viernes, 14 de octubre de 2011

Varias de La Jornada

  • Sepultaron las esperanzas de cambio, afirma en Madrid el dirigente de Morena
Fox y Calderón traicionaron la confianza de los mexicanos: AMLO
  • Hubo de su parte un comportamiento indigno, inmoral y antidemocrático, acusa el político
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Conferencia de Andrés Manuel López Obrador en el Instituto José Ortega y Gasset

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 3

Madrid, 13 de octubre. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la izquierda mexicana para las elecciones de 2012, aseguró que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón traicionaron la confianza de los mexicanos al sepultar las esperanzas de cambio que había hace 12 años, cuando se iniciaba una transición a la democracia, pero a cambio hubo de su parte un comportamiento indigno, inmoral y antidemocrático.

El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también adelantó algunas de las líneas principales de su política económica, sobre todo en materia de inversión extranjera: No habrá ni nacionalizaciones ni vamos a estatizar la economía, pero sí se luchará contra el influyentismo, la corrupción y para que prive la legalidad en la forma de hacer negocios. Nuestro objetivo es una renovación tajante de la vida pública, aseguró.

En su primera gira por España, López Obrador ofreció una conferencia en el Instituto José Ortega y Gasset, centro de estudios en el que suelen formarse jóvenes aspirantes a políticos del PRI y del PAN.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal dio la primera conferencia de un dirigente destacado de la izquierda mexicana, por lo que había enorme expectación hasta el punto de que el recinto resultó insuficiente para la cantidad de gente que acudió al encuentro –sobre todo universitarios y mexicanos residentes en España.

Recién llegado de Washington, López Obrador insistió en las tesis básicas de Morena, que tiene como objetivo último la renovación tajante de la vida pública por medio de un cambio de regimen que ponga fin al sistema diseñado por y para una oligarquía enferma de codicia.

El líder de la izquierda mexicana reconoció que en 2000, cuando fue derrotado por primera vez el PRI y había en la sociedad un espíritu de transformación y regeneración, éste se truncó por la traición de Fox, primero, y de Calderón, después.

La etapa de Fox es preferible olvidarla. Es un traidor a la democracia porque mucha gente creyó que iba a haber un cambio de país. Y Fox y Calderón traicionaron la confianza de los mexicanos. En el caso de Fox, además destruyó lo que se había avanzado en la construcción de la democracia en México; lo ha confesado de manera cínica cuando dijo, literal, que cargó los dados en la elección de 2006. Es un comportamiento inmoral, indigno y antidemocrático.

En su visita a España –el segundo país con inversiones en México, después de Estados Unidos–, López Obrador fue interrogado en varias ocasiones sobre sus propuestas en materia económica y fiscal, preguntándole si al llegar al poder llevaría a cabo nacionalizaciones o medidas similares. El político mexicano respondió:

“Nosotros pensamos que no debemos seguir privatizando lo poco que queda. Ha sido excesivo. Pero eso no significa que se va a estatizar la economía pública del país. No puede haber un Estado que asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco estamos en favor de que se diluya el Estado y que sólo lo domine, como sucede en nuestro país, un grupo con propósitos oscuros.

No vamos nosotros a revertir decisiones que ya se tomaron. Ya lo dije: va a haber justicia, no venganza. Vamos, eso sí, a poner orden. Pero no vamos a nacionalizar ni a privatizar.

López Obrador también fue cuestionado en varias ocasiones sobre la procedencia de los recursos con los que financia su movimiento, a lo que respondió que la transparencia es una mina de oro de nuestro movimiento. No ocultamos nada, absolutamente. Los datos están disponibles y los partidos progresistas también tienen que informar al IFE y al TEPJF. Nos pueden acusar de que no les gusta lo que digo, de que me como las eses, pero nunca de ser incongruente o ratero.

En relación con la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, el ex candidato presidencial explicó a grandes rasgos su visión del fenómeno: “Lo primero es combatir las causas. Que haya empleo, bienestar y que se atiendan las necesidades básicas. Eso significa cuantitativamente 80 por ciento de la estrategia para la solución del problema. El 20 por ciento restante se puede dividir en combatir la corrupción en todo lo que tiene que ver con la seguridad pública y la procuración de justicia, y en la profesionalización de la policía.

“En México se aplica una política coercitiva y estamos viendo que no funciona. No basta con el uso de la fuerza. Se requiere atender las causas. Hay inseguridad y violencia en nuestro país porque llevamos 28 años sin crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico no hay empleos. Y si no hay empleos no hay bienestar.

Y si no hay bienestar no hay tranquilidad ni paz social. Antes no había estallado porque la gente, de manera heroica, había optado por la emigración y por trabajar en la economía informal.

