Por: Erika Ramírez
(29/09/2011) (Revista Contralínea)
A un año y cinco meses del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, no hay avances en las investigaciones para aprehender a los culpables, aunque las procuradurías General de la República y General de Justicia de Oaxaca abrieron expedientes después de la emboscada ocurrida el 27 de abril de 2010, en la región triqui de San Juan Copala, donde fueron abatidos. Los habitantes de esa zona indígena –simpatizantes del Municipio Autónomo– viven en el exilio desde el 13 de septiembre de 2010, fecha en que grupos armados ocuparon el pueblo.
Cayeron muertos por herida de bala. Los proyectiles de armas de uso exclusivo del Ejército, AK-47 o cuerno de chivo, atravesaron sus cuerpos al ser emboscados en el paraje Los Pinos, comunidad La Sabana, en la zona triqui dominada por la organización Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, viajaban al frente de la caravana de paz que pretendía llevar víveres a los habitantes de San Juan Copala. Su trabajo humanitario quedó cegado luego de que un grupo paramilitar de la Ubisort atacara a los activistas, maestros y periodistas.
A un año y cinco meses de los crímenes –en donde además hubo más de una decena de heridos y cuatro personas desaparecidas por un lapso de 60 horas– no existe ningún responsable aprehendido. “Éste es un problema de impunidad, que prevalece en todo el país”, opinan las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Franziska Keller.
En entrevista con Contralínea, las eurodiputadas hacen un balance de la situación de acoso y hostigamiento que se vive en San Juan Copala y en el país. “En una visión europea es inconcebible que una población [haya] sido sacada de su comunidad, y a más de un año no pueda volver”, comenta Satu Hassi, de origen finlandés.
(29/09/2011) (Revista Contralínea)
A un año y cinco meses del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, no hay avances en las investigaciones para aprehender a los culpables, aunque las procuradurías General de la República y General de Justicia de Oaxaca abrieron expedientes después de la emboscada ocurrida el 27 de abril de 2010, en la región triqui de San Juan Copala, donde fueron abatidos. Los habitantes de esa zona indígena –simpatizantes del Municipio Autónomo– viven en el exilio desde el 13 de septiembre de 2010, fecha en que grupos armados ocuparon el pueblo.
Cayeron muertos por herida de bala. Los proyectiles de armas de uso exclusivo del Ejército, AK-47 o cuerno de chivo, atravesaron sus cuerpos al ser emboscados en el paraje Los Pinos, comunidad La Sabana, en la zona triqui dominada por la organización Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).
Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jiry Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, viajaban al frente de la caravana de paz que pretendía llevar víveres a los habitantes de San Juan Copala. Su trabajo humanitario quedó cegado luego de que un grupo paramilitar de la Ubisort atacara a los activistas, maestros y periodistas.
A un año y cinco meses de los crímenes –en donde además hubo más de una decena de heridos y cuatro personas desaparecidas por un lapso de 60 horas– no existe ningún responsable aprehendido. “Éste es un problema de impunidad, que prevalece en todo el país”, opinan las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Franziska Keller.
En entrevista con Contralínea, las eurodiputadas hacen un balance de la situación de acoso y hostigamiento que se vive en San Juan Copala y en el país. “En una visión europea es inconcebible que una población [haya] sido sacada de su comunidad, y a más de un año no pueda volver”, comenta Satu Hassi, de origen finlandés.