El 2 de diciembre de 2012, el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN),
así como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) firmaron el Pacto
por México, que hasta habla de “respeto a los derechos humanos”
precisamente en el momento en que la sociedad mexicana estaba impactada
por la provocación y represión del 1 de diciembre en la Ciudad de
México, en la que se encarceló no a los provocadores e infiltrados, sino
a manifestantes pacíficos. Setenta personas inocentes que se
manifestaban contra la imposición de Peña permanecieron más de una
semana en la cárcel, y hoy todavía están procesando a 14 presos
políticos de Peña, Ebrard y Mondragón.
Pero
desde el 2 de diciembre, los medios han realizado una gran propaganda
sobre el Pacto por México al presentarlo como favorable a la unidad
nacional, el progreso, la armonía, y evalúan altamente a la “izquierda
responsable” que se une al proyecto peñista. Nada dicen del método de
negociación y aprobación de dicho Pacto, totalmente cupular y
autoritario, pues lo presentan como un hecho político consumado que se
aplicará gracias a la maquinaria del PRIAN (contracción de las
siglas PRI y PAN) y aliados, sin discusión previa, aun cuando son
asuntos que, aunque nos conciernen a todos, han sido firmado sólo por
los presidentes de tres partidos de los siete existentes, sin consulta
alguna a la sociedad.
Dicho Pacto firmado por PRI-PAN-PRD
está lleno de “buenas intenciones” en abstracto, además de que
“reconoce” avances (inexistentes) del gobierno de Calderón en materia de
educación, salud, etcétera, y dice querer “ampliar” los derechos
exigibles y efectivos para todos los mexicanos. Detrás de un lenguaje
muy moderno y democrático esconde un proyecto de privatización y
privilegios para las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y
omite la defensa de obreros, campesinos, indígenas, empresarios medianos
y pequeños, etcétera.
El Pacto oculta más de lo que dice,
pero lo firman para legitimar a Peña, luego de que tanto el PAN como el
PRD lo habían exhibido por su compra de votos en una elección que no fue
ni libre ni auténtica como lo marca la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. El mensaje del Pacto es de unidad de los
neoliberales en torno al nuevo gobierno del PRIAN que encabeza Peña y que en campaña se pueden decir de todo, pero para gobernar a favor de la oligarquía todos están unidos.
En el Pacto no se habla de soberanía
nacional y popular, excluye la soberanía alimentaria y la soberanía
energética, no habla de fortalecer el mercado interno ni de política
salarial o derechos laborales, tampoco se compromete a rescatar al campo
al aumentar sustancialmente el presupuesto para el sector agrario, o de
hacer justicia a los pueblos campesinos. En materia social no hay
nuevos derechos universales.
En los compromisos 57 y 69 buscan
privatizar al sector energético y poner el IVA (impuesto al valor
agregado) a medicinas y alimentos, pero todo lo dicen de manera muy
ambigua y ocultan sus engaños con un lenguaje complicado. De hecho el
Pacto presenta aspectos inconstitucionales en materia de energía al
promover inversiones (incluídas las privadas) en el área, sin precisar
cuáles sectores, y al hablar de competencia en gasolina y petroquímica
básica. Lo que de hecho enmascara la verdadera intención de Peña es la
privatización de la industria petrolera, como afirmó Martí Batres (La Jornada,
8 de diciembre de 2012). Al respecto, Cuauhtémoc Cárdenas dijo, el 6 de
diciembre, que: “… el Pacto por México tiene omisiones importantes y
cosas que son preocupantes, como la apertura de la refinación de crudo a
la competencia privada, falta de compromiso con el ejido y las
comunidades indígenas y carencia de metas para creación de empleos
formales”.
Pero Peña y sus aliados van más allá y
pretenden profundizar aún más las líneas neoliberales que les dictan
desde Washington para subsidiar a las corporaciones y abrirles todo el
mercado mexicano, aun las áreas restringidas por la Constitución, y al
mismo tiempo seguir eliminando subsidios a la población. En el
compromiso 73 hablan de que está mal subsidiar a los que “más tienen”,
con esto ocultan su intención de eliminar subsidios que goza la
población en general, pero que le hacen tanta falta a los sectores más
empobrecidos.
El lenguaje es muy bonito, por ejemplo
hablan de un sistema de seguridad social universal. Lo que no dicen es
que buscan debilitar y luego eliminar al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). El Seguro Popular (compromiso 1) se
propone que sea extendido para cubrir así los servicios de salud, pero
no garantiza la cobertura a nivel nacional ni dice que será gratuito. En
el fondo de esto está la entrada de las aseguradoras, que ya desde
ahora han crecido con Grupo Ángeles, de Vázquez Raña, o Star Médica, de
Slim, para controlar la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Muy
importante es observar que todo esto se parece mucho, y va por igualarse
seguramente, al sistema de salud gringo que llaman Obama care en
donde las compañías de seguros venderían los seguros para atención
médica. Esto es una amenaza para privatizar los hospitales públicos, que
por supuesto disfrazarían como Seguro Popular (leer el artículo “Parche
sobre parche”, de G Leal, en www.educacioncontracorriente.org).
Prometen pensión para adultos mayores
de 65 años sin Sistema de Ahorro para el Retiro o pensión del IMSS o
ISSSTE (compromiso 3). En este punto se trata de continuar la
privatización de pensiones y de que seguirá funcionando el sistema de
administradoras de fondos para el retiro (Afores), que cobra altas
comisiones y devuelve rendimientos y pensiones mínimas a los verdaderos
titulares de los recursos pensionarios: los trabajadores. Los que
realmente ganan son los bancos que manejan las Afores.