Finalmente se mostró en favor de la reforma política que se analiza en la Cámara de Diputados, como una manera de fortalecer la democracia y terminar con el poder de la oligarquía. Si no hay un cambio de régimen no se va a lograr nada en el país. El régimen actual se pudrió. Ya dio de sí. Así que tenemos que buscar una renovación tajante de la vida pública, remató.
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López Obrador critica la fusión Pemex-Repsol

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 5

Madrid, 13 de octubre. La operación de compra de acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Repsol debe investigarse, ya que ha causado un daño patrimonial a México, señaló el líder de la izquierda mexicana Andrés Manuel López Obrador, de visita en España para dar a conocer las líneas de su propuesta política.

Pemex tiene abierta una operación en Repsol, al anunciar el pasado 29 de agosto que había decidido aumentar su participación accionaria en virtud de un acuerdo de sindicación con la constructora Sacyr, para sumar entre las dos empresas 29.8 por ciento de la empresa e intentar controlar así la gestión ejecutiva.

El monto de la operación supuso para Pemex un total de mil 140 millones de euros (alrededor de mil 600 millones de dólares), desembolsados sin la autorización del Consejo de Administración de la paraestatal.

A este respecto, López Obrador expuso que Repsol es la compañía favorita de Felipe Calderón. De las empresas extranjeras es a la que le ha dado más contratos desde que era secretario de Energía. Por ese tiempo también se entregó un contrato a Repsol para la exploración de gas en la cuenca de Burgos, en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Fue un contrato jugoso y no hubo ninguna otra firma en la licitación.

El político tabasqueño añadió que “en 2005 se compró gas a Repsol. Ese gas no procede de Europa ni de España, porque aquí no se tiene producción. Es un gas que compró Repsol en Perú, utilizando relaciones políticas para venderlo en México.

Y les estoy hablando de un contrato de alrededor de 25 mil millones de dólares. Un gas vendido a precio muy alto y ese instrumento se decidió en la oficina de Calderón. Tampoco hubo licitación. O la hubo formalmente, pero en realidad el contrato se entregó a Repsol.

Por esto, López Obrador reclamó una investigación de la presencia de Pemex en la empresa española, puesto que no es nada transparente y de lo que no tengo duda es de que todos estos contratos han afectado la economía de México. Han causado daño patrimonial y hay que investigar qué hay detrás de todo esto. Pero desde luego llama la atención tanto interés de Calderón en Repsol
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  • Otorgó a la texana EMS convenios por diez años para trabajos de mantenimiento
Inhabilitan a funcionario de Pemex por irregularidades en asignación de contratos
  • Investiga la PGR a por lo menos seis colaboradores de la ex directora general de PMI
Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 27

Luis Sergio Guasso, subdirector de desarrollo de nuevos negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue inhabilitado por al menos tres meses por diversas irregularidades detectadas en la asignación del contrato de mantenimiento a la texana EMS por un periodo de 10 años del sistema 4 de ductos, conformado por 3 mil kilómetros.

Por otro lado, La Procuraduría General de la República (PGR) investiga por lo menos a seis funcionarios que colaboraban con María del Rocío Cárdenas Zubieta, ex directora general de PMI Comercio Internacional, brazo comercial de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en días recientes fue multada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) con 283 millones 942 mil pesos y destituida del cargo e inhabilitada por un periodo de 10 años, pues se le atribuye encabezar una red de corrupción que otorgó descuentos excesivos e injustificados por venta de gasolina Cóquer a dos empresas trasnacionales.

Uno de esos funcionarios trabaja en la PGR, y durante varios meses habría retrasado una investigación ministerial abierta hace 10 meses en contra de Cárdenas, indicaron fuentes ministeriales y gubernamentales que se negaron a revelar el nombre de los funcionarios involucrados en este caso.

Apenas hoy se sabe que la ex directora de PMI Comercio Internacional era investigada por la PGR desde inicios de este año, pero, a decir de las fuentes consultadas, la averiguación previa que se inició en el Ministerio Público Federal se mantuvo congelada sin que hubiera motivos legales para ello.

Como responsable de PMI, a Rocío Cárdenas Zubieta le tocó dar el visto bueno a la compra de acciones de Repsol por Pemex, aunque no fue la responsable de aprobarlo.

En el caso de Guasso Montoya, que fue inhabilitado junto con Aurora Pierdant Grustein, gerente de contratos, y Guadalupe Campuzano, integrantes de su equipo en Pemex, fuentes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) señalaron que el funcionario podría haber impugnado este fallo.
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Jornada de protestas en Juárez

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 6

Ciudad Juárez, Chih., 13 de octubre. Transportistas, maestros, madres de familia y empresarios protestaron durante la visita del presidente Felipe Calderón. Los primeros, a bordo de 50 unidades, se congregaron en avenida Tecnológico y Granjero, por donde pasó el mandatario, y manifestaron su repudio por las alzas a gasolinas, diesel y a los productos de la canasta básica.

