México, DF; 13 de marzo (Apro).- Cuando el jueves 3 de marzo Felipe Calderón fue a la Casa Blanca ya sabía de la operación Rápido y Furioso.The Center por Public Integrity (CPI), una organización no gubernamental con sede en Washington dedicada a hacer investigación periodística en el mundo, había informado desde febrero a la presidencia de la República que daría a conocer en la prensa de Estados Unidos una operación de tráfico de armas a México organizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
Durante varios días, pidieron una posición del gobierno de Calderón, que de forma reiterada le había reclamado al gobierno de Estados Unidos por la falta de control en la venta de armas que acaban en manos de los narcotraficantes mexicanos.
Era una manera de responsabilizar al gobierno de Barack Obama de la violencia que ha dejado ya unos 35 mil muertos, en la “guerra al narco” impulsada por Estados Unidos y abrazada en su totalidad por Calderón.
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