México, DF. “Saboteadores, lo que se dice saboteadores, son Calderón y Javier Lozano; esos sí son saboteadores”, señaló este miércoles Andrés Manuel López Obrador a los trabajadores electricistas al acudir al campamento que tienen en el Zócalo los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en huelga de hambre.
Desde ahí, el "presidente legítimo" hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan en favor del recurso de controversia constitucional interpuesta por los trabajadores en contra de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) porque además de restituir el estado de derecho y reivindicar a la justicia, pueden desmentir a quienes sostienen que todos los poderes están confiscados por el grupo en el poder.
Los ministros, añadió, “pueden tomar una decisión que los dignifique y que nos haga sentir a todos los mexicanos que hay un faro de la legalidad en nuestro país. Tienen que resolver pronto, este es un asunto urgente, entre otras cosas por la situación de quienes están en huelga de hambre, mujeres y hombres que ya no tienen por qué seguir sufriendo”.
Agregó que los ministros deben entender que “no se puede mantener un estado de ilegalidad, de injusticia y de atropello” y en el caso de la desaparición de LFC “es clara la violación a la Constitución, a la Ley Federal de Trabajo y al contrato colectivo de trabajo”.
López Obrador también manifestó que el gobierno calderonista decidió decretar la desaparición de dicha paraestatal “porque quiere continuar con el proceso de privatización de la industria eléctrica", y ello representó, dijo, un pretexto para entregar al capital privado el tendido de fibra óptica.
En ese sentido, mencionó que 22 mil kilómetros de fibra óptica van a ser entregadas a Televisa y a Telefónica, "una empresa española de telecomunicaciones de España, que dirige Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda de Vicente Fox”.
Lo que está detrás, expresó, son los negocios que se hacen al amparo del poder público. Costó instalar la fibra óptica 30 mil millones de pesos, cantidad que se financió con presupuesto público, con dinero de todos los mexicanos.”
Ahora, abundó, las autoridades "han llegado, al cinismo de haber cancelado la posibilidad de la competencia, hicieron a un lado a otros competidores al declarar que sólo hay una propuesta, la de Televisa y Telefónica”.
En las bases de licitación, puntualizó, se estableció un piso de 850 millones de pesos por la concesión de 20 años, pero si no hay competencia se quedará en esa cantidad, porque no habrá puja ni otras propuestas.
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Desde ahí, el "presidente legítimo" hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan en favor del recurso de controversia constitucional interpuesta por los trabajadores en contra de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) porque además de restituir el estado de derecho y reivindicar a la justicia, pueden desmentir a quienes sostienen que todos los poderes están confiscados por el grupo en el poder.
Los ministros, añadió, “pueden tomar una decisión que los dignifique y que nos haga sentir a todos los mexicanos que hay un faro de la legalidad en nuestro país. Tienen que resolver pronto, este es un asunto urgente, entre otras cosas por la situación de quienes están en huelga de hambre, mujeres y hombres que ya no tienen por qué seguir sufriendo”.
Agregó que los ministros deben entender que “no se puede mantener un estado de ilegalidad, de injusticia y de atropello” y en el caso de la desaparición de LFC “es clara la violación a la Constitución, a la Ley Federal de Trabajo y al contrato colectivo de trabajo”.
López Obrador también manifestó que el gobierno calderonista decidió decretar la desaparición de dicha paraestatal “porque quiere continuar con el proceso de privatización de la industria eléctrica", y ello representó, dijo, un pretexto para entregar al capital privado el tendido de fibra óptica.
En ese sentido, mencionó que 22 mil kilómetros de fibra óptica van a ser entregadas a Televisa y a Telefónica, "una empresa española de telecomunicaciones de España, que dirige Francisco Gil Díaz, el secretario de Hacienda de Vicente Fox”.
Lo que está detrás, expresó, son los negocios que se hacen al amparo del poder público. Costó instalar la fibra óptica 30 mil millones de pesos, cantidad que se financió con presupuesto público, con dinero de todos los mexicanos.”
Ahora, abundó, las autoridades "han llegado, al cinismo de haber cancelado la posibilidad de la competencia, hicieron a un lado a otros competidores al declarar que sólo hay una propuesta, la de Televisa y Telefónica”.
En las bases de licitación, puntualizó, se estableció un piso de 850 millones de pesos por la concesión de 20 años, pero si no hay competencia se quedará en esa cantidad, porque no habrá puja ni otras propuestas.