MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).- El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.
En el primer día de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayoría de ministros rechazó la propuesta de Zaldívar para hacer una interpretación más amplia de la facultad investigadora que otorga el artículo 97 de la Constitución.
El propósito del nuevo ministro, quien se sumó al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad política y ética de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104, el 5 de junio del año pasado.
Como principales implicados, mencionó al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.
Una primera mayoría de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfiló por aceptar que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jurídicas de los implicados.
“No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad política y moral”, ya que nuestra autoridad sólo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.
"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribución, en tanto no haya ley reglamentaria” de la facultad establecida en el 97 constitucional, agregó.
Aseguró, en todo caso, que sí hubo violación grave de derechos fundamentales.
Sin embargo, hubo quienes adelantaron que sería difícil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hernández, quien fue subdirector y director jurídico del IMSS entre 1993 y 1999.
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En el primer día de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayoría de ministros rechazó la propuesta de Zaldívar para hacer una interpretación más amplia de la facultad investigadora que otorga el artículo 97 de la Constitución.
El propósito del nuevo ministro, quien se sumó al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad política y ética de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104, el 5 de junio del año pasado.
Como principales implicados, mencionó al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.
Una primera mayoría de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfiló por aceptar que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jurídicas de los implicados.
“No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad política y moral”, ya que nuestra autoridad sólo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.
"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribución, en tanto no haya ley reglamentaria” de la facultad establecida en el 97 constitucional, agregó.
Aseguró, en todo caso, que sí hubo violación grave de derechos fundamentales.
Sin embargo, hubo quienes adelantaron que sería difícil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hernández, quien fue subdirector y director jurídico del IMSS entre 1993 y 1999.