Periódico La Jornada
Martes 17 de agosto de 2010, p. 14
Al darse a conocer el monto del negocio de los contratos otorgados a empresas privadas del sector eléctrico por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), queda claro que la resolución gubernamental de extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) corresponde a la intención de privatizar la prestación de un servicio que está reservado para el Estado, favoreciendo con ello al capital privado y reservando el millonario negocio que significa la fibra óptica para los "amigos del régimen", señaló el Sindicato Mexicano de Electricidad (SME).
Detalló que ahora resulta que el gobierno está pagando más cara la prestación del servicio con los más de 500 contratistas con los que quiere suplir a los trabajadores de LFC; que no hay ninguna transparencia en el otorgamiento de dichos contratos, pues este proceso se lleva a cabo de manera discrecional a la "voluntad" de los directivos de la CFE y, sobre todo, que ha empeorado el servicio a los usuarios.
Leer mas...AQUIDetalló que ahora resulta que el gobierno está pagando más cara la prestación del servicio con los más de 500 contratistas con los que quiere suplir a los trabajadores de LFC; que no hay ninguna transparencia en el otorgamiento de dichos contratos, pues este proceso se lleva a cabo de manera discrecional a la "voluntad" de los directivos de la CFE y, sobre todo, que ha empeorado el servicio a los usuarios.
Diputados demandan que Kessel explique contratos de la CFE con empresas privadas
En los hechos están privatizando el servicio de energía eléctrica, acusa Ramón Jiménez, del PRD
Periódico La Jornada
Martes 17 de agosto de 2010, p. 14
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados demandó por conducto de la Secretaría de Gobernación (SG) la comparecencia de Georgina Kessel, titular de Energía, para que explique, independientemente de que lo haga en la Permanente, la actuación irregular
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la contratación de empresas privadas en sustitución de Luz y Fuerza del Centro (LFC), informó el secretario de esa comisión, Ramón Jiménez.
En entrevista con La Jornada, refirió: sabemos que la CFE actúa de manera impune, arbitraria y discrecional
en la asignación de contratos a corporativos privados y que, en los hechos, están privatizando el servicio público de energía eléctrica
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Instituciones públicas, las mayores consumidoras de comida chatarra
Recursos públicos derrochados en refrescos y frituras
Carlos Fernández-Vega
Aunque vergonzosamente se echaron para atrás, si en realidad alguna vez se echaron para adelante, porque del discurso no pasaron, se supone que la presunta "limpia" de "comida" chatarra debió comenzar en la propia estructura de lo que algunos llaman gobierno federal, cuyas oficinas, escuelas, hospitales y conexos están saturados de máquinas expendedoras de este tipo de productos, al tiempo que instituciones como el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside la inquilina de Los Pinos, Margarita Zavala, a quien le encantan las galletas Mac’Ma), el ISSSTE y el IMSS, entre otras instituciones públicas, se cuentan entre los principales clientes de los consorcios chatarreros.
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No hubo sorpresas: ganó Televisa
Ahorrando en plata
Atracolandia
Enrique Galván Ochoa
Como se supo con mucha anticipación, la dupla Televisa-Nextel resultó premiada con la licitación 21 del espectro radioeléctrico, mediante el voto de tres de los comisionados de Cofetel: el presidente Mony de Swaan, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous. Fue en el sexto intento, en la sexta reunión cuando salió humo blanco. En las juntas del viernes estuvieron ausentes Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera. En la última de ayer se presentó Gil Elorduy y argumentó que no podía emitirse un fallo sobre la licitación porque existían medidas cautelares dictadas por dos jueces federales que lo impedían. Asimismo, el comisionado Del Villar planteó que los planes de inversión de Televisa y Nextel, así como de las otras compañías que recibieron fallos favorables, no estaban suficientemente garantizados, al final de cuentas nada las obligaba.
