Luis Hernández Navarro
El tamaulipeco José 
Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y
 el Desarrollo Económico (OCDE), tiene dotes de astrólogo. Entusiasmado 
por la aprobación de las reformas laboral y educativa a finales de 2012 y
 por las que están en puerta, declaró a la prensa: 
Al menos en los últimos 15 años, no habían estado los astros tan alineados como ahora para aprobar un buen número de reformas estructurales, y eso hay que aprovecharlo.
Su gusto por las predicciones no es nuevo. En 1993 profetizó ante un 
grupo de empresarios japoneses que el proyecto del entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari duraría hasta 2012. Su conjetura no era 
desinteresada. Gurría formó parte de esa administración como director 
general del Banco Nacional de Comercio Exterior, negociador del capítulo
 financiero del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, como 
director general de Nacional Financiera (Nafinsa).
Militante del PRI desde los 18 años, a José Ángel Gurría es fanático 
del libre mercado. Secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con
 Ernesto Zedillo y uno de los favoritos del ex mandatario para sucederlo
 en Los Pinos, fue apodado el Ángel de la dependencia por su 
determinación de que México negociara su deuda externa con organismos 
financieros multilaterales y bancos extranjeros al margen de otros 
países deudores de América Latina que buscaban mejores condiciones de 
pago. Esos organismos –justificó– 
no vienen a darnos recetas ni imposiciones, sino a compartir su conocimiento sobre temas que analizan y estudian.
Desde junio de 2006, el Ángel de la dependencia pudo 
comprobar que no es lo mismo ser cantinero que borracho. Una cosa es 
beber las copas y otra servirlas. En esa fecha asumió por primera 
ocasión la secretaría general de la OCDE y pasó a 
compartir el conocimiento sobre los temas que analiza y estudiaa los países que la integran. A partir de entonces se ha dedicado a despachar amargas recetas neoliberales a cuanto gobierno se deja. Uno de los sectores de intervención predilectos del club de países ricos es el educativo. De hecho, la reforma educativa que aprobó el Congreso de la Unión el pasado 20 de diciembre tiene el inconfundible aroma de las conclusiones del
Acuerdo de Cooperación OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México, publicadas en Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México de 2010 y Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes: consideraciones para México de 2011.
Uno tras otro, los puntos sobre transformaciones en el sistema de 
enseñanza en México anunciados por Peña Nieto en su discurso de toma de 
protesta como Presidente el 1º de diciembre pasado, las propuestas 
pedagógicas incorporadas al Pacto por México y las recientes reformas a 
los artículos 3 y 73 constitucionales, fueron recomendaciones de la 
OCDE. Es decir, los cambios al sistema educativo recientemente aprobadas
 por el Congreso provienen de un organismo multilateral.
No hay novedad alguna. No se trata de una excepción, sino de 
la regla. A pesar de que el Programa Internacional para la Evaluación de
 Estudiantes (PISA), impulsado por la OCDE, no toma en cuenta ni el 
currículo nacional ni las diferencias socioculturales y regionales, se 
aplica en México desde 2000. Ambiciosas proyectos pedagógicos, como la 
Reforma Integral a la Educación Básica y la Alianza por la Calidad de la
 Educación, son, en mucho, frutos de las propuestas que el club de 
países ricos hizo al gobierno federal en el 
Análisis del sistema escolar mexicano a luz de los resultados PISAde 2006.
Esta enorme influencia de la OCDE en la educación del país ha llevado
 a investigadores como Marcelino Guerra y Lucía Rivero a preguntarse si 
la SEP mudó su domicilio de la Plaza de Santo Domingo a París, ya que su
 sede central se encuentra en el Chateau de la Muette en esa ciudad. La 
revista Contralínea documentó la enorme cantidad de recursos 
que el país paga al organismo por sus estudios y asesoría y lo que se 
gasta en el traslado de funcionarios del sector educativo a las oficinas
 parisinas.
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