Discurso del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Asamblea Nacional por la Defensa de la Economía Popular, frente a la se

Amigas, amigos:

Nos congregamos una vez más, ahora aquí, frente a la Cámara de Diputados,
para expresar nuestro sentir acerca de la profunda crisis económica y de
bienestar social que afecta a la inmensa mayoría de los mexicanos, y con
el firme propósito de rechazar tajantemente la propuesta que está haciendo
la oligarquía a través de sus empleados de los partidos Acción Nacional y
del Revolucionario Institucional.

Es innegable que los que se creen amos y señores de México, no tienen
escrúpulos morales de ninguna índole. Son culpables de la tragedia
nacional, eluden su responsabilidad, se niegan a rectificar y, lo peor, es
que están decididos a mantener sus privilegios aunque terminen de hundir
al país y de empobrecer al pueblo.

Actúan con prepotencia, no les preocupa el sufrimiento de la gente, no les
importa el deterioro de la vida pública. Se disfrazan de empresarios y de
gente respetable, pero no tienen vocación productiva ni dimensión social,
son unos vulgares ladrones, enfermos de codicia y de poder. Cuánta razón
tenía Hidalgo cuando sostenía que el único dios de los opresores era el
dinero.

Expreso con franqueza estos sentimientos porque entristece e indigna que
en medio de la peor crisis de la historia reciente, estos desalmados estén
pensando en profundizar, aún más, el sufrimiento de la gente y orillar a
muchos a tomar el camino de las conductas antisociales para terminar de
desgraciarnos a todos con el flagelo de la inseguridad y de la violencia.

Esto es, y no otra cosa, lo que provocará el aumento generalizado de
impuestos y el alza en los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y
la energía eléctrica. Además, ni siquiera es cierto que con estas medidas
se resuelva el problema de las finanzas públicas. Por el contrario, de
aplicarse lo que proponen se profundizará la recesión económica y la gente
no tendrá dinero para satisfacer sus necesidades básica, ni mucho menos
para el pago de contribuciones, destinadas, en lo fundamental, a favorecer
a un gobierno corrupto y al servicio de una minoría rapaz.

Está demostrado que aumentar impuestos cuando hay crisis económica puede
llevar a una mayor pérdida en la recaudación fiscal.

Lo que sí habrá si aumentan los impuestos, los precios y las tarifas, será
más inflación, más mortandad de pequeñas y medianas empresas y comercios,
más despidos de trabajadores, más desempleo, más pobreza, más angustia y
desesperación, y repito, más inseguridad y violencia.

Por eso hoy, responsablemente, estamos aquí para proponer otro camino,
otra opción, que ayude a enfrentar el problema de las finanzas públicas
sin afectar a la gente y sin agravar la crisis económica del país.

Es obvio que sí hay salidas, sólo es cuestión de que haya dignidad y
voluntad política. En este caso, de los legisladores que podrían demostrar
que no son súbditos o achichincles de los potentados, sino auténticos
representantes populares.

Nuestra propuesta es sencilla, eficaz y, sobre todo, justa. Lo que
planteamos se resume en dos acciones: aplicar un verdadero plan de
austeridad republicana y acabar con los privilegios fiscales.

Si existe un faltante de 500 mil millones de pesos en las finanzas
públicas, este déficit se puede cubrir ahorrando 200 mil millones del
gasto corriente, reduciendo en 15 por ciento las partidas de servicios
personales y de gastos de operación del gobierno. Asimismo, es posible
obtener otros 300 mil millones mediante el cobro de impuestos a grandes
empresarios y banqueros. Esto implica eliminar los regímenes especiales
como la consolidación fiscal; la exención de impuestos por ventas de
empresas en la Bolsa; las tasas de impuestos sobre dividendos, que son más
bajas que en Estados Unidos; la depreciación acelerada de activos; el
abuso en donativos deducibles de impuestos; y el incumplimiento de pagos
de créditos fiscales, entre otros renglones.

