John M. Ackerman
Inmediatamente después
de declarar luto nacional durante su comida con la Confederación
Patronal de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto
honróa los muertos de la explosión en Pemex vacacionando en un hotel de lujo en las playas de Nayarit. Mientras, el titular del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Claudio X. González, aprovechó el fin de semana largo para lanzarse en contra de la eliminación de los privilegios fiscales incluida en el Pacto por México.
El río regresa a su cauce. Las vacaciones de Peña Nieto y la postura del CMHN son dos caras de la misma moneda. Tanto el
luto nacionalcomo la
unidad nacionalterminan como meras cortinas de humo para encubrir el mismo cinismo e intereses de siempre. Se agota la estrategia de gobernar por medio de espectáculos mediáticos y la indignación ciudadana aumenta.
No es suficiente que las investigaciones de la explosión en Pemex
se conduzcan con transparencia. Hay que dar el salto de la información a la rendición de cuentas y de la transparencia al castigo de los responsables. Por ejemplo, independientemente de si se trató de una bomba o un mero accidente, el titular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, está obligado a presentar su renuncia al cargo de manera inmediata por su total negligencia para garantizar la seguridad de las instalaciones centrales de la empresa petrolera.
La rendición de cuentas se pervierte cuando se reduce a la mera
exhibición de datos. México es un destacado ejemplo a escala mundial de
las consecuencias de este tipo de impunidad transparente. A pesar de los
avances en materia de acceso a la información pública, el país se
mantiene como uno de los más corruptos del mundo. En 2012, México
recibió de Transparencia Internacional una calificación de 34 (de 100)
en materia de corrupción, colocándolo en una posición inferior en la
tabla mundial en relación con países como Malí, Bolivia, Senegal, China y
Cuba.
Una de las principales razones del fracaso de la transición a la
democracia y el combate a la corrupción en México es precisamente la
impunidad de los poderosos. Nadie paga los platos rotos. Felipe Calderón
goza de su decorosa jubilación a cargo del erario federal bajo la
protección de la Universidad Harvard. Ernesto Zedillo también pasea con
toda tranquilidad por las aulas de la Universidad Yale.
El viernes pasado, un amplio grupo de familiares de las víctimas le gritaron a todo pulmón
asesinoa Peña Nieto mientras salía en una camioneta blindada de su visita relámpago al Hospital Regional de Pemex en Azcapotzalco.
Él es el culpable de que murieran esas personas y de que mi papá esté lesionado. Seguramente lo que quiere es privatizar Pemex y éste es un ejemplo que nos está lesionando como trabajadores, declaró uno de los manifestantes a la prensa nacional.
Al momento de redactar las presentes líneas todavía no
conocemos las verdaderas causas del siniestro en Pemex, pero lo
expresado por este familiar de uno de los heridos es muy lógico. Si lo
que ocurrió el jueves fue un accidente, entonces existe una deplorable e
imperdonable falta de vigilancia, mantenimiento y cuidado de las
instalaciones de la paraestatal por las autoridades federales. Como
titular del Poder Ejecutivo y de la administración pública federal, Peña
Nieto es el responsable directo, al lado de Lozoya y Pedro Joaquín
Coldwell, de la seguridad de quienes trabajan en la empresa. Así como
Juan Molinar Horcasitas tendría que haber sido enjuiciado por el caso de
los niños quemados en la Guardería ABC, los más altos funcionarios
públicos también tienen que dar la cara por el caso de Pemex.
Ahora bien, si la explosión fue intencional, también es imperativo
llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. En ese caso,
resulta casi imposible imaginar que un grupo de
izquierdasea el responsable del acontecimiento. Estos grupos buscan defender el petróleo y la paraestatal, no destruirlos. No tendría lógica alguna bombardear las instalaciones de una empresa con el fin de evitar su privatización. Al contrario, los que se benefician con la impresión de vulnerabilidad y descuido en la empresa son precisamente los que se frotan las manos con la posibilidad de regalar la paraestatal a sus amigos y a las empresas trasnacionales.
Lo más probable es que nunca contaremos con la información completa
sobre este terrible acontecimiento y mucho menos sabremos quiénes son
los verdaderos responsables. Tal como ocurrió en los casos de Luis
Donaldo Colosio, Juan Camilo Mouriño, Francisco Blake Mora, Diego
Fernández de Cevallos, Monex y Fobaproa, la opacidad y la impunidad una
vez más serán la regla.
La única esperanza, entonces, es que la ciudadanía responda hoy de
una manera similar a como actuó frente a la irresponsable y criminal
respuesta del presidente Miguel de la Madrid Hurtado al terremoto de
1985. Hace tres décadas, un renovado espíritu de solidaridad cívica y
participación ciudadana surgieron de los escombros de la ciudad para
empujar la democratización del país. Hoy de nuevo tendrían que ser los
ciudadanos quienes llenen el vacío de poder para imponer un verdadero
régimen de rendición de cuentas, así como evitar el saqueo del
patrimonio nacional. Ello sería la mejor forma de honrar el espíritu
revolucionario de nuestra Constitución que mañana cumple 96 años.
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