Jueves 24 de junio de 2010, p. 16
La red solidaria Década Contra la Impunidad entregó en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un escrito bajo la figura de amicus curiae –que no está prevista oficialmente en leyes mexicanas– en el que señala las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno mexicano contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Esta organización, de la que forman parte los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz, el sacerdote Miguel Concha y Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, provincial de la orden de los dominicos, entre otras personalidades, señala que el amicus curiae presentado "tiene la finalidad de apoyar mediante el sistema interamericano el amparo indirecto del SME atraído por la SCJN". Según manifiesta esta red, el recurso pretende aportar elementos para que "se dé una sentencia con irrestricto apego a la jurisprudencia a nivel interno e internacional y con esto democratizar el sistema judicial".
Añade que el decreto de extinción del LFC de fecha 10 de octubre de 2009 suscrito por el gobierno federal no cumple con lo pactado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo referente a la protección judicial y debido proceso; además, violentó derechos de los trabajadores por haber ocupado, un día antes de la publicación y entrada en vigor del multicitado decreto, las instalaciones de LFC sin notificar previamente a los trabajadores, lo cual violó la norma constitucional de no retroactiva, así como acuerdos tomados en dicha Convención.
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Esta organización, de la que forman parte los obispos Raúl Vera y Samuel Ruiz, el sacerdote Miguel Concha y Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, provincial de la orden de los dominicos, entre otras personalidades, señala que el amicus curiae presentado "tiene la finalidad de apoyar mediante el sistema interamericano el amparo indirecto del SME atraído por la SCJN". Según manifiesta esta red, el recurso pretende aportar elementos para que "se dé una sentencia con irrestricto apego a la jurisprudencia a nivel interno e internacional y con esto democratizar el sistema judicial".
Añade que el decreto de extinción del LFC de fecha 10 de octubre de 2009 suscrito por el gobierno federal no cumple con lo pactado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo referente a la protección judicial y debido proceso; además, violentó derechos de los trabajadores por haber ocupado, un día antes de la publicación y entrada en vigor del multicitado decreto, las instalaciones de LFC sin notificar previamente a los trabajadores, lo cual violó la norma constitucional de no retroactiva, así como acuerdos tomados en dicha Convención.
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