Son muchos los argumentos para fundamentar la aplicación de un verdadero
plan de austeridad republicana: En primer término, debe tomarse en cuenta
que la austeridad no sólo es un asunto administrativo, sino de principios.
En ninguna circunstancia, y mucho menos en épocas de crisis, puede haber
un gobierno rico con pueblo pobre; es injusto e inmoral que los altos
funcionarios públicos lleguen a percibir hasta 600 mil pesos mensuales,
que tengan caja de ahorro especial, que se les pague atención médica en
clínicas privadas y que haya pensiones millonarias para los ex presidentes
de México.

También es injusta e inmoral la fantochería de Felipe Calderón y de otros
funcionarios, de tener a su disposición una flotilla de aviones y
helicópteros para moverse por el país y el extranjero. Sólo por este
concepto se gastan alrededor de mil millones de pesos al año. Por ejemplo,
el gobernador de Oaxaca renta un jet privado a razón de 4 mil dólares la
hora.

En fin, es indispensable emular la austeridad de los liberales de la época
del presidente Juárez y hacer valer la convicción de que los funcionarios
públicos deben aprender a vivir en la justa medianía.

De manera concreta proponemos:

- La reducción en un 50 por ciento de los salarios y las prestaciones de
los altos funcionarios públicos, de directores adjuntos para arriba,
incluyendo a los tres poderes y a los gobiernos estatales. Lo cual
significaría un ahorro de 95 mil millones de pesos.

- La desaparición de las partidas 1406, 1407 y 1500, destinadas a la
atención médica privada, a la caja de ahorro especial y a los bonos
extraordinarios que reciben los altos funcionarios públicos; así como la
eliminación de las pensiones a los ex presidentes. Esto representaría un
ahorro de 30 mil millones de pesos.

En lo que corresponde al gasto de operación del gobierno también
proponemos la eliminación o reducción de las partidas destinadas al pago
de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, la
telefonía celular, las oficinas alternas, el arrendamiento de
computadoras, vehículos y aviones, el pago de asesorías, los gastos de
representación, combustibles y lubricantes, la adquisición de vehículos
para funcionarios públicos, boletos de avión y viajes al extranjero. Esto
sumaría otros 50 mil millones de pesos.

Asimismo, proponemos como parte de las medidas de austeridad, la reducción
del 5 por ciento de las participaciones federales a los gobiernos
estatales, con lo cual se generaría un ahorro de 22 mil 680 millones de
pesos.

En cuanto a los privilegios fiscales que benefician a las grandes
corporaciones económicas y financieras, debe decirse que esta práctica
demuestra con claridad la forma en que se cristaliza el contubernio entre
el poder económico y el poder político.

Desde la época de Luis Echeverría se celebró un pacto secreto con la
cúpula empresarial, que se ha venido ampliando y ratificando sexenio tras
sexenio. El acuerdo consiste en conceder a los grandes empresarios y
banqueros, el privilegio de no pagar o de devolverles los impuestos.

Según el auditor superior de la Federación, merced a estas devoluciones, y
lo cito textualmente, “las grandes corporaciones en 2004 pagaron sólo 74
pesos de Impuesto sobre la Renta y 69 pesos de IVA”.

Tanto los gobiernos del PRI como los del PAN han querido justificar esta
evasión y elusión fiscal con la falacia del fomento a la inversión. Si
esto fuese cierto, en los últimos 26 años tendríamos un crecimiento
económico mayor al raquítico 2.3 por ciento anual, que per cápita ha sido
de casi cero.

Además, está demostrado que las devoluciones de impuestos son superiores
al incremento de la inversión privada. Tan sólo en el periodo 2001-2005,
mientras la inversión privada se incrementó en 279 mil millones de pesos,
las devoluciones de impuestos alcanzaron los 604 mil millones, o sea, más
del doble.

Es tan descarada la corrupción en la cúpula del poder, que el Instituto
Federal de Acceso a la Información (IFAI) resolvió mantener en secreto por
12 años -hasta 2019- los nombres de las empresas que en 2005 resultaron
beneficiadas por el SAT, con la devolución multimillonaria de impuestos.

