Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 14 de febrero (Proceso).- Una nueva embestida del gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) que buscaría abrir por completo la participación de trasnacionales a la exploración, explotación y producción de hidrocarburos mediante novedosos contratos reavivó la discusión en la Cámara de Diputados en torno al riesgo de privatización de este sector, y de pasó dividió a legisladores del PRI y del PRD.
Para frenar este supuesto plan, los diputados del Partido del Trabajo promovieron una controversia constitucional cuyo objetivo es frenar las “disposiciones administrativas de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas (exploración, explotación y producción de hidrocarburos) de Pemex y organismos subsidiarios” que aprobó el Consejo de Administración de Pemex y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero.
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Para frenar este supuesto plan, los diputados del Partido del Trabajo promovieron una controversia constitucional cuyo objetivo es frenar las “disposiciones administrativas de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas (exploración, explotación y producción de hidrocarburos) de Pemex y organismos subsidiarios” que aprobó el Consejo de Administración de Pemex y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero.
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