Para terminar con la práctica de que el Presidente en turno nombrara de manera inconsulta a sus amigos, compadres o incondicionales en puestos clave del gobierno, la oposición política retomó una buena práctica de los sistemas parlamentarios: que los nombramientos pasaran por la prueba de ácido del Congreso. De esta forma, el Ejecutivo propondría y el Congreso avalaría.
Con ello, el Presidente se tomaría por lo menos la molestia de pensar en aspirantes que tuvieran un mínimo de cualidades y aptitudes para el cargo propuesto. Además de que el Poder Legislativo sería corresponsable del desempeño del funcionario y no solamente su inquisidor implacable.
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Con ello, el Presidente se tomaría por lo menos la molestia de pensar en aspirantes que tuvieran un mínimo de cualidades y aptitudes para el cargo propuesto. Además de que el Poder Legislativo sería corresponsable del desempeño del funcionario y no solamente su inquisidor implacable.