La indígena otomí sentenciada a 21 años de prisión por el secuestro de seis elementos de la AFI fue liberada la madrugada de hoy del Cereso de San José el Alto
Jacinta sale libre luego de tres años de cárcel
"ME SIENTO CONTENTA" Los abogados de Jacinta señalaron que podrían pedir una indemnización para su clienta por el tiempo que pasó en prisión (Foto:
Juan José Arreola/Corresponsal
El Universal
Querétaro Miércoles 16 de septiembre de 2009
07:53 "Me siento contenta", fue la primera exclamación de Jacinta Francisco Marcial al salir minutos después de la una de la madrugada de este miércoles del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José el Alto, en donde estuvo recluida por espacio de tres años y un mes.
A Jacinta -indígena otomí de Santiago Mexquititlán- se le acusó y juzgó por el delito de secuestro en agravio de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando éstos realizaban un operativo de decomiso de productos "pirata" en el tianguis de Santiago Mexquititlán.
Sin pruebas contundentes, en medio de un proceso plagado de irregularidades, con pruebas no definitorias, Jacinta Francisco fue acusada, juzgada y sentenciada a purgar 21 años de prisión por un delito que no cometió.
Junto con ella fueron también acusadas Teresa González y Alberta Alcántara, ambas también indígenas y también acusadas sin pruebas contundentes.
Jacinta salió del penal a bordo de un automóvil particular en el que iba acompañada por su esposo, Guillermo Francisco Prisciliano, por su abogado defensor, Andrés Díaz, y por una de sus hijas.
Pidió a quienes le realizaban preguntas que por ahora ya no la cuestionaran; se concretó a decir solamente que se sentía contenta y que después podría hablar, pues quería descansar.
Bernardo Romero Vázquez, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos "Fray Jacobo Daciano" y quien fungió como enlace del Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", instancia que se encargó directamente de la defensa de Jacinta.
Bernardo Romero afirmó que ya en libertad, Jacinta junto con su abogados, analizarán la posibilidad de solicitar una indemnización por el tiempo que injustamente estuvo en prisión. Nota de el Universal: http://www.eluniversal.com.mx/notas/626835.html
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miércoles, 16 de septiembre de 2009
miércoles, 19 de agosto de 2009
No encuentran a ex AFI que acusó a Jacinta
Señala el abogado de la indígena otomí que el proceso penal no avanza porque Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, a quien supuestamente la mujer secuestró, no ha sido localizado
Juan José Arreola / Corresponsal
El Universal
Querétaro Miércoles 19 de agosto de 2009
14:40 El proceso penal contra la indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial, no avanza porque uno de los ex agentes federales de investigación que presuntamente fue secuestrado por ella, no lo encuentran.
Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el juez cuarto responsable del proceso, encuentran a Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, el ex agente que acusó directamente a Jacinta Francisco Marcial, de haberlo secuestrado.
El abogado defensor de Jacinta, Andrés Díaz afirmó que desde diciembre del año pasado, cuando Jorge Ernesto renunció a su empleo, "misteriosamente desapareció y extrañamente ni siquiera la PGR lo ha podido localizar".
Declarada este martes como "presa de conciencia" por Amnistía Internacional, la indígena queretana Jacinta Francisco cumplió tres años en prisión, acusada de haber secuestrado al referido agente judicial.
El proceso en su contra su repuesto y, por consecuencia, se citó nuevamente a comparecer a la media docena de ex agentes que presumiblemente fueron agredidos por la población indígena de Santiago Mexquititlán.
Cuatro de ellos ya acudieron al citatorio emitido por el juez cuarto; otro más, Antonio Bautista falleció y, en consecuencia, se hizo una declaración supletoria.
Sin embargo, el proceso está detenido porque "no aparece Jorge Ernesto Cervantes".
De los 62 careos ordenados por el juez, ya se concretaron 40 pero faltan aún 22, en los que se encuentra involucrado este ex agente.
Lo anterior fue revelado durante una conferencia a la prensa realizada en la ciudad de Querétaro, para dar a conocer el avance en el proceso de Jacinta Francisco Marcial.
Juan José Arreola / Corresponsal
El Universal
Querétaro Miércoles 19 de agosto de 2009
14:40 El proceso penal contra la indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial, no avanza porque uno de los ex agentes federales de investigación que presuntamente fue secuestrado por ella, no lo encuentran.
Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el juez cuarto responsable del proceso, encuentran a Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, el ex agente que acusó directamente a Jacinta Francisco Marcial, de haberlo secuestrado.
