El presupuesto de egresos que se aprobó para 2010 no asignó recursos específicos para el programa de implementación de la cédula de identidad ciudadana a cargo de la Secretaría de Gobernación que, tal como fue formulado, representaría varios pasos atrás en las libertades de las personas. Veamos por qué.
Primero. El primer problema del proyecto del gobierno de Calderón consiste en que la intrusión en la vida privada de las personas sería altísima con los servicios de unicidad biométrica –que evita o reduce las duplicidades– y la aplicación del equipo de registro biométrico para capturar hasta 10 datos –huellas digitales, rostro, iris–, mientras que en Estados Unidos se utilizan los datos de dos huellas, y sólo para quienes cruzan las fronteras, de suerte que la mayor parte de la población está exenta de ese registro. Y aunque se ha encargado a Transparencia Mexicana vigilar los procesos de licitación correspondientes, lo cual en sí es positivo, el artículo 107 de la Ley General de Población no prevé dato biométrico alguno entre los elementos de la identificación.
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Primero. El primer problema del proyecto del gobierno de Calderón consiste en que la intrusión en la vida privada de las personas sería altísima con los servicios de unicidad biométrica –que evita o reduce las duplicidades– y la aplicación del equipo de registro biométrico para capturar hasta 10 datos –huellas digitales, rostro, iris–, mientras que en Estados Unidos se utilizan los datos de dos huellas, y sólo para quienes cruzan las fronteras, de suerte que la mayor parte de la población está exenta de ese registro. Y aunque se ha encargado a Transparencia Mexicana vigilar los procesos de licitación correspondientes, lo cual en sí es positivo, el artículo 107 de la Ley General de Población no prevé dato biométrico alguno entre los elementos de la identificación.
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