MÉXICO, DF, 10 de agosto (Apro).- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que en 2007 negaron el acceso a los paquetes de la elección presidencial se presentaron ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA como defensores del derecho a la información.
Los mismos jueces electorales que rechazaron la solicitud de la revista Proceso para acceder a las boletas de la elección de 2006 –que el propio TEPJF le adjudicó a Felipe Calderón– le aseguraron a la relatora especial de la OEA, Catalina Botero, que han sido promotores y defensores de los derechos humanos, en particular el de la libertad de expresión y derecho a la información.
El rechazo de los magistrados a permitir el acceso a las boletas es uno de los argumentos de la denuncia que la revista promovió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la propia OEA, en contra del Estado mexicano por considerar que la negativa constituye una violación al derecho de acceso a la información, tutelado por la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte.
La denuncia, presentada en abril de 2008 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la negativa del propio TEPJF y del Instituto Federal Electoral (IFE), aún está pendiente de ser admitida por la CIDH, aunque tanto Proceso como el Estado mexicano han dado por terminados sus alegatos respecto a su admisibilidad.
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Los mismos jueces electorales que rechazaron la solicitud de la revista Proceso para acceder a las boletas de la elección de 2006 –que el propio TEPJF le adjudicó a Felipe Calderón– le aseguraron a la relatora especial de la OEA, Catalina Botero, que han sido promotores y defensores de los derechos humanos, en particular el de la libertad de expresión y derecho a la información.
El rechazo de los magistrados a permitir el acceso a las boletas es uno de los argumentos de la denuncia que la revista promovió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la propia OEA, en contra del Estado mexicano por considerar que la negativa constituye una violación al derecho de acceso a la información, tutelado por la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte.
La denuncia, presentada en abril de 2008 luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la negativa del propio TEPJF y del Instituto Federal Electoral (IFE), aún está pendiente de ser admitida por la CIDH, aunque tanto Proceso como el Estado mexicano han dado por terminados sus alegatos respecto a su admisibilidad.
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