CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A. C.
Foro
PEMEX: "Seguridad Nacional y Petróleo"
EL Club de Periodistas de México A.C. se complace en invitar a usted al 3er Foro sobre Pemex: Temática: Seguridad Nacional y Petróleo.
Dip. y Gral. Roberto Badillo Martínez, Encargado de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y de Seguridad Nacional del Congreso. Jefe de la Sección Segunda (Inteligencia), Estado Mayor de la Defensa Nacional; Comandante de las zonas militares de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. Agregado Militar en Buenos Aires, Argentina. Licenciado en Administración Militar, miembro del PRI, originario de Veracruz. Autor de Artículos de Historia Militar y de Historia de México, de la Revista del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicana; Artículos de Política Internacional, de los periódicos Imagen de Veracruz y Diario de Xalapa; Autor del libro de Política Internacional; y del Manual de Aspectos Técnicos del Servicio de Transporte Militar.
Dr. Juan Ramón Jiménez, Académico de la Facultad de Contaduría de la UNAM y Premio Nacional de Periodismo 2003. Economista de la UNAM, con estudios de posgrado en Chicago, San Antonio y Nueva York. Exfuncionario de la Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal, SEMIP y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, SHCP. Miembro de la red ATTAC de Francia, apoyada por el periódico Le Monde, organización que dirige la Dra Suzanne De Brunhoff, asesora de Seguridad Nacional del Presidente Francois Mitterrand, miembro de Axis For Peace, de Bruselas, Bélgica que coordina Thierry Meysan, Miembro de Harvard Watch, órgano académico que investiga el Crimen Financiero y Corporativo Global. Originario de Sabinas, Coahuila.
Moderadores: Celeste Sáenz de Miera y Aguiar, Jorge Santa Cruz
Se transmitirá en vivo por radioamlo tv en punto de las 6 de la tarde
www.radioamlo.tv
viernes, 2 de mayo de 2008
Mejores salarios reclaman 22 mil obreros
Primera Plana
C A M P E C H E
viernes 2 de mayo de 2008
Mejores salarios reclaman 22 mil obreros
Más oportunidades y no privatizar Pemex
Mejoría salarial, trato justo y equitativo, no a la explotación laboral, mayores oportunidades y el rechazo a la privatización de Petróleos Mexicanos, reclamaron ayer unos 22 mil trabajadores sindicalizados de dependencias estatales, federales, de la iniciativa privada y agrupaciones, al participar en el desfile del Día del Trabajo, que tardó más de cuatro horas en su recorrido en el primer cuadro de la ciudad.
El gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez en punto de las nueve horas encabezó el desfile junto con los integrantes de su gabinete, acompañados de la Banda de Música del Gobierno del Estado, para conmemorar el 122 aniversario de la gesta heroica de los Mártires de Chicago y de los movimientos obreros de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz.
Participaron unos 125 contingentes pertenecientes a la Federación de Trabajadores del Estado de Campeche (CTM), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coalición Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado.
En los bajos de los portales el mandatario estatal saludó el paso de los contingentes y recepcionó demandas, lo que hizo lento el desfile. Jubilados y pensionados del Ingenio Azucarero “La Joya” se quejaron de la falta de pago, por lo que pidieron su intervención, en tanto el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión rechazaron la contratación laboral libre y sin prestaciones.
Un grupo de integrantes del Frente Unico de Trabajadores del Volante aseguraron haber sido obligados a participar, porque de lo contrario habrían sido sancionados por su dirigente. Ofrecieron mejorar la prestación de sus servicios y no cobrar en el día de la graduación de radio taxi jaguar.
Los integrantes del Comité en Defensa del Petróleo, encabezados por Manuel de Atocha Chablé Gutiérrez y Cruz Ramayo, simulando personajes de Estados Unidos externaron al gobernador la preocupación de la privatización de Pemex, y le pidieron sumarse a esa defensa.
Mujeres de la FTC pidieron que el acoso sexual y el hostigamiento laboral sean considerados como delitos en Campeche, y sus compañeros pidieron que los empleos creados sean para campechanos, “porque hasta ahora no vemos claro”.
El Sindicato de Transportistas en General del Comercio y Servicio en Camionetas pidieron que los incluyan en el programa de modernización del transporte, lo que fue turnado a la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial.