El abogado defensor de Jacinta, Andrés Díaz afirmó que desde diciembre del año pasado, cuando Jorge Ernesto renunció a su empleo, "misteriosamente desapareció y extrañamente ni siquiera la PGR lo ha podido localizar".
Declarada este martes como "presa de conciencia" por Amnistía Internacional, la indígena queretana Jacinta Francisco cumplió tres años en prisión, acusada de haber secuestrado al referido agente judicial.
El proceso en su contra su repuesto y, por consecuencia, se citó nuevamente a comparecer a la media docena de ex agentes que presumiblemente fueron agredidos por la población indígena de Santiago Mexquititlán.
Cuatro de ellos ya acudieron al citatorio emitido por el juez cuarto; otro más, Antonio Bautista falleció y, en consecuencia, se hizo una declaración supletoria.
Sin embargo, el proceso está detenido porque "no aparece Jorge Ernesto Cervantes".
De los 62 careos ordenados por el juez, ya se concretaron 40 pero faltan aún 22, en los que se encuentra involucrado este ex agente.
Lo anterior fue revelado durante una conferencia a la prensa realizada en la ciudad de Querétaro, para dar a conocer el avance en el proceso de Jacinta Francisco Marcial.
lunes, 17 de agosto de 2009
AI demanda libertad de indígena Jacinta
Considera Amnistía Internacional como 'presa de conciencia' a la indígena mexicana condenada a 21 años de prisión por el secuestro de seis agentes federales
EFE
El Universal
Londres Lunes 17 de agosto de 2009
18:15
Amnistía Internacional (AI) calificó como "presa de conciencia" a la indígena mexicana Jacinta Francisco, condenada a 21 años de prisión por el secuestro de seis agentes federales, y reclamó su inmediata liberación ante las irregularidades detectadas durante el proceso.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos sostiene que Jacinta Francisco está encarcelada "únicamente por su situación social marginal y pobre", lo que ha limitado su capacidad de responder ante la Justicia de los hechos que se le imputan.
En concreto, la indígena fue detenida el 3 de agosto de 2006, acusada de participar en el secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigaciones del país norteamericano durante una operación contra vendedores de DVD piratas en el mercado de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro.
El conflicto estalló cuando los agentes entraron a este mercado e intentaron confiscar los productos de varios vendedores, a lo que éstos respondieron pinchándoles las ruedas de algunos vehículos.
A pesar de que la tensión tan sólo duró unas horas, los agentes denunciaron esa misma noche ante la Procuraduría General que habían sido secuestrados durante varias horas, aunque en ningún momento de su declaración mencionaron a la acusada.
Sin embargo, después de que un diario local publicase una foto del incidente en la que la indígena aparecía tras uno de ellos, los agentes reconocieron a Francisco.
Fue entonces cuando la indígena fue llevada a comisaría, donde se le acusó formalmente del delito.
"El caso de Jacinta es un escándalo", manifestó el investigador de Amnistía para México, Rupert Knox, que añade que este caso es "un ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas".
Así, AI denuncia que en el momento de su detención y su posterior traslado al Centro de Readaptación de San José El Alto, la indígena hablaba muy poco español, pese a lo cual no se le asignó ningún intérprete.
Además, la organización censura que su abogado defensor nunca habló con Francisco para explicarle la situación y que, según el testimonio de la propia acusada, tan sólo se limitaba a permanecer sentado en un rincón de la sala mientras a ella le obligaban a firmar papeles "que no entendía".
Asimismo, AI asegura que la única prueba que se presentó en el juicio contra la indígena fue la instantánea aparecida en prensa y que, ni siquiera, los agentes implicados comparecieron para proceder a su reconocimiento en persona.
"Lo que le ha ocurrido a Jacinta -prosigue Knox- demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social".
Por su parte, Jacinta Francisco, que lleva ya tres años entre rejas, ha confesado a la organización la impotencia que sintió cuando ingresó en la cárcel "sin haber hecho nada malo".
"En ese momento -afirma la indígena- lloré, lloré y dije ¿ahora qué? Cuando escuchaba las puertas abrirse pensaba que ojalá me dejaran ir, pero no ocurría".
En la actualidad, Jacinta Francisco continúa encarcelada a la espera de que se celebre un nuevo juicio, después de que el pasado 17 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México admitiese que se habían detectado "graves irregularidades" y que se habían presentado "pruebas falsas" en el proceso.