En el museo La Rodadora ya esperaban a Calderón maestros y empleados del Sindicato del Tecnológico de Juárez, quienes le exigieron mejoras en los servicios médicos y equipamiento de clínicas. Elementos de seguridad impidieron a varias madres acercarse al auditorio donde se encontraba el titular del Ejecutivo, a quien pretendían exigir justicia ante la desaparición de sus hijas.

En desplegados, empresarios locales dieron a conocer que Juárez apenas ha recobrado la cuarta parte de los casi 100 mil empleos perdidos con la crisis de 2008, lo que atribuyen a la falta de estrategias eficientes por parte del gobierno federal.
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Maestros en paro anuncian nuevas marchas el miércoles en Acapulco y Chilpancingo

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 6

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) anunció que el próximo miércoles sus integrantes efectuarán marchas en Acapulco y Chilpancingo, en demanda que el gobierno garantice seguridad a los profesores, pues advirtió que el movimiento no termina con el desalojo efectuado anteayer contra maestros que bloqueaban la avenida Costera Miguel Alemán.

Víctor Hugo Ocampo Rodríguez, de la Comisión Política de la Ceteg, condenó la represión contra los maestros que bloqueaban la vía acapulqueña. Vuelven el autoritarismo, el diálogo falso, la simulación y el doble discurso como características palpables del gobierno del perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero, dijo.

Que mejor el gobierno garantice medidas de seguridad, pidió. Destacó que el mandatario estatal evidenció el verdadero carácter represivo de su administración, muy parecido al que ejerció durante su interinato de 1996 a 1999, cuando en su condición de priísta sustituyó a Rubén Figueroa.
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Son revictimizados los familiares de los 40 mil muertos de la guerra antinarco

Al conocer sólo parte de una historia, los parientes de un asesinado recrean escenarios falsos

Viernes 14 de octubre de 2011, p. 7
Periódico La Jornada

Cuernavaca, Mor., 13 de octubre. La mayoría de los familiares de las más de 40 mil personas asesinadas durante la lucha contra el crimen organizado han sido revictimizadas; viven el primer sacrificio cuando se da muerte a uno de sus seres queridos, y el segundo, cuando ni siquiera son escuchadas ni reconocidas como víctimas por las autoridades, aseguró Eddie Mendoza, experto en justicia restaurativa en delitos violentos del Departamento de Justicia Criminal en Texas, Estados Unidos.

Entrevistado esta mañana después de presentar una ponencia en el congreso internacional Impactos y escenarios de la reforma penal, mediación penal y mecanismos alternativos. Proceso de duelo de la víctima, dijo que para esas familias el dolor es mayúsculo, porque muchas veces no saben quién mató a su pariente, por qué, ni cómo ocurrió el crimen.

En esos casos, explicó, la familia muchas veces se queda con la terrible noticia de que su pariente fue ejecutado y es peor si el caso no se aclara y no se detiene ni castiga al o los responsables.

Estas familias viven un proceso de duelo doloroso y puede tardar hasta 15 años en superarlo.
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Pese a los 50 mil muertos, ONG apoya la guerra antinarco

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 8

Integrantes de la Red La Paz es Nuestra condenaron que el saldo del combate al crimen organizado sea de 50 mil muertos y que casi mil 300 niños y adolescentes fueran ejecutados, algunos hayan quedado en el fuego cruzado y otros hayan sido acribillados junto a sus familiares, así como que muchos perdieran la vida por estar involucrados con el narcotráfico. Sin embargo, justificaron la estrategia aplicada por el gobierno federal, porque se necesitaba una lucha frontal. En conferencia del prensa, Patricia Becerra y María del Carmen Pérez, representantes en el Distrito Federal de dicha organización, aseguraron que la red promueve actitudes de paz y no apoya la violencia
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Militares amenazan a reporteros que seguían un operativo

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 8

Ciudad Juárez, Chih. Una reportera de la fuente policíaca del periódico local El Diario fue amenazada por un militar durante un operativo. El oficial le dijo, en referencia a su actividad: Luego por eso amanecen muertos. El rotativo indicó que el hecho ocurrió el miércoles anterior en la confluencia de la avenida Insurgentes y Fray Marcos de Niza, donde una reportera y un fotógrafo intentaron captar imágenes y obtener datos de un despliegue militar, momento en que los abordaron soldados que viajaban en los vehículos números 0826356, 0826302 y en otro más. Los militares tomaron fotos y video de los comunicadores. Un militar que se identificó como capitán Díaz les ofreció una disculpa y solicitó que la acción no fuera difundida; aseguró que se atendía una denuncia anónima, pero el operativo terminó sin arrestos ni droga confiscada.
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  • Miembros de Nueva Izquierda instalan plantón permanente por irregularidades en el proceso
Se agravan diferencias en el PRD a pocos días de comicios para renovar direcciones

El senador Sotelo no descarta recurrir de nuevo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 14

Las diferencias y disputas entre corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se agravan, cuando faltan 10 días para las elecciones que renovarán los órganos de dirección del instituto político.