Leer mas...AQUITribunal Permanente de los Pueblos en México
Magdalena Gómez
La semana pasada se realizó en el Distrito Federal un taller para valorar la viabilidad de que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) abra un capítulo en México. El tema en sí es significativo, pues contó con la participación de un representante del tribunal, con sede en Roma, quien escuchó con interés los ejemplos que se mostraron para dar cuenta de la situación del país en materia de violación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
La reunión partió de exposiciones respecto a la crisis nacional, la situación de derechos humanos y la crisis jurídica. Se expusieron los casos de la supuesta guerra contra el crimen organizado con sus caudas de militarización e impunidad, los golpes al sindicalismo democrático, en especial el más reciente al Sindicato Mexicano de Electricistas, el caso Atenco, emblemático en más de un sentido, y en especial por el triunfo frente al intento foxista de construir sobre el pueblo mexiquense un aeropuerto y la contrapartida de la criminalización a sus líderes en 2006, quienes han sido liberados recientemente. De especial relevancia fue la presentación acerca de los fraudes electorales de 1988 y 2006 que reflejan la vulnerabilidad extrema de la llamada transición democrática. Sin pretender exhaustividad de la problemática nacional se anotó asimismo el fenómeno de la migración y los derechos humanos, el vínculo del maíz transgénico como punta de lanza para profundizar la afectación a uno de los símbolos del México profundo en beneficio de compañías trasnacionales como Monsanto, entre otras. También se abordaron casos recientes como el de San Juan Copala, Oaxaca, y los relativos a afectaciones ambientales, como el de El Salto, Jalisco.
Leer mas...AQUILa reunión partió de exposiciones respecto a la crisis nacional, la situación de derechos humanos y la crisis jurídica. Se expusieron los casos de la supuesta guerra contra el crimen organizado con sus caudas de militarización e impunidad, los golpes al sindicalismo democrático, en especial el más reciente al Sindicato Mexicano de Electricistas, el caso Atenco, emblemático en más de un sentido, y en especial por el triunfo frente al intento foxista de construir sobre el pueblo mexiquense un aeropuerto y la contrapartida de la criminalización a sus líderes en 2006, quienes han sido liberados recientemente. De especial relevancia fue la presentación acerca de los fraudes electorales de 1988 y 2006 que reflejan la vulnerabilidad extrema de la llamada transición democrática. Sin pretender exhaustividad de la problemática nacional se anotó asimismo el fenómeno de la migración y los derechos humanos, el vínculo del maíz transgénico como punta de lanza para profundizar la afectación a uno de los símbolos del México profundo en beneficio de compañías trasnacionales como Monsanto, entre otras. También se abordaron casos recientes como el de San Juan Copala, Oaxaca, y los relativos a afectaciones ambientales, como el de El Salto, Jalisco.
Régimen tenebroso
Pedro Miguel
En todas sus acepciones, la literal y la figurada, el adjetivo le calza a la perfección al calderonato. Hagamos el recuento y empecemos por la primera: desde octubre pasado, el valle de México ha perdido luminosidad, y esta vez no ha sido por alguna temible consecuencia de la contaminación, sino porque un hombrecito empoderado a la mala decidió, en función de sus rencores políticos y porque así conviene al peculio de sus socios y amigos, dejar al Valle de México sin la empresa que distribuía la electricidad y daba mantenimiento a la red eléctrica. Posteriormente, sus subordinados decidieron mantener en la oscuridad las razones de esa decisión, no fuera a ser que la sociedad las hallara tan impresentables que se generaran "actos violentos o conflictos sociales". Por añadidura, del apagón a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad (que, a como nos ha ido con ella, debiera llamarse más bien Comisión Federal de Oscuridad) ha entregado más de 500 contratos, por un monto total de mil millones de pesos, y sin licitación de por medio, a empresas fantasma expertas en asegurar la durabilidad de los cortes de energía y en provocar otros nuevos. La caracterización de empresas fantasma, por cierto, es responsabilidad de los propios funcionarios de LFC que se negaron a identificar a tales compañías.
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