Al menos desde mediados de 2009, las instituciones federales encargadas de la lucha contra las drogas cuentan con datos duros sobre el nuevo modus operandi de los principales jefes de los cárteles de la droga mexicanos, con reportes del esquema criminal que permite a los capos establecer sus territorios y desplegar sus acciones y violencia en distintos estados de la República mexicana. Los funcionarios del gobierno del presidente Felipe Calderón elaboraron una radiografía del andamiaje de los capos; se trata de un círculo con un triángulo al centro, representado por el crimen organizado. En cada uno de los lados aparecen tres elementos que son los pilares del funcionamiento de las bandas: protección institucional de funcionarios de los tres niveles de gobierno, mercado de los estupefacientes y logística.
Un cuarto aspecto aparece fuera del esquema, del círculo y el triángulo, con el nombre de “cobijo social”, que es la protección que buscan los capos de la droga en las comunidades de influencia.
Los cárteles de la droga operan, entonces, con redes de protección institucional y soporte local. Los jefes de los grupos criminales y sus estructuras cuentan con la complicidad de las autoridades locales, estatales y federales, según los datos de las instituciones encargadas de la lucha contra la delincuencia. En sus operaciones, comenten delitos federales, pero también ilícitos del fuero común y realizan violaciones a los reglamentos de policía, civiles y administrativos. El despliegue de las actividades criminales se efectúa con total impunidad.
A partir de esta radiografía, el gobierno federal ubicó los elementos esenciales de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas: el mercado de consumo de drogas y productos ilícitos, la protección institucional y la logística operativa. Estos aspectos son la esencia de las operaciones de los jefes del narcotráfico en el territorio nacional:
El mercado de drogas garantiza a los grupos criminales la continuidad y el crecimiento de sus operaciones en distintas zonas del país. Los puntos de distribución están ubicados en prostíbulos, bares y sitios de apuestas ilegales y locales clandestinos, como peleas de gallos y perros y carreras de caballos. De acuerdo con este esquema, hay un flujo permanente de nuevos cuadros para sustituir las bajas que producto de los ajustes de cuentas internos de los cárteles, las ejecuciones de grupos rivales y los muertos que caen en los enfrentamientos con las fuerzas locales y federales.
La protección institucional es uno de los pilares de las organizaciones criminales. Los jefes de las mafias utilizan a criminales que tienen bajo su encargo el reclutamiento y la entrega de dinero a funcionarios de los tres niveles de gobierno para que las organizaciones criminales puedan desplegar sus operaciones de narcomenudeo, extorsión, secuestro, traslados de droga, tránsito de vehículos irregulares, circulación de automóviles con personas armadas, alerta de operativos de las fuerzas federales (pitazos), utilización de frecuencias de radio oficiales para el monitoreo de las actividades policíacas y el funcionamiento de giros negros, como centros de operación de la mafia.
En la parte de la logística, las autoridades federales determinaron que los cárteles de la droga tienen a su disposición dinero en efectivo; aparatos de comunicación, celulares, radios, teléfonos satelitales, computadoras e internet; estancias, casas de seguridad, bodegas, ranchos, pistas clandestinas; transportes, vehículos, camiones, equipo aéreo, y armamento, armas largas, cortas, municiones, granadas, lanza granadas, fusiles antiaéreos.
Los capos han montado su andamiaje criminal en estos tres soportes. La autoridad federal conoce bien el funcionamiento de las redes de protección oficial, de la infiltración de los criminales en las instituciones encargadas de la guerra contra las drogas. Hay que seguir trabajando para cortar cada una de las tres patas en las que se sostiene el esquema de operación de los jefes del narcotráfico en México.
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