Militantes de Izquierda Democrática Nacional (IDN), encabezados por la secretaria general del PRD, Dolores Padierna, instalaron este jueves un plantón permanente frente a las oficinas de las Comisión Nacional Electoral –en la calle de Durango, colonia Roma– en protesta por las irregularidades en el proceso comicial.

Además, el senador Carlos Sotelo, de la corriente Frente Nacional Patria para Todas y Todos, no descartó recurrir nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para denunciar irregularidades, en caso de que el proceso, controlado por las corrientes afines a Jesús Zambrano, presidente nacional del partido, no se realice con imparcialidad, transparencia y legalidad.

Incluso, este jueves, varios de los representantes de dicha corriente, encabezados por el mismo senador Sotelo, se reunirían por separado con el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, y el magistrado Esteban Penagos López, a quienes les presentarían fichas informativas sobre la situación que guarda el padrón del PRD, y que es una de las irregularidades denunciadas.

Lo anterior, debido a que faltan pocos días para el proceso –23 de octubre– y no se conoce el listado nominal. Tampoco se ha publicado el encarte que indique el número y ubicación de las casillas en el país, que de acuerdo con el cronograma debió hacerse público el pasado 30 de septiembre.
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  • Tomás Torres: modifica el concepto tradicional del recurso; preocupa la discrecionalidad
Aprueban senadores la Ley de Amparo; se da más facultades al Poder Judicial

Evitar daños a comunidades agrarias o ejidos, entre los cambios efectuados a la normatividad

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 17

El Senado concluyó ayer la discusión y aprobación de las reformas a la Ley de Amparo, a la que se realizaron 27 cambios, entre ellos, uno encaminado a eliminar la intención de lesionar a comunidades agrarias y ejidos al evitar el despojo de sus tierras.

Es una reforma importante, que modifica el concepto tradicional de amparo, que garantiza su procedencia contra actos que atenten contra la vida, la libertad personal, contra desapariciones forzadas y destierros y contra la violación de derechos consagrados no sólo en la Constitución, sino en tratados internacionales, comentó el senador perredista Tomás Torres.

Sin embargo, recalcó, nos quedamos con algunas preocupaciones, entre ellas, que se dan amplísimas facultades al Poder Judicial, discrecionales incluso, para la interpretación y procedencia, tanto de la demanda de amparo, como del otorgamiento de la suspensión.

Luego de más de cuatro horas se votó en lo particular esa ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que contiene 272 artículos y nueve transitorios.
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  • Sin maíz no hay país critica el recorte presupuestal al sector
Con fines proselitistas, el traslado de Procampo a la Sedeso: organizaciones

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 17

Miembros de la campaña Sin maíz no hay país se sumaron a la crítica que organizaciones campesinas hicieron en torno al recorte presupuestal al programa Procampo y su traslado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).

Juan Olmedo, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), apuntó que el proyecto de presupuesto del gobierno federal en lugar de beneficiar a uno de los sectores más desprotegidos, que son los campesinos e indígenas, traslada (los recursos) a otro sector.

Consideró que pasar el manejo de Procampo a la Sedeso tiene fines proselitistas relacionados con el año electoral, para beneficiar al clientelismo que tiene el partido en el poder.

En entrevista por separado, Rosalba Calva, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA), agregó: Nos pronunciamos porque en el padrón de Procampo estén las organizaciones que realmente requieren apoyo, porque sabemos que a veces se va a productores de muy alta escala
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Pequeños productores, relegados de agroprogramas

Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 18

Para 2011 se programaron alrededor de 175 mil millones de pesos para programas productivos en el campo, los cuales se concentran en acciones que favorecen principalmente a grandes productores y a los estados del norte; quedan fuera los pequeños y medianos agricultores, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Advierte que los productores medianos y pequeños enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad y falta de acceso a insumos productivos que les permitan desarrollar una capacidad adecuada de generación de ingresos en el sector rural.

