruidas y todos los árboles y cultivos fueron quemados y los animales robados o escaparon”, reseñó AI a través de un comunicado.
El poblado destruido, sostuvo, se estableció en 1968, y hasta hace poco las autoridades lo reconocían y le otorgaban préstamos. “Durante décadas, sus habitantes han intentado legalizar su derecho a la tierra”, abundó.
Sin embargo, el conflicto comenzó cuando un constructor privado declaró en 2002 que la tierra le pertenecía, por lo que en marzo de 2007 y mayo de 2009 utilizó guardias de seguridad para llevar a cabo sendos desalojos. Pero hubo un tercero que motivó la intervención de AI, el pasado 13 de agosto.
De momento, aclaró, el caso se encuentra en el Tribunal Agrario Federal, que debe dictaminar sobre la tenencia legal del predio. En este sentido, el organismo pidió la realización de una consulta “genuina”, que incluya a la comunidad, para solucionar el problema.
Y pidió a las autoridades que brinden protección a los despojados, en tanto se define al propietario legal del terreno.
.jpg)
.gif){kind=small}
.jpg)