MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Apro).- La juez del Décimo Segundo Tribunal Administrativo en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, ya supo lo que son los juicios sumarios de los medios y el oportunismo político.
Su orden de suspender temporalmente la proyección de la película Presunto Culpable como una medida cautelar le ganó la acusación pública de censora hasta el extremo de compararla como un acto propio de los regímenes militares o fundamentalistas.
A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.
Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.
Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.
Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.
Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.
Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.
Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.
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Su orden de suspender temporalmente la proyección de la película Presunto Culpable como una medida cautelar le ganó la acusación pública de censora hasta el extremo de compararla como un acto propio de los regímenes militares o fundamentalistas.
A cinco días de la controvertida pero apenas primera decisión judicial, la secretaría de Gobernación no había acatado el mandamiento judicial porque supuestamente ignora “los alcances” de la decisión de la juez.
Lo que en realidad ha hecho es ganar tiempo no sólo para que el documental siga proyectándose, sino ante la decisión que a más tardar el próximo miércoles debe tomar un Tribunal Colegiado respecto a la suspensión provisional ordenada por la juez.
Si ese Colegiado revierte la medida, la película seguirá proyectándose sin ninguna sombra de censura, pero si avala a la juzgadora, entonces el Poder Judicial quedará como el gran censor.
Para evitarlo, podría levantar la orden de suspensión provisional y seguir sin presiones mediáticas el curso del juicio de amparo solicitado por los que se dicen afectados por la proyección, los familiares de la víctima del asesinato a partir del cual se hizo el documental.
Lo que Gobernación defiende no es un interés general, sino lo que la película representa para uno de los principales proyectos del gobierno de Felipe Calderón: la implantación en México de los juicios orales.
Resulta difícil pensar que un gobierno como el de Calderón esté velando por el interés general, que sería el derecho de la sociedad mexicana a saber y conocer. Con los antecedentes que tiene de arremeter contra los medios y periodistas que no le son afines no se puede creer que su acción sea para defender tales garantías.
Uno de los argumentos para decir que la juez Blanca Lobo pretende censurar la película es que antes de ordenar la suspensión provisional de su proyección debió pensar, precisamente, en el interés general. En este caso, el derecho de los mexicanos a conocer las miserias del sistema de procuración e impartición de justicia, lo que le da un gran valor al documental.
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