La mejoría de la calidad de vida, con mayor acceso a la carrera magisterial, que les permitiría mayores salarios, reclamó el Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche.
Los miembros de la Sociedad Cooperativa de Minitaxis insistieron en demandar concesiones, y distribuyeron entre los funcionarios dulces de miel de abeja. Concluyó el desfile con las cooperativas de transporte urbano, que prometieron mejorar sus servicios.
La concentración de contingentes inició a las ocho horas sobre la vía de dos carriles de circulación del parque de San Martín y avenida Miguel Alemán. Comenzó el desfile a las nueve horas sobre la calle 12 cruce con 49, a la altura de la Primaria “Justo Sierra Méndez”, con una descubierta de motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, y la Banda de Música del Gobierno del Estado.
La columna recorrió la calle 12 hasta llegar al cruce con la calle 67, Circuito Baluartes y un tramo de la calle 53, donde se desintegró.
Participaron 29 sindicatos y organizaciones afiliadas a la FTC, 13 contingentes de la CNOP y FSTSE, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, con siete organizaciones; el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, Sección 78.
Además 43 delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado, 15 organizaciones y agrupaciones productivas de la CNOP y un contingente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
http://www.tribunacampeche.com/
C A M P E C H E
viernes 2 de mayo de 2008
Mejores salarios reclaman 22 mil obreros
Más oportunidades y no privatizar Pemex
Mejoría salarial, trato justo y equitativo, no a la explotación laboral, mayores oportunidades y el rechazo a la privatización de Petróleos Mexicanos, reclamaron ayer unos 22 mil trabajadores sindicalizados de dependencias estatales, federales, de la iniciativa privada y agrupaciones, al participar en el desfile del Día del Trabajo, que tardó más de cuatro horas en su recorrido en el primer cuadro de la ciudad.
El gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez en punto de las nueve horas encabezó el desfile junto con los integrantes de su gabinete, acompañados de la Banda de Música del Gobierno del Estado, para conmemorar el 122 aniversario de la gesta heroica de los Mártires de Chicago y de los movimientos obreros de Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz.
Participaron unos 125 contingentes pertenecientes a la Federación de Trabajadores del Estado de Campeche (CTM), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coalición Nacional de Agrupaciones Productivas y de Servicios y la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado.
En los bajos de los portales el mandatario estatal saludó el paso de los contingentes y recepcionó demandas, lo que hizo lento el desfile. Jubilados y pensionados del Ingenio Azucarero “La Joya” se quejaron de la falta de pago, por lo que pidieron su intervención, en tanto el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión rechazaron la contratación laboral libre y sin prestaciones.
Un grupo de integrantes del Frente Unico de Trabajadores del Volante aseguraron haber sido obligados a participar, porque de lo contrario habrían sido sancionados por su dirigente. Ofrecieron mejorar la prestación de sus servicios y no cobrar en el día de la graduación de radio taxi jaguar.
Los integrantes del Comité en Defensa del Petróleo, encabezados por Manuel de Atocha Chablé Gutiérrez y Cruz Ramayo, simulando personajes de Estados Unidos externaron al gobernador la preocupación de la privatización de Pemex, y le pidieron sumarse a esa defensa.
Mujeres de la FTC pidieron que el acoso sexual y el hostigamiento laboral sean considerados como delitos en Campeche, y sus compañeros pidieron que los empleos creados sean para campechanos, “porque hasta ahora no vemos claro”.
El Sindicato de Transportistas en General del Comercio y Servicio en Camionetas pidieron que los incluyan en el programa de modernización del transporte, lo que fue turnado a la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial.
La mejoría de la calidad de vida, con mayor acceso a la carrera magisterial, que les permitiría mayores salarios, reclamó el Sindicato Unico de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche.
Los miembros de la Sociedad Cooperativa de Minitaxis insistieron en demandar concesiones, y distribuyeron entre los funcionarios dulces de miel de abeja. Concluyó el desfile con las cooperativas de transporte urbano, que prometieron mejorar sus servicios.