El gasto con acciones como Oportunidades se dirige a los hogares rurales pobres, pero la ausencia de programas productivos y al empleo limita la capacidad de aumentar sus ingresos en forma autónoma, indica en el documento Consideraciones presupuestales 2012.

Afirma que para mejorar el acceso de los hogares rurales pobres y más vulnerables a los programas productivos y de empleo existentes se deberían destinar recursos con mayor incidencia sobre poblaciones pobres; revisar las reglas de operación y crear nuevos instrumentos diseñados para aumentar las capacidades productivas, sobre todo en la comercialización, pues es ahí donde los programas productivos para la población más pobre han tenido fallas importantes
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  • Amenazan a la mujer con quitarle a su hijo si no abandona huelga de hambre
Torturan y encarcelan a pareja tzotzil por un secuestro que no se cometió
  • Joven se fugó con su novio; presumen que su padre pagó para que aprehendieran al matrimonio
Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Viernes 14 de octubre de 2011, p. 18

Alfredo López Jiménez, en huelga de hambre desde el 29 de septiembre en el penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y su esposa, Rosa López Díaz, en ayuno, fueron sentenciados a 27 años de prisión por un secuestro que nunca existió.

Originario de Chimhukóm, municipio tzotzil de Mitontic, Alfredo fue detenido junto con Rosa el 10 de mayo de 2007 en San Cristóbal por hombres que no se identificaron y los torturaron.

Alfredo, solidario de la Voz del Amate, de la otra campaña, narra: “Cuando habíamos pasado por torturas, nos dijeron que nos estaban llevando por prestarle la casa a un amigo, que había ido ahí con Claudia Estéfani Gómez Méndez, a quien mi primo Juan Collazo había enamorado y ‘robado’, que según las costumbres es cuando una muchacha se va con un hombre sin que éste pague el dote a los padres; esto no es un secuestro. La hermana de Claudia anteriormente había hecho lo mismo con otro hombre”.

Le preguntaron por la joven, y contestó que estaba con su marido, Juan. Lo llevaron a la casa y lo dejaron amarrado en el carro. Juan y Claudia estaban comiendo. A él lo detuvieron y a Claudia un policía le dio una cachetada. Después me llevan con los ojos vendados a un lugar donde escuché los gritos de alguien que estaba pasando por la tortura
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Astillero
  • Abren la puerta a relección presidencial
  • Provisional podría regresar
  • Clave, secretario de Gobernación
  • Curules y escaños a sorteo
Julio Hernández López

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CITA EN SAN LÁZARO. El secretario Francisco Blake compareció ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del quinto Informe presidencial. El funcionario abogó por la reforma política, en especial la relección de representantes populares, que la víspera fue rechazada en comisiones

La miscelánea de modificaciones en materia política que está por aprobarse en la cámara de diputados abre la puerta a una forma de relección presidencial, pues un secretario de gobernación podría ser nombrado presidente provisional de la república, ejercer el cargo durante un tiempo susceptible de alargamiento por confusas interpretaciones y contender más delante para regresar al cargo por seis años más.

El dictamen aprobado la madrugada de ayer por dos comisiones unidas de la cámara de diputados, sobre el cual habrá de votar el pleno tal vez la semana venidera, propone excluir del articulado constitucional la inhabilitación explícita para que un presidente sustituto pudiera aspirar a volver a ejercer el máximo cargo del país. El nuevo artículo 83 de la Constitución diría ahora así: El Presidente entrará a ejercer su encargo al inicio del día 1º de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. En la nueva redacción se incluyeron las palabras al inicio del día, para evitar indefinición cronológica del momento de transmisión del poder y se eliminó el término provisional, con lo que se abre la puerta para que quien con ese carácter emergente se llegue a instalar en la silla presidencial pueda optar por la relección, posibilidad hasta ahora tajantemente prohibida bajo cualquier circunstancia.

La peculiar aparición del secretario de gobernación como provisional en caso de ausencia del presidente en funciones obedece a la intención de establecer un orden de relevo urgente, a reserva de lo que luego deberá resolver el congreso. El mecanismo automático de relevo del presidente pasa por el titular de Bucareli, pero en las consideraciones originales se establecía que en su ausencia o imposibilidad del de Gobernación se optaría por el secretario de Hacienda o, por último, el de Relaciones Exteriores. Ese presidente no podría nombrar ni remover secretarios del gabinete ni al procurador de justicia más que con aprobación del Senado y deberá rendir un informe de labores en un lapso de 10 días después de dejar el cargo. En una de las hipótesis que se autorizarían estaría la de que el secretario de gobernación, o el que fuera designado presidente conforme al orden de prelación antes mencionado, pudiera estar al frente del poder ejecutivo por 60 días de licencia del titular.
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Dinero
  • Los diputados que votaron a favor de los gasolinazos
  • Otra denuncia contra el presidente de Cofetel
  • Apple a la mexicana
Enrique Galván Ochoa

