ALTO A LA IMPUNIDAD POR EL ASESINATO DE BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLAALTO A LA PARAMILITARIZACIÓN Y NO A LA MILITARIZACIÓN DEL TERRITORIO TRIQUI DE OAXACA
El 27 de abril de 2010, la luchadora comunitaria mixteca, Alberta Cariño Trujillo, “Bety”, y el internacionalista finés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinados mientras trataban de llevar alimento y esperanza en una misión humanitaria a las comunidades del Municipio Autónomo de San Juan Copala cercadas por el grupo paramilitar UBISORT (Unidad y Bienestar Social en la Región Triqui) en la Región Triqui de Oaxaca, México.
Hasta ahora, aunque existen todos los elementos para señalar y castigar a los culpables la Procuraduría General de la República, encargada de investigar el ataque a la caravana y el asesinato de nuestros compañeros Bety y Jyri no ha dado resultados claros, pues el Gobierno Federal se ha dedicado a ocultar la situación a los ojos del mundo más que al esclarecimiento del caso.
El grupo paramilitar UBISORT ha sido protegido y financiado por el Gobierno del Estado de Oaxaca lo que, junto con la complacencia del Gobierno Federal de México, ha impedido su desmovilización y desarme. Ante la evidente situación de impunidad y paramilitarización, los gobiernos federal y estatal han entorpecido cualquier intento del Pueblo Triqui por reconstruir sus comunidades, y ahora se teme que los gobiernos de Ulises Ruiz y Felipe Calderón militaricen el territorio Triqui a fin de acallar las denuncias y evitar que los triquis sean dueños de su propio destino.
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Hasta ahora, aunque existen todos los elementos para señalar y castigar a los culpables la Procuraduría General de la República, encargada de investigar el ataque a la caravana y el asesinato de nuestros compañeros Bety y Jyri no ha dado resultados claros, pues el Gobierno Federal se ha dedicado a ocultar la situación a los ojos del mundo más que al esclarecimiento del caso.
El grupo paramilitar UBISORT ha sido protegido y financiado por el Gobierno del Estado de Oaxaca lo que, junto con la complacencia del Gobierno Federal de México, ha impedido su desmovilización y desarme. Ante la evidente situación de impunidad y paramilitarización, los gobiernos federal y estatal han entorpecido cualquier intento del Pueblo Triqui por reconstruir sus comunidades, y ahora se teme que los gobiernos de Ulises Ruiz y Felipe Calderón militaricen el territorio Triqui a fin de acallar las denuncias y evitar que los triquis sean dueños de su propio destino.
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