La concentración de contingentes inició a las ocho horas sobre la vía de dos carriles de circulación del parque de San Martín y avenida Miguel Alemán. Comenzó el desfile a las nueve horas sobre la calle 12 cruce con 49, a la altura de la Primaria “Justo Sierra Méndez”, con una descubierta de motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte, y la Banda de Música del Gobierno del Estado.
La columna recorrió la calle 12 hasta llegar al cruce con la calle 67, Circuito Baluartes y un tramo de la calle 53, donde se desintegró.
Participaron 29 sindicatos y organizaciones afiliadas a la FTC, 13 contingentes de la CNOP y FSTSE, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, con siete organizaciones; el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, Sección 78.
Además 43 delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado, 15 organizaciones y agrupaciones productivas de la CNOP y un contingente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.
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Ley Lozano, la contrareforma que viene
Ley Lozano, la contrarreforma que viene
La propuesta de reforma laboral del gobierno de Calderón atenta contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical; por lo tanto, es contraria a la Constitución, advierten legisladores y juristas Ana Lilia Pérez
Desde noviembre de 2006 el expriista Javier Lozano Alarcón fijó la que, dijo, sería su agenda en la actual administración: “Una reforma laboral con el Congreso y con todos los partidos políticos, buscando armonizar la modernización y la flexibilidad de las relaciones laborales, pero garantizando pleno respeto de los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica del inversionista y del empleador”.
Entonces, el funcionario se comprometió también a ser “mediador en los conflictos entre sindicato y empresa, gestor y promotor del empleo productivo y bien remunerado, enérgico y de mano dura con las empresas que incumplan los derechos laborales”.
Pero no resultó mediador de conflictos ni vigía de los derechos de los trabajadores, ni, mucho menos, justiciero contra empresas que incumplen la Ley Federal del Trabajo (LFT), consideran legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Los legisladores reprueban su desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, sobre todo, la “turbia” manera en que ha manejado el proyecto de reforma laboral.
Como segunda prioridad en la agenda de Felipe Calderón, la reforma laboral es impulsada por los funcionarios del gabinete, quienes hacen amarres sobre los puntos que contendrá con el fin de que se apruebe fast track y se evite una disputa similar a la que ha generado la reforma energética.
En los 17 meses del sexenio, Lozano ha dedicado sus esfuerzos a propagar que trabaja en un proyecto de reforma que será aprobado por mayoría, y ha asegurado que “no se tocarán los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional”. Al mismo tiempo, cabildea su proyecto de reforma sólo con algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), explican los legisladores.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Ramírez Stabros, secretario de la Comisión del Trabajo, explica que “en una estrategia muy primaria”, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la STPS “está provocando confusiones”. Detalla: “Nos han enviado tres documentos, pero no son oficiales, y sólo los mandan a algunos diputados. No hay una propuesta oficial siquiera y ya se está anunciando que habrá reforma, y hasta aseguran que no viola la Constitución. Es cuestionable que la misma secretaría provoque tal confusión”.
Ley Lozano
Oficialmente, la STPS ha señalado que para el proyecto de reforma que propondrá el actual gobierno, se han estudiado las 151 iniciativas de cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se han presentado ante el Congreso de la Unión de 1997 a la fecha. Al respecto, Ramírez Stabros explica que la propuesta aún extraoficial “no es más que un refrito de la llamada Ley Abascal”.
En enero pasado, Contralínea adelantó que desde las primeras semanas de su gestión, Lozano Alarcón había revivido la propuesta que en 2002 presentara al Congreso su predecesor, Carlos Abascal Carranza, popularmente conocida como Ley Abascal, la cual fue frenada por legisladores de la oposición por considerarla contraria al artículo 123 constitucional.
Para los integrantes de la Comisión del Trabajo, la de Lozano es aún más cuestionable. “La propuesta de este gobierno atenta más contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical, por lo tanto es completamente contraria a la Constitución”, explica la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.
Aunque no existe oficialmente, el jurista Néstor de Buen destaca que de crear nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, contratos a prueba o de capacitación inicial, la propuesta sería contraria a la Constitución, pues, considera, atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.
Al respecto, una de sus propuestas fija un periodo promedio de 90 días de prueba y de 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, y la contratación condicionada a que el empleador considere que el trabajador está suficientemente capacitado.