Otro ejemplo de este proceder faccioso, son los créditos fiscales no
pagados por grandes empresarios y banqueros. La cartera total que también
incluye a otros deudores, sumaba al 30 de junio de este año, 468 mil 770
millones de pesos. Sin embargo, en la revisión de la cuenta pública de
2005, la Auditoría Superior de la Federación demostró que sólo 46 deudores
debían 143 mil 584 millones de pesos, alrededor del 30 por ciento de toda
la deuda. Asimismo, en ese año, Hacienda sólo recuperó el 0.3 por ciento
del monto otorgado a los llamados grandes contribuyentes. Es decir, los
principales deudores fiscales al final no pagan nada.

Aunque esta información también está restringida, la Auditoría Superior de
la Federación señala que, entre estos grandes deudores, aparece un banco
con créditos fiscales por 25 mil millones de pesos. Además, en ese año, a
esa misma institución financiera, le devolvieron 2 mil millones de pesos
de impuestos. También “dos cadenas televisivas” tenían créditos por mil
500 millones y un periódico debía 2 mil 675 millones.

En suma, con nuestras propuesta de austeridad y de eliminación de los
privilegios fiscales, se podrían obtener, repito, 500 mil millones de
pesos y resolver el problema de las finanzas públicas, sin aumentar
impuestos ni los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la
electricidad, y sin contratar más deuda pública como ellos proponen.
Además, sobrarían alrededor de 140 mil millones de pesos que podrían
destinarse al otorgamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas y
comercios, para evitar mayor mortandad de negocios y pérdida de empleos.
Así como para incrementar el presupuesto a la educación pública, la salud,
el campo y a las comunidades indígenas.

Amigas y amigos:

Todo este plan para enfrentar la emergencia económica y evitar una mayor
descomposición social, podría llevarse a cabo si los legisladores, antes
de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto para el año próximo,
discuten y aprueban dos leyes indispensables, dadas las circunstancias:
Una de austeridad republicana y otra para la eliminación de privilegios
fiscales.

Por eso, de manera concreta, propongo a esta asamblea que para la
elaboración de estos dos proyectos de ley se forme una comisión integrada
por cinco legisladores de nuestro movimiento: dos economistas y tres
abogados. Pongo a consideración de ustedes los nombres de los diputados
Mario Di Costanzo, Ifigenia Martínez, Adán Augusto López Hernández, Jaime
Cárdenas y del senador Ricardo Monreal.

La comisión deberá presentarnos estas iniciativas de ley en la asamblea
que llevaremos a cabo, si así ustedes los consideran, en este mismo lugar,
a la misma hora, el lunes 12 de octubre.

De manera respetuosa, sugiero a esta comisión, que empiece por solicitar a
la Secretaría de Hacienda la lista de las 100 principales empresas o
bancos que, del año pasado a la fecha, han sido beneficiados con la
devolución de impuestos y con créditos fiscales. Esta es una información
que debe transparentarse.

Es inaudito que ni los mismos legisladores sepan cuánto pagan o dejan de
pagar los llamados grandes contribuyentes.

Amigas y amigos:

Estemos atentos y no permitamos ningún engaño. Tengamos presente que el
plan propuesto por la oligarquía para seguir exprimiendo al pueblo y
mantener sus privilegios, está acordado de antemano entre Salinas,
Calderón, Peña Nieto, Beltrones y Francisco Rojas. Lo único que los
priistas están haciendo es simular que se oponen a la propuesta de
Calderón, cuando en el fondo existe un acuerdo y sólo están maniobrando
para no pagar el costo político. La oligarquía, no olvidemos es dueña
también de estos dos partidos y los utiliza como le conviene. Es evidente
que a Calderón ya lo convirtieron en chivo expiatorio, para dejar a salvo
al PRI y a Peña Nieto con miras al 2012.

Es decir, están llevando a cabo una operación de recambio, de maquillaje,
de telenovela, para que en el fondo todo siga igual o peor. En esencia,
buscan perpetuarse en el poder, oprimiendo al pueblo y hundiendo a
México.

Por eso, continuemos con nuestra estrategia de defender la economía
popular y el patrimonio de la nación, pero al mismo tiempo, sigamos
trabajando para orientar, concientizar y organizar al pueblo. Tenemos el
compromiso ineludible de derrotar a la oligarquía en el terreno político,
de manera pacífica, para establecer la democracia y llevar a cabo un
cambio verdadero en todos los órdenes de la vida pública. Estamos
decididos a lograr el renacimiento de México.