En los próximos tres años un número incontable de empresas pequeñas y medianas, así como changarros, se irán a la quiebra. Aumentarán de precio las mercancías y los servicios –¡la tortilla ya está entre 13 y 15 pesos el kilo!– y millones de familias sentirán el rigor del hambre insatisfecha. Otras más enfermarán y no tendrán dinero para curarse. Y no se trata de dramatizar la realidad. Un grupo de 27 diputados de todos los partidos, reunidos en la Comisión de Hacienda de la Cámara, decidieron extender los gasolinazos tres años más. El presidente Calderón había propuesto dos; no quisieron andarse con limitaciones y se fueron a tres. Sacarán de las cajas de las empresas y los bolsillos de las familias entre 80 mil y 100 mil millones de pesos. ¿Y a dónde ha ido e irá todo ese dinero? A los gobernadores de los estados. A los Moreira, a los Fidel Herrera, a los Eugenio Hernández. Vienen las elecciones, es necesario que ustedes conozcan los nombres de los diputados que cometieron el atraco. Sólo uno votó en contra: Mario di Costanzo (PT).

No hay que olvidarlos

Y los que votaron a favor de que sigan los gasolinazos son los siguientes: PAN: Mario A. Becerra Pocoroba, Luis Enrique Mercado Sánchez, Julio Castellanos Ramírez, Raúl Gerardo Cuadra García, Martín Rico Jiménez, María Marcela Torres Peimbert, Ovidio Cortázar Ramos, Oscar Saúl Castillo Andrade, Ruth Esperanza Lugo Martínez. PRI: Víctor Roberto Silva Chacón, David Penchyna Grub, Jesús Alberto Cano Vélez, Ildefonso Guajardo Villarreal, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Josué Cirino Valdés Huezo, Ricardo Ahued Bardahuil, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Silvio Lagos Galindo, Jorge Carlos Ramírez Marín, Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Adán Rubí Salazar, María Esther Scherman Leaño. PRD: Claudia Edith Anaya Mota. Partido Verde: Adriana Sarur Torre, Alberto E. Cinta Martínez. Panal: Gerardo del Mazo Morales.
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México SA
  • Jaloneo y presupuesto
  • El reparto de Hacienda
  • Cordero: urge de urgir
Carlos Fernández-Vega

Año tras año, por estas fechas y entre gritos y sombrerazos, se registran tremendos agarrones entre las distintas bancadas partidarias en San Lázaro porque, cada una a su manera, dice defender (léase jalar la cobija hacia su respectiva esquina) el interés popular a la hora de asignar y autorizar el presupuesto de egresos de la federación. No pocos diputados (los únicos legalmente autorizados para decidir cómo y en qué se gastan los recursos públicos) consideran que ajustar dicho presupuesto es una labor meticulosa, toda vez que los números deben cuadrar para favorecer el bienestar de los mexicanos.

Más allá de las alegóricas frases y de los encontronazos que anualmente se observan en la Cámara de Diputados por el motivo citado, lo cierto es que 90 centavos de cada peso presupuestal tiene inamobible destino, un enorme candado desde antes de que los legisladores siquiera conozcan la propuesta del inquilino de Los Pinos en turno en materia del ejercicio del gasto público, con lo que tales gritos y sombrerazos se dan en torno a los 10 centavos restantes. Pago de la nómina burocrática, puntual cobertura del servicio de la deuda, gasto corriente en general y otros renglones limitan en extremo tal ejercicio. Aun así, los muchachos de San Lázaro son entrones a la hora de repartirse el diezmo.

Una vez aprobado el presupuesto de egresos de la Federación (una vez cuadrado, con los cambios autorizados), los legisladores de inmediato marchan hacia algún destino de playa (con cargo a ese mismo presupuesto, desde luego) para recuperarse de tan agotadaras jornadas. Pero tardan más los inquilinos de San Lázaro en ajustar el gasto público, que el Ejectuvo en modificarlo por vía de los hechos, de tal suerte que la intensa labor de los diputados se va al bote de la basura, porque en la tienda de enfrente el inquilino de Los Pinos, por medio de la Secretaría de Hacienda, decide cómo y a quién se le amplía o reduce la rebanada presupuestal.
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Ley correcta, realidad no tanto

El pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer, por unanimidad, las reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución, que hacen obligatoria la educación media superior. De acuerdo con la minuta aprobada en San Lázaro –que tendrá que ser avalada por la mayoría de los congresos estatales–, la obligatoriedad del bachillerato será gradual y se iniciará a partir del ciclo escolar 2012-2013, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país, a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022.