Plantea la desaparición del salario mínimo y que se pague salario por horas, y sustituye la jornada máxima de ocho horas por jornadas flexibles. Plantea la creación de bancos de horas acumulables de forma mensual; empleos con jornadas discontinuas, donde sin apegarse a una jornada establecida por ley, patrones y trabajadores convengan la ampliación de la jornada diaria.
Condiciona derechos a la productividad y competitividad de los empleados.
También elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad. Al suprimir el escalafón ciego, da prioridad a trabajadores por productividad y no por antigüedad para los ascensos. Modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones.
La propuesta de Lozano condiciona la firma de contratos colectivos de trabajo. Da atribuciones al patrón para que los asalariados desempeñen tareas complementarias a su actividad principal.
En materia sindical, condiciona el derecho a huelga sujetándola a un procedimiento administrativo. Establece la creación de un registro sindical, y que el sindicato pueda perder registro al no informar a la STPS cada seis meses la planilla de sus agremiados, altas y bajas, y su actuación como organización. La misma información deberá presentarse para cualquier trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Con ello, a decir de Arturo Alcalde, se estaría imponiendo el uso de listas negras. “Se obliga a informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda, demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical”.
En febrero pasado, ante empresarios estadunidenses y mexicanos, miembros de la Cámara Americana de Comercio (American Chamber), Lozano explicó que su propuesta de reforma está encaminada a “flexibilizar” el mercado laboral.
Detalló que contempla que se mantenga la figura del outsourcing, como se conoce a la subcontratación o terciarización, que se ha incrementado en México en todos los sectores y que es considerado por juristas, organizaciones de trabajadores y defensores de los derechos laborales como ilegal y responsable de precarizar el empleo.
El diputado Patricio Flores Sandoval, vocero de la Confederación de Trabajadores de México, deplora que el gobierno solape la contratación a través de terceros, pues es contraria a la Constitución, viola la LFT y significa un retroceso para las garantías individuales.
El diputado Jesús Ramírez Stabros, quien entre 2003 y 2006 fue secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, coincide en que muchos de los aspectos considerados en la propuesta de Lozano atentan contra garantías constitucionales, pues “limita los derechos de huelga, la sindicalización y la autonomía sindical”.
Doble discurso
Al igual que en el proyecto de reforma energética, el planteamiento calderonista busca modificar leyes secundarias “sin tocar la Constitución”; sin embargo, las reformas anunciadas a la LFT son contrarias al artículo 123 constitucional, y trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, consideran los abogados laboristas Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani.
En un análisis sobre la propuesta de Javier Lozano, el abogado Arturo Alcalde destaca que lo negativo es más por sus omisiones, “que por las lesiones que genera”. El abogado laborista señala que la propuesta de reforma desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa que en octubre de 2002 presentaran de forma conjunta la Unión Nacional de Trabajadores y el PRD.
La diputada Rosario Ortiz, quien participara en la contrapropuesta a la Ley Abascal UNT-PRD, dice que Lozano ha ignorado dicho proyecto porque el objetivo del gobierno de Calderón es el abaratamiento de la mano de obra a favor de las trasnacionales, el desmantelamiento de la organización laboral y la desarticulación del sindicalismo.
“Lo que llama flexibilidad laboral es ofrecer mano de obra barata, flexible, que esté organizada en sindicatos corporativos vinculados con la patronal y con mayor control en las condiciones de trabajo y de negociación obrero patronal; por eso la propuesta de Lozano condiciona los registros sindicales”, explica.
Cita el caso de los mineros de Cananea como un ejemplo de la intromisión y la falta de apego a la legalidad de la actual administración, tendencia que, dice, será la constante de aprobarse el proyecto de reforma que plantea Lozano.
El posible albazo
Legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo alertan que la STPS se ha negado a abrir a debate su proyecto con miras a preparar el terreno para dar un albazo, como ocurrió, dicen, con la llamada Ley del ISSSTE.
En enero pasado, el diputado Tomás del Toro, presidente de dicha comisión, confirmó a Contralínea que aunque formalmente la STPS aún no habría remitido el documento, él tenía reuniones personales con Lozano para discutir el tema.