EFE
El Universal
Londres Lunes 17 de agosto de 2009
18:15
Amnistía Internacional (AI) calificó como "presa de conciencia" a la indígena mexicana Jacinta Francisco, condenada a 21 años de prisión por el secuestro de seis agentes federales, y reclamó su inmediata liberación ante las irregularidades detectadas durante el proceso.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organización defensora de los derechos humanos sostiene que Jacinta Francisco está encarcelada "únicamente por su situación social marginal y pobre", lo que ha limitado su capacidad de responder ante la Justicia de los hechos que se le imputan.
En concreto, la indígena fue detenida el 3 de agosto de 2006, acusada de participar en el secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigaciones del país norteamericano durante una operación contra vendedores de DVD piratas en el mercado de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro.
El conflicto estalló cuando los agentes entraron a este mercado e intentaron confiscar los productos de varios vendedores, a lo que éstos respondieron pinchándoles las ruedas de algunos vehículos.
A pesar de que la tensión tan sólo duró unas horas, los agentes denunciaron esa misma noche ante la Procuraduría General que habían sido secuestrados durante varias horas, aunque en ningún momento de su declaración mencionaron a la acusada.
Sin embargo, después de que un diario local publicase una foto del incidente en la que la indígena aparecía tras uno de ellos, los agentes reconocieron a Francisco.
Fue entonces cuando la indígena fue llevada a comisaría, donde se le acusó formalmente del delito.
"El caso de Jacinta es un escándalo", manifestó el investigador de Amnistía para México, Rupert Knox, que añade que este caso es "un ejemplo de la justicia de segunda clase que suelen recibir en México las poblaciones indígenas".
Así, AI denuncia que en el momento de su detención y su posterior traslado al Centro de Readaptación de San José El Alto, la indígena hablaba muy poco español, pese a lo cual no se le asignó ningún intérprete.
Además, la organización censura que su abogado defensor nunca habló con Francisco para explicarle la situación y que, según el testimonio de la propia acusada, tan sólo se limitaba a permanecer sentado en un rincón de la sala mientras a ella le obligaban a firmar papeles "que no entendía".
Asimismo, AI asegura que la única prueba que se presentó en el juicio contra la indígena fue la instantánea aparecida en prensa y que, ni siquiera, los agentes implicados comparecieron para proceder a su reconocimiento en persona.
"Lo que le ha ocurrido a Jacinta -prosigue Knox- demuestra el uso indebido que se está haciendo del sistema de justicia mexicano para procesar sin las debidas garantías a las personas más vulnerables. Se ha ido contra ella debido a su etnia, a su género y a su condición social".
Por su parte, Jacinta Francisco, que lleva ya tres años entre rejas, ha confesado a la organización la impotencia que sintió cuando ingresó en la cárcel "sin haber hecho nada malo".
"En ese momento -afirma la indígena- lloré, lloré y dije ¿ahora qué? Cuando escuchaba las puertas abrirse pensaba que ojalá me dejaran ir, pero no ocurría".
En la actualidad, Jacinta Francisco continúa encarcelada a la espera de que se celebre un nuevo juicio, después de que el pasado 17 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México admitiese que se habían detectado "graves irregularidades" y que se habían presentado "pruebas falsas" en el proceso.
domingo, 19 de julio de 2009
PGR creó falsos testigos en caso Jacinta: CNDH
Señalan que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia de la indígena acusada de secuestrar a seis elementos de la AFI
Ruth Rodríguez
El Universal
Domingo 19 de julio de 2009
12:08
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió que mediante testimonios “de oídas” y falsos testigos, servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron supuestos elementos de prueba para encarcelar a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
La acusación en contra de las indígenas, las señala como responsables de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La CNDH omitió pronunciarse en torno a las sentencias que se han emitido en torno a las indígenas, porque, explicó, no forma parte del ámbito de su competencia el supervisar las actuaciones de los impartidores de justicia.
En el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, la CNDH considera que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de la que fuera Agencia Federal de Investigación de la PGR.
La recomendación 47/2009 está dirigida al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, a quien se le solicitó que, por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, se dé vista al Órgano Interno de Control en la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos, para que investigue al personal involucrado en este caso y se inicie la averiguación previa correspondiente.Leer mas
Ruth Rodríguez
El Universal
Domingo 19 de julio de 2009
12:08
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió que mediante testimonios “de oídas” y falsos testigos, servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR) encontraron supuestos elementos de prueba para encarcelar a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
La acusación en contra de las indígenas, las señala como responsables de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La CNDH omitió pronunciarse en torno a las sentencias que se han emitido en torno a las indígenas, porque, explicó, no forma parte del ámbito de su competencia el supervisar las actuaciones de los impartidores de justicia.
En el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, la CNDH considera que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de la que fuera Agencia Federal de Investigación de la PGR.
La recomendación 47/2009 está dirigida al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, a quien se le solicitó que, por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, se dé vista al Órgano Interno de Control en la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos, para que investigue al personal involucrado en este caso y se inicie la averiguación previa correspondiente.Leer mas
jueves, 16 de abril de 2009
Boletin del Caso Jacinta
· Pese a que constata muy graves vicios en el proceso, el magistrado se limita a ordenar la reposición del juicio.
· Tras más de dos años y medio en prisión, la justicia vuelve a negarse a quienes más padecen su inequidad.
· La defensa de Jacinta Francisco Marcial acudirá a todas las instancias restantes para buscar la justicia hoy aplazada; la campaña de solidaridad por su liberación seguirá adelante.
· Tras más de dos años y medio en prisión, la justicia vuelve a negarse a quienes más padecen su inequidad.
· La defensa de Jacinta Francisco Marcial acudirá a todas las instancias restantes para buscar la justicia hoy aplazada; la campaña de solidaridad por su liberación seguirá adelante.
El 19 de diciembre de 2008, Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena ñhä-ñhú (otomí), fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro. El Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro la condenó, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, considerándola responsable de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro.
Ante la insuficiencia de las pruebas empleadas para acusarla y la profunda injusticia patente en el caso, el Centro Prodh asumió la defensa de Jacinta en segunda instancia durante enero de 2009. Junto con una campaña de solidaridad en su favor que suscitó numerosas adhesiones, el Centro Prodh interpuso el recurso de apelación en representación de la mujer indígena. Éste recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, a cargo del magistrado Hanz Eduardo Muñoz López.
Las numerosas irregularidades del proceso permitían al magistrado restituir los derechos de Jacinta para modificar la sentencia y devolverle su libertad. No obstante, en su resolución de fecha 7 de abril el magistrado López Muñoz se limitó a ordenar la reposición del procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente se desahoguen pruebas. Con esto, la misma autoridad que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tendrá nuevamente en sus manos su libertad.
En su fallo, notificado apenas en días pasados a Jacinta, el magistrado reconoce abiertamente que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los seis agentes federales de investigación que dicen haber sido “secuestrados” por Jacinta, Teresa y Alberta. También reconoce expresamente la posibilidad de que los hechos se hayan derivado de una negociación consentida y propuesta por los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante, ante las contradicciones, omite presumir la inocencia de Jacinta y ordena el desahogo de nuevas pruebas; así, ante la duda no absolvió sino que optó por perpetuar el encarcelamiento.
Con la sentencia dictada por el Tribunal Unitario se refrenda la negativa a reconocer la presunción de inocencia de Jacinta y a presumir en los hechos lo contrario: su culpabilidad, aun cuando la acusación en su contra es absurda.
Por otra parte, el fallo del Tribunal Unitario revictimiza a Jacinta al posponer, casi indefinidamente, la resolución sobre el fondo del caso. En efecto, si se considera que algunos de los careos ordenados por el magistrado requieren que los agentes federales, que se dicen víctimas de Jacinta, acudan al Juzgado Cuarto, el juicio puede prolongarse considerablemente: durante el juicio estos fueron infructuosamente llamados para careos en más de quince ocasiones, lo que muestra su desinterés absoluto en el proceso y su negativa a colaborar con el cabal esclarecimiento de los hechos.
Es importante recordar que, como ha sido reiteradamente señalado por este Centro –y por la opinión pública interesada en el caso– el juicio seguido a Jacinta Francisco Marcial patentiza la discriminación que prodigan las instancias de justicia en contra de quienes son indígenas, mujeres y viven en situación de marginalidad. Para ellas, en México, no hay justicia ni Estado de Derecho.
Igualmente, este Centro ha insistido en que el caso muestra que en la actualidad las instancias de justicia son empleadas deliberadamente, abusando de figuras como el secuestro, para castigar o inhibir expresiones de protesta o descontento popular. Las mismas procuradurías que no son efectivas al investigar y esclarecer los verdaderos secuestros –aquellos donde se extorsiona privando violentamente de la libertad y exigiendo rescate– son expeditas e implacables cuando se trata de imputar ese grave delito a quienes, con pruebas o sin ellas, son relacionados por las autoridades con actos de protesta.
En la actual circunstancia, Jacinta, su familia y el Centro Prodh seguiremos agotando todas las instancias jurídicas necesarias para probar su inocencia. Por ende, hacemos un renovado llamamiento a las personas que se han solidarizado con ella a que continúen participando en la campaña emprendida para alcanzar su liberación. En este sentido, en el sitio de internet del Centro Prodh (www.centroprodh.org.mx) seguirán encontrando acciones a realizar para participar en la campaña. Hoy más que nunca, apoyar a Jacinta y exigir justicia es imprescindible.
Contacto Prodh: Tania Gómez (comunicacion@centroprodh.org.mx)
(01 55) 55 46 82 17, ext. 116.
Ante la insuficiencia de las pruebas empleadas para acusarla y la profunda injusticia patente en el caso, el Centro Prodh asumió la defensa de Jacinta en segunda instancia durante enero de 2009. Junto con una campaña de solidaridad en su favor que suscitó numerosas adhesiones, el Centro Prodh interpuso el recurso de apelación en representación de la mujer indígena. Éste recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, a cargo del magistrado Hanz Eduardo Muñoz López.
Las numerosas irregularidades del proceso permitían al magistrado restituir los derechos de Jacinta para modificar la sentencia y devolverle su libertad. No obstante, en su resolución de fecha 7 de abril el magistrado López Muñoz se limitó a ordenar la reposición del procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longhi, para que nuevamente se desahoguen pruebas. Con esto, la misma autoridad que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tendrá nuevamente en sus manos su libertad.
En su fallo, notificado apenas en días pasados a Jacinta, el magistrado reconoce abiertamente que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los seis agentes federales de investigación que dicen haber sido “secuestrados” por Jacinta, Teresa y Alberta. También reconoce expresamente la posibilidad de que los hechos se hayan derivado de una negociación consentida y propuesta por los servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante, ante las contradicciones, omite presumir la inocencia de Jacinta y ordena el desahogo de nuevas pruebas; así, ante la duda no absolvió sino que optó por perpetuar el encarcelamiento.
Con la sentencia dictada por el Tribunal Unitario se refrenda la negativa a reconocer la presunción de inocencia de Jacinta y a presumir en los hechos lo contrario: su culpabilidad, aun cuando la acusación en su contra es absurda.
Por otra parte, el fallo del Tribunal Unitario revictimiza a Jacinta al posponer, casi indefinidamente, la resolución sobre el fondo del caso. En efecto, si se considera que algunos de los careos ordenados por el magistrado requieren que los agentes federales, que se dicen víctimas de Jacinta, acudan al Juzgado Cuarto, el juicio puede prolongarse considerablemente: durante el juicio estos fueron infructuosamente llamados para careos en más de quince ocasiones, lo que muestra su desinterés absoluto en el proceso y su negativa a colaborar con el cabal esclarecimiento de los hechos.
Es importante recordar que, como ha sido reiteradamente señalado por este Centro –y por la opinión pública interesada en el caso– el juicio seguido a Jacinta Francisco Marcial patentiza la discriminación que prodigan las instancias de justicia en contra de quienes son indígenas, mujeres y viven en situación de marginalidad. Para ellas, en México, no hay justicia ni Estado de Derecho.
Igualmente, este Centro ha insistido en que el caso muestra que en la actualidad las instancias de justicia son empleadas deliberadamente, abusando de figuras como el secuestro, para castigar o inhibir expresiones de protesta o descontento popular. Las mismas procuradurías que no son efectivas al investigar y esclarecer los verdaderos secuestros –aquellos donde se extorsiona privando violentamente de la libertad y exigiendo rescate– son expeditas e implacables cuando se trata de imputar ese grave delito a quienes, con pruebas o sin ellas, son relacionados por las autoridades con actos de protesta.
En la actual circunstancia, Jacinta, su familia y el Centro Prodh seguiremos agotando todas las instancias jurídicas necesarias para probar su inocencia. Por ende, hacemos un renovado llamamiento a las personas que se han solidarizado con ella a que continúen participando en la campaña emprendida para alcanzar su liberación. En este sentido, en el sitio de internet del Centro Prodh (www.centroprodh.org.mx) seguirán encontrando acciones a realizar para participar en la campaña. Hoy más que nunca, apoyar a Jacinta y exigir justicia es imprescindible.
Contacto Prodh: Tania Gómez (comunicacion@centroprodh.org.mx)
(01 55) 55 46 82 17, ext. 116.
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