MÉXICO, D.F., 30 de abril (apro).- ¿Dónde están los operadores de Felipe Calderón, del encargado del Ejecutivo federal?, es la pregunta. La verdad, es que parece no tenerlos, por lo menos eso se demostró cuando fracasó la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.
Desde que inició su sexenio, Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al narcotráfico y, tres años después, ahí lo mantiene; intensificó los operativos y dio golpes mediáticos con la detención de grandes capos, pero con un costo muy alto: más 22 mil muertos, según la cifra oficial. Sin embargo, las calles sigues circulando las drogas y se ha intensificado la violencia.
En abril de 2009 Calderón envió al Congreso la iniciativa de reforma para darle un marco jurídico al trabajo de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado, o mejor dicho, brindarles impunidad para hacer un trabajo que corresponde a otras instancias y seguir justificando los “daños colaterales”, como le gusta llamar a las muertes de inocentes.
Es cierto que la presencia del Ejército en las calles es un reclamo de la sociedad, pero no para que se justifiquen atropellos de la milicia, sino como medida última para acabar con la preocupación de los ciudadanos que sus hijos no regresen a sus casas y sean alcanzados por balas pedidas o que mueran en fuego cruzado, como ha ocurrido en las últimas semanas en diversas partes del país.
Sin embargo, el encargado del Ejecutivo federal, porque no se le puede llamar presidente de la República a quien llegó en forma tan dudosa a esa posición, erró la vía política para lograr la aprobación de la reforma
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Desde que inició su sexenio, Calderón sacó al Ejército a las calles para combatir al narcotráfico y, tres años después, ahí lo mantiene; intensificó los operativos y dio golpes mediáticos con la detención de grandes capos, pero con un costo muy alto: más 22 mil muertos, según la cifra oficial. Sin embargo, las calles sigues circulando las drogas y se ha intensificado la violencia.
En abril de 2009 Calderón envió al Congreso la iniciativa de reforma para darle un marco jurídico al trabajo de las fuerzas armadas en su combate al crimen organizado, o mejor dicho, brindarles impunidad para hacer un trabajo que corresponde a otras instancias y seguir justificando los “daños colaterales”, como le gusta llamar a las muertes de inocentes.
Es cierto que la presencia del Ejército en las calles es un reclamo de la sociedad, pero no para que se justifiquen atropellos de la milicia, sino como medida última para acabar con la preocupación de los ciudadanos que sus hijos no regresen a sus casas y sean alcanzados por balas pedidas o que mueran en fuego cruzado, como ha ocurrido en las últimas semanas en diversas partes del país.
Sin embargo, el encargado del Ejecutivo federal, porque no se le puede llamar presidente de la República a quien llegó en forma tan dudosa a esa posición, erró la vía política para lograr la aprobación de la reforma
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