Van a engordar a la banca
extranjera con dinero del gobierno que depositará para pensiones u otras
prestaciones y debilita las instituciones públicas, así sucede con el
seguro de desempleo (compromiso 4). No tiene definido a quiénes
beneficiaría y cómo se va a implantar, pero es seguro que el dinero lo
manejará la banca privada. En el caso del seguro de vida para jefas de
familia (compromiso 5) no dice cómo se aplicaría y obviamente es la puerta abierta para un gran negocio de compañías aseguradoras.
Buscan “robustecer la autonomía de
gestión de las escuelas”, lo que significa que los padres seguirán
aportando más y más dinero en las escuelas supuestamente “gratuitas”. En
todo promueven el capital privado, por ejemplo buscan ligar los sitios
arqueológicos con “promoción turística”, como hizo Peña en Teotihuacán.
El Pacto habla de un programa nacional
de derechos humanos y de “paz”, y de hacer una ley del uso legítimo de
la fuerza pública… Con lo sucedido el 1 de diciembre de 2012 es claro
que hablan de la “paz” como la del dictador Porfirio Díaz.
Incluyen medidas que están promoviendo
desde Estados Unidos, como la cédula de identificación biométrica que
exige la seguridad del imperio para homogeneizar bajo el control
el Pentágono y la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadunidense)
los bancos de datos de Canadá, Estados Unidos y México. Recordemos que
bajo la bandera de defender los derechos humanos Estados Unidos ha
invadido países extranjeros. Ahora Peña con su Pacto se da el lujo de
presentarse como “defensor de los derechos humanos”, y hasta propone
legislar una ley en materia de reparación del daño, cuando desde el
primer día de su gobierno reprime salvajemente a los jóvenes y encarcela
a inocentes.
Otro de los engaños del Pacto por
México es hablar de unificar los códigos penales de todo el país para
hacer uno sólo, lo que viola la soberanía de los estados e impone un
centralismo como el que querían los conservadores del siglo XIX. La
expedición de un código penal único para todo el país limitaría aún más
las potestades legislativas de las entidades federativas y se
atropellaría el derecho de las mismas a defender libertades y proteger
derechos. Por ejemplo, en más de la mitad de los estados de la República
el aborto está penalizado con cárcel, incluso en caso de violación o la
posible pérdida de la vida de la madre. Si se unifican los códigos
penales de todo el país darían un paso regresivo en este renglón y en la
exigencia de que la mujer decida sobre su cuerpo.
Quieren engordar a la banca
privada con aportaciones del gobierno para desempleados, becas y seguros
de vida, en vez de crear una banca social. Además de promover
becas-salario, con las cuales el gobierno les paga a los jóvenes para
que trabajen como mano de obra superbarata en las empresas que se supone
tienen que dar media beca. En educación, hablan de calidad para
expulsar a los maestros críticos y cerrar escuelas para introducir un
sistema como el Charter de Estados Unidos, que lleva a la privatización
de la educación, vía subsidio a las escuelas privadas.
Dicen que el Pacto ataca los “poderes
fácticos”, pero en realidad no los toca, ya que se modificó un punto de
la última versión del documento –que Aristegui Noticias obtuvo–
en el que se garantizaba a los consumidores de televisión restringida el
acceso gratuito a señales de televisión abierta. Esta mención fue
eliminada en el documento final del Pacto. De haberse establecido que no
se cobrará por retransmitir una señal abierta, la empresa de Emilio
Azcárraga perdería más de 2 mil millones de pesos trimestrales.
En el punto 90 del Pacto hablan de una
reforma electoral en la que atacan el uso de materiales utilitarios y
de construcción, pero no hablan de entregar dinero en efectivo o en
monederos electrónicos, con lo que preparan nuevos fraudes. Hablan de
fortalecer la legislación para evitar el financiamiento sucio. Pero no
hablan de prohibir el financiamiento para manipular elecciones. A esta
reforma electoral le hacen falta dientes y no elimina la partidocracia ni todos los mecanismos de control del PRIAN.
Pero además de todo, el Pacto es
demagógico. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió
que, al analizar el Pacto por México se concluye que sin reforma
hacendaria no es posible cumplir los compromisos que establece. De los
puntos 46 al 95 requieren recursos equivalentes a seis puntos del
producto interno bruto. La otra posible manera de cumplir los
compromisos sin recurrir a fuentes de financiamiento sería un mayor
déficit o el incremento de la deuda pública (La Jornada, 9 de
diciembre de 2012). ¿De dónde van a sacar recursos? Eso no lo dicen. El
Barzón dice que el Pacto por México debe ser sometido a un gran debate
nacional entre los diversos sectores de la sociedad, pues es necesario
que el gobierno esclarezca de dónde procederán los ingresos para empezar
a cumplir con los compromisos establecidos en el documento. De hecho la
reforma fiscal no se precisa.
El Pacto tiene la intención política de mostrar una unidad del PRIAN
con el PRD a favor de Peña y su gobierno, y ha sido repudiado
ampliamente por todos los sectores conscientes de la población como el
Movimiento Regeneración Nacional, la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, el Movimiento Yo Soy 132, el Sindicato
Mexicano de Electricistas, El Barzón, organizaciones campesinas y todos
los sectores progresistas de nuestro país. En resumen, Andrés Manuel
López Obrador dijo qué es el Pacto contra México. Por eso, al rechazar
la profundización del neoliberalismo, es necesario que nos unamos todos
los mexicanos en un gran frente por México y por un real y democrático
nuevo proyecto de nación.
*Politólogo y urbanista; vocero del Congreso de la Soberanía y dirigente de Mexteki
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