lunes, 24 de mayo de 2010

Cevallos: ¿el fin del Estado?

Antonio Navalón
Cuenta atrás

En cualquier país, incluso en México, los delitos comunes se persiguen de oficio, pero si el de Diego es un secuestro privado donde el Estado declara su inexistencia, estamos en graves problemas. Si Diego posee 30 años de secretos, el Estado no puede quedar como un invitado de piedra. Y si mañana secuestran a cualquiera de nosotros, a quién recurrimos, ¿a la PGR o a la familia Cevallos?

La exigencia de la familia de no intervención del gobierno aclara todo: uno, explica la rápida reacción de los organismos de seguridad —regularmente ineficientes— para decirle a Calderón que se podía ir tranquilo de gira y que el problema no tenía que ver con el narco. Dos, que el secuestro se resolverá de forma privada porque la familia sabe quién lo tiene y para qué, como lo revela la fotografía del Diego vendado.

Sabemos que en Derecho el primer bien a conservar es la vida, pero, ahora sólo podrán estar seguros quienes lleven algún chip en el cuerpo y se puedan dar el lujo de prescindir de un gobierno que ya no protege a nadie. Y si no fuera porque está confirmado que él no se encuentra ni en su casa ni en su despacho, la actuación y el aplomo de su familia nos haría pensar que no está secuestrado, que es un secuestro digital o que la omisión gubernamental es en el fondo una lección de templanza.

Hay cuestionamientos que acrecientan el enigma: ¿quién le aseguró al Presidente, en horas, que no había sido el narco?, ¿quién determinó garantizar que no habría ninguna noticia antes de que Calderón volviera de su gira?, ¿por qué un perito acepta como válido el deslinde del EPR?
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