Las reformas referidas constituyen un avance en la adecuación del marco legal vigente a las necesidades sociales del país. Pero, aunque el propósito que se persigue resulta incuestionable, esas modificaciones no bastan para llevarlo a cabo.

En principio, el país arrastra un rezago histórico en materia de cobertura educativa: actualmente, cuatro de cada 10 jóvenes en edad de cursar el bachillerato se quedan sin ingreso a los ciclos de educación media superior, no sólo por las carencias de su preparación escolar previa, sino por falta de cupo en los planteles públicos; tales niveles de exclusión son consecuencia de la asfixia presupuestaria, el abandono y la precariedad a que ha sido sometida la educación pública por los gobiernos neoliberales, incluido el actual. Para que dicha reforma cuente con condiciones mínimas de cumplimiento es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantizar educación gratuita y de calidad para todos los mexicanos, así como frenar el proceso de conversión de la enseñanza en un producto disponible sólo para quienes puedan adquirirlo, proceso negado por los gobernantes de las tres décadas anteriores pero convertido en una alarmante realidad hoy día.
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El desplegado

Luis Javier Garrido

La iniciativa de un grupo de políticos y académicos confundidos para instaurar obligatoriamente en México, tras una contrarreforma constitucional, gobiernos de coalición para asegurar un Ejecutivo fuerte que pueda imponer los programas neoliberales, no es sino otra tentativa autoritaria más –bastante torpe, por cierto– para hacer inviable la voluntad de los mexicanos en 2012 y salvar al régimen actual, que se halla en abierta descomposición.

1. El gran capital trasnacional está requiriendo cada vez más de gobiernos autoritarios, y las presiones que se dan en todo el mundo van en esa dirección, por lo que lo raro hubiese sido que en México no se produjeran, como ahora se hace una vez más tratando de destruir la parte orgánica de la Constitución de 1917 con el pretexto aparente de hacer más funcional al gobierno cuando no cuente con un respaldo mecánico del Legislativo, pero con la pretensión real de quitarle derechos al pueblo al negociar todo a sus espaldas, por lo que esta iniciativa nace muerta por su obviedad.

2. El desplegado, difuso y ambiguo, suscrito por 46 personas, que publicaron los matutinos el lunes 10 para impulsar las coaliciones, no es otra cosa que una tentativa más que, con el pretexto de ser la quintaesencia de la tolerancia, busca establecer un autoritarismo a nivel constitucional. El mal redactado documento contiene verdades de Perogrullo, medias verdades y afirmaciones aberrantes que evidencian la ignorancia constitucional de sus redactores, pero no dice con claridad lo que quieren, por lo que su verdadero sentido hay que buscarlo en su origen y en las declaraciones que los abajofirmantes han multiplicado.
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La fiscalía en torno a Acteal: crimen de Estado

Gilberto López y Rivas

En el desastre nacional que vive el México de nuestros días, pasó relativamente inadvertida la publicación del último Balance de situación de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de Justicia en el estado (de Chiapas) y aquellos cometidos en el poblado de Acteal, mismo que sirve de sustento a la demanda contra Ernesto Zedillo por diversos delitos graves –entre los que destacan crímenes de guerra y de lesa humanidad–, presentada el 16 de septiembre pasado en la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos (ver el blog acteal97). Esta acción judicial provocó el desmantelamiento de la fiscalía, el cese de su personal y la entrega del expediente a la Procuraduría General de la República.

El Balance de situación –de 125 páginas a renglón cerrado– es un sorprendente alegato en el que, a partir de las diligencias realizadas y de la documentación recabada y verificable desde su creación, en noviembre de 2007, la fiscalía llega a las siguientes conclusiones: 1. La masacre de Acteal no fue un hecho sorpresivo ni aislado: fue el clímax de una cadena de violencia que anticipaba la matanza del 22 de diciembre de 1997. 2. La posibilidad de los hechos de violencia referidos era de conocimiento de la autoridad local, estatal y federal. 3. Las autoridades federal y estatal también estaban informadas sobre la presencia de grupos armados paramilitares. 4. Dada la documentación y la evidencia, la conclusión lógica que se impone es que hubo responsabilidad penal por omisión impropia (conspirativa) de parte de los gobiernos federal y estatal en la masacre de Acteal. Estas responsabilidades no se han deslindado y, por lo tanto, hay un caso de impunidad en hechos que implicaron la muerte de 45 personas. 5. Existen elementos para argumentar también responsabilidades al gobierno como promotor de los grupos armados. 6. Para conocer la verdad histórica, deslindar responsabilidades y lograr justicia en el caso Acteal, es indispensable la comparecencia de personalidades que, hasta la fecha, no han dado cuenta de sus actos. Principalmente, es preciso obtener el testimonio del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y de su secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, y precisar su responsabilidad en el homicidio. 7. La tesis del conflicto intercomunitario es sólo parte de la explicación en el caso Acteal. Sin el componente de omisión, y de permisividad del gobierno respecto a la escalada de violencia regional y la presencia de grupos armados, no es posible dar cuenta satisfactoriamente de por qué ocurrieron así los hechos. 8. El uso de las instituciones de justicia con agendas políticas provocó la detención de inocentes y la fabricación de culpables. En todo caso, se negó a los inculpados (culpables e inocentes) el derecho al debido proceso. 9. A casi 13 años de la masacre de Acteal, además de los deliberados errores y las graves omisiones del momento, y del abusivo modo en que se impartió justicia después, hay una serie de preguntas que siguen necesitando ser respondidas por las autoridades de aquel entonces. 10. Se ha soslayado el valor documental que aportan los medios de comunicación en su cobertura de los hechos.
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Nueva guerra sucia, duelo sin fin

Víctor M. Quintana S.

La desaparición de un ser querido es duelo que no termina. A diferencia de la muerte cierta, es un continuo renacer y fenecer la esperanza. Duelo sin fin que viven cientos de familias mexicanas desde que se inició esta guerra contra el crimen organizado.

Si la imposición de regímenes dictatoriales o autoritarios en los años 70 en América Latina desató la guerra sucia de los estados represores contra los disidentes armados o pacíficos de la izquierda, y significó el asesinato o la desaparición forzada de miles de ellos, la guerra contra el narcotráfico en México entraña la desaparición de miles de personas, no por disentir con el régimen, sino por estorbar a los objetivos ilegales de criminales, policías o militares. Es la nueva guerra sucia.

Siguen sin ser presentados los hermanos Carlos José y José Luis Guzmán Zúñiga, secuestrados por el Ejército en Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2008. Lo mismo sucede con los jóvenes Nitza Paola Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por militares en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Este último caso se encuentra ya en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La impunidad de que gozan los responsables de estas privaciones ilegales de la libertad es lo que permite que se reproduzcan y multipliquen nuevas desapariciones forzadas. Ciudad Cuauhtémoc, tercera población del estado de Chihuahua, aparentemente era de las localidades menos afectadas por la violencia y los homicidios, pero en el curso de cuatro meses el terror ha sentado sus reales, por las múltiples desapariciones de personas.
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¡Ni un paso atrás!

Jorge Camil

Según Reforma, el sábado pasado la guerra anticrimen había alcanzado la cifra de 10 mil ejecutados este año. “De acuerdo con el “ejecutómetro” de ese diario (¡a lo que hemos llegado!), un total de 10 mil 22 personas murieron en incidentes relacionados con el crimen organizado en los primeros nueve meses de 2011. Cuatro estados concentraban la mitad de las víctimas (Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Sinaloa). Y en los demás las cifras de 2010 habían sido rebasadas. El ejecutómetro no solamente lleva el meticuloso conteo de víctimas, sino que las separa en categorías diferentes: con mensaje, policías, decapitados, torturados, hombres y mujeres. No se puede llevar una cuenta más rigurosa.

La Jornada informó también, en marzo pasado, utilizando datos de la Sedena, que más de mil 300 menores habían muerto hasta entonces en la guerra de Calderón (bit.ly/rdBvE6). Y otros ejecutómetros, como el de Milenio, ajustan la cifra del sexenio en más de 50 mil. Algunos expertos en seguridad nacional, como Eduardo Guerrero, estiman con datos confiables que el sexenio podría terminar con más de 60 mil muertos. ¿Qué importan los números?, la cifra que fuere constituye una tragedia nacional.

Revisando mis notas encontré un artículo publicado al inicio del sexenio, cuando los muertos eran 2 mil. De ahí fuimos in crescendo anualmente a 5 mil, 6 mil, 11 mil, y ahora 10 mil 22 en nueve meses. Mi columna de entonces se tituló Cuerpo especial del Ejército (bit.ly/ooiTNR), y comentaba que José Luis Soberanes, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Navarrete y la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se oponían a la intervención del Ejército en esta guerra. Y en especial a la creación de un cuerpo especial del Ejército que adquirió carácter institucional el 4 de mayo de 2007 por decreto presidencial. ¿Qué fue de esa unidad militar, ahora que el Ejército, la Marina, Estados Unidos y los paramilitares están involucrados? No obstante, Felipe Calderón estaba decidido. No ha dejado de creer por un solo minuto en la solución militar. No le ha temblado la mano. Para él no existe otro camino, ni tampoco hay estrategia de salida.
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