Se le buscó nuevamente para que respondiera a los señalamientos de sus compañeros de comisión, quienes aseguran que la STPS cabildea su proyecto sólo con los miembros de Acción Nacional; sin embargo, el diputado negó dar una entrevista, al igual que sus compañeros de bancada e integrantes de la comisión, Juan Manuel Sandoval y Carlos René Sánchez.
Juan Carlos Velasco, diputado del PRI, dice que aunque él es secretario de la comisión no ha tenido acercamiento alguno con funcionarios de la STPS. Reprueba la conducta de Lozano Alarcón, pues “habla de propuestas que no ha presentado de manera formal al Congreso; lo escuchamos en foros con la iniciativa privada y con nosotros no ha tenido ningún acercamiento. Habla de reformas y no entrega ningún documento oficial”.
En medio del clima de tensión que ha provocado el proyecto de reforma energética, los legisladores de la Comisión del Trabajo prevén que de un momento a otro Calderón enviará su propuesta. “Ya vemos venir la cascada de reformas, y si pasa la energética es como abrir paso a la laboral; por eso es nuestro interés de frenarlos desde ahora”, explica la diputada Rosario Ortiz Magallón.
Ramírez Stabros habla del costo político y social que implicaría la pretensión de una reforma laboral:
“Los gobierno panistas se han caracterizado por enviar propuestas en los momentos menos propicios, y el tema de la reforma laboral no va a ser la excepción. El proyecto de reforma llegará en un momento en el que impera un clima político inadecuado. La exacerbación política es poco propicia para una iniciativa que no se antoja suave, pero que finalmente es símbolo de cómo se ha manejado este gobierno: iniciativas de ley muy exacerbadas”.
Agrega que, aunque Felipe Calderón se promovió como presidente del empleo, “poco ha hecho para trabajar en el ambiente laboral, no ha cumplido sus compromisos y ni siquiera ha hecho lo mínimo para, por lo menos, tener un ambiente que permita la discusión profunda de la reforma”.
Jesús Ramírez Stabros explica que México no necesita reforma laboral, pues el artículo 123 constitucional es modelo en el ámbito internacional y la LFT una ley de avanzada. Basta con aplicarla para mejorar el sector laboral, indica; pero, dice, es letra muerta.
Rosario Ortiz explica que a partir de este 1 de mayo organizaciones como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, agrupaciones de trabajadores y los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán acciones en rechazo a la política laboral de Felipe Calderón, “porque sabemos que de un momento a otro intentarán aprobar fast track la reforma, cuyo único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de su responsabilidad”.
Contralínea solicitó una entrevista con Javier Lozano. En la oficina de Comunicación Social de la STPS se disculparon porque el secretario tenía “una agenda muy apretada”.
Focos rojos
Los nulos avances en materia laboral y la errada política pública de la administración de Felipe Calderón son los obstáculos principales para la sola discusión de un proyecto de reforma laboral, estiman los legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo consultados por Contralínea.
Con el discurso de que “no hay peor condición laboral que la falta de empleo”, Calderón arrancó su gestión comprometiéndose a crear 1 millón de ofertas de trabajo anuales, con programas como Primer Empleo.
En 2007 destinó 3 mil millones de pesos al subsidio de este programa y solamente se lograron generar cerca de 5 mil empleos. En este mismo periodo, según datos de Miguel del Cid, presidente para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se contabilizaron 3 millones de subempleados y 12.5 millones de personas en empleos informales.
Para el diputado Juan Carlos Velasco, del PRI, el sistema de contratación outsourcing es un foco rojo en materia laboral y una afrenta directa a los derechos de los trabajadores. Explica que, ante la falta de ofertas reales, millones de mexicanos se contratan por esta vía pese a que no tienen ninguna seguridad jurídica.
El outsourcing o contratación a través de terceros se generalizó a partir de la administración de Vicente Fox, en sectores estratégicos, entre los que destaca el petrolero.
De esta manera, las compañías, mexicanas y extranjeras eximen sus obligaciones laborales, pues los trabajadores reclutados por este sistema no generan antigüedad, tampoco se les paga liquidación a su despido, ni derechos de cualquier tipo. En ocasiones se les inscribe de manera temporal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sueldos menores a los que en realidad reciben.
Algunas de las compañías que se dedican a reclutar mano de obra mediante este sistema son Human Staff; Outsourcing México; Capital Humano Consultores, