En los últimos días hemos presenciado en la Cámara de Diputados, la presión de los gobernadores para que les corresponda la parte más grande de la rebanada del pastel presupuestal. Presiones que pueden entenderse pero que son injustificadas y nada ayudan en la construcción de una política de gasto de largo alcance para el país.Por su parte, los partidos mayoritarios han negociado indebidamente el presupuesto con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Este hecho, además de ser contrario a la Constitución, porque los presupuestos sólo deben negociarse en sedes parlamentarias, mediante los procedimientos legislativos, con total transparencia y, de cara a la ciudadanía, pone de manifiesto la debilidad del poder legislativo mexicano. Un poder secuestrado por los partidos políticos mayoritarios, por los nuevos señores feudales que son los gobernadores, y por el poder ejecutivo vía la Secretaría de Hacienda.
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