El gobierno espurio hipoteca el futuro con la anticonstitucional Ley de Asociaciones Público-Privadas

BOLETÍN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 16 NOVIEMBRE DE 2009

* La ley deja en descubierto la política del PAN de abrir el endeudamiento
público sin la autorización del Congreso


La iniciativa de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP),
presentada por el gobierno espurio en el Senado, pone a descubierto la
política económica promovida por el PAN de abrir el endeudamiento público
sin la autorización del Congreso y sin que se registre como deuda pública
al clasificarlo como “gasto corriente”, expresó la secretaria de Salud del
Gobierno Legítimo de México, Asa Cristina Laurell.

Además, el gobierno usurpador, detallo, pretende facilitar la expropiación
por “utilidad pública” mediante un procedimiento simplificado para poner a
disposición del sector privado los bienes expropiados.

“La ley legalizaría la suscripción de contratos, mediante licitación o
adjudicación directa, con el sector privado nacional e internacional que
comprometen el gasto público durante 25 a 40 años y dándole prioridad a
estos pagos por encima de cualquier otro gasto”, señaló Asa Cristina
Laurell.

Especificó que los contratos de inversión-administración están previstos
para la construcción y administración de infraestructura. El objetivo de
la ley es “brindar mayor certeza jurídica a los inversionistas y a los
funcionarios públicos”.

Las modificaciones a los procedimientos de la expropiación por causa de
utilidad pública consisten en separar la declaratoria de utilidad pública
y el decreto de expropiación, explicó al mencionar que para la primera
bastará el dictamen técnico de la entidad o dependencia pública y luego
se procedería a desarrollar el proceso legal administrativo de la
expropiación.

Con ello se limita la defensa de particulares, ejidos y comunidades al
reducir el tiempo para interponer recursos legales a 15 días. La
iniciativa propone además que no proceda la suspensión ante un decreto de
expropiación, prosiguió.

Expuso que otra novedad de la ley es la posibilidad de recibir y aprobar
propuestas no solicitadas de la Iniciativa Privada. “Al proponente se le
pagarán además los gastos de la elaboración de su propuesta, eso es que el
gobierno espurio no sólo dejaría de cumplir la función de proporcionar
los servicios públicos sino que los particulares realizarán el trabajo del
ejecutivo que será retribuido a precios que determine la iniciativa
privada” explicó.

Calificó a la iniciativa de ley de anticonstitucional “porque infringe
las facultades del Congreso de la Nación plasmadas en el artículo 73-VIII
que faculta al Congreso decidir sobre el endeudamiento de la nación. El
hecho de que se clasifique el pago como “gasto corriente” no cambia que
sea endeudamiento público sólo lo disfraza”.

Recordó que esta maniobra se inventó en la Unión Europea que puso como
techo máximo un endeudamiento del 60 por ciento del PIB en 1997 para los
estados miembros. Para salir a paso de este límite se ideó la llamada
Asociación Público-Privada(APP) o en inglés “Private Finance Iniciative”
que permite a los estados violar sus propias reglas sobre el nivel del
endeudamiento.

Sin embargo, continuó, actualmente la Unión Europea está planteando la
necesidad de abrir estos contratos al escrutinio público con la finalidad
de conocer su monto y costos. Por ejemplo en Inglaterra, el pionero de
estos contratos, se ha decidido cambiar las reglas de la contabilidad
pública para que esta deuda escondida (off balance sheet) aparezca como
parte de la deuda pública.

Esta medida, mencionó, se actualizó a raíz de la crisis económica mundial
causada, entre otras cosas por el desconocimiento respecto al
endeudamiento real y la capacidad de pago de los grupos financieros y de
los estados.

Destacó que los contratos APP consisten en contratar con el sector privado
el financiamiento, la construcción y la administración de una obra
–hospital, carretera, puente, de agua, etcétera—a cambio de un pago,
mensual o anual, al ganador del contrato y/o el otorgamiento de una
concesión para cobrar por su uso.

Explicó que se pide al inversionista-constructor-administrador que: ponga
un capital de “riesgo”, frecuentemente muy bajo; consiga en el mercado
financiero el resto del capital, generalmente a una tasa mayor que la
gubernamental; construya la obra y; la administra.

Estos contratos, aclaró, ya existen en México con el nombre eufemístico
“Proyectos de Prestación de Servicios” (PPS) justificados legalmente con
un “Acuerdo Secretarial” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) en 2004 (DOF 9/4, 2004) que tiene una jerarquía legal muy baja.
Este acuerdo se publicó durante el gobierno de Fox con Gil Díaz como
titular de la SHCP y Barrio Terrazas en la SFP.

La LAPP, sostuvo, tiene la finalidad de resolver esta debilidad legal. Es
más, en 22 entidades federativas ya fueron aprobadas leyes semejantes
generalmente sin mayor conocimiento y sin un debate a fondo. “Se trata ni
más ni menos de una hipoteca de un monto desconocido a cargo de los
futuros ingresos públicos que obliga a los gobiernos —federal, estatal o
municipal— a pagarla prioritaria- y puntualmente. Los célebres “Pidiregas”
de PEMEX tenían el mismo carácter y han sido reconocidos por el Congreso
como deuda pública” resaltó.

Especificó que operan en México un grupo de asesores-cabilderos
especializados en este tipo de contratos, destacadamente los despachos de
White & Case, Currie & Brown, Pricewaterhouse y Jáuregui y Nader
Asociados, entre otros. “Estos despachos se han encargado de “vender una
imagen falsa de estos proyectos además de elaborar los contratos y las
iniciativas de ley” comentó.

Mencionó que han cobrando honorarios por un monto acumulado de unos cien
millones de pesos sólo en el sector salud por estas actividades y al ser
asesores de los gobiernos influyen en el dictamen de las propuestas de los
licitantes. Uno de los casos más emblemáticos es el estado de México.

Indicó que el contenido de la iniciativa de ley permite inferir que
alguno(s) de estos despachos están detrás de su redacción ya que dice que
permitirá reducir los costos hasta en un 15 por ciento y sobre todo
disminuir los tiempos de ejecución hasta en un 30 por ciento.

“Estos son los argumentos machaconamente esgrimidos a favor de los PPS
pero la realidad los ha desmentido tanto en México como en el extranjero.
Ponemos el ejemplo de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad
contratados por la SSA” e expuso.

El primero hospital ubicado en León, Guanajuato fue asignado a la empresa
española Acciona con un contrato por 3,600 millones lo que significa un
monto superior en 164 millones del proyecto de referencia. Sin embargo se
estima que su costo total –sin contar el costo de la prestación de los
servicios médicos, medicamentos y otros insumos—serán unos 7,500 millones
por las actualizaciones del INPC y los ajustes pactados en el contrato,
detalló.

“La inversión realizada en la construcción y equipamiento del hospital fue
de 603.7 millones y entre abril, 2007 y junio, 2009 Acciona ha recibido
pagos por 391 millones. Si el gobierno federal hubiera contratado un
préstamo por 603.68 millones con una tasa de interés de 4% anual habría
pagado 61 millones por el tiempo señalado. Es decir, hubiera tenido un
excedente de 330 millones respecto al contrato PPS y con este dinero
podría haber pagado el 55% del préstamo original. Es una mentira que los
PPS son 15% más baratos”, pormenorizó.

La secretaria de Salud mencionó que la eficiencia privada se ha además
mostrado ser bajísima. El hospital fue inaugurado en marzo de 2007 con un
retraso de cinco meses. El problema no terminó allí ya que durante el
primer año sólo estaban en funcionamiento 25 de sus 180 camas. Los últimos
datos oficiales permiten estimar que se llegará al 36% de la meta
contractual de egresos hospitalarios anuales en 2009. Esto equivale a un
funcionamiento regular de 60 a 70 camas.

Resaltó que el segundo hospital en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue
asignado a la empresa mexicana Marhnos que carece de la experiencia
solicitada pero aportó a la campaña del PAN. El monto del contrato es de
4,725 millones de pesos y aumentará al menos al doble por las
actualizaciones previstas. Se inauguró en marzo de 2009 con un médico y 15
altos funcionarios.

“Hasta la fecha no está funcionando, carece de personal y sólo están
presupuestados para 2010 los recursos para el pago del contrato. Esto
significa que se mantendrá cerrado también durante 2010. Es decir, es un
buen negocio para las empresas contratantes pero un desastre para los
pacientes no atendidos y para los contribuyentes”, informó.

La suerte de las carreteras concesionadas es de sobra conocida –sus
quiebras, rescates y saneamiento—, sus altos costos para los usuarios y el
pésimo mantenimiento. Con estos antecedentes no hay nada que haga suponer
que una Ley de Asociaciones Público-privadas tenga algo que ofrecer que no
sean grandes negocios al sector privado, señaló.

Aseguró que los investigadores ingleses Liebe y Pollock acaban de publicar
una revisión de este tipo de proyectos (The experience of the private
finance initiative in the UK’s Nacional Health Service
www.health.ed.ac.uk/CIPHP/publications) en Inglaterra después de diez años
de experiencia con ellos. Su revisión se basa fundamentalmente en la
información oficial y los documentos del Ministerio de Finanzas, la
Auditoría Superior y el Regulador Autónomo del sistema de salud.

Manifestó que esta revisión les permite extraer tres lecciones. La primera
es que los PPS no proporcionan financiamiento adicional porque el estado
de cualquier modo tiene que pagarlo. La segunda es que no son más baratas
ya que el costo del financiamiento incrementa y tampoco proporcionan
mejores servicios. La tercera es que sus altos costos obligan a reducir
los servicios prestados.

Indicó que la iniciativa mexicana llega 10 años tarde cuando ya está
probada su inoperancia y altos costos. Es una propuesta disimulada para
legalizar la privatización de los bienes públicos y desresponzabiliar al
estado de sus obligaciones. Procuraría además la silenciosa privatización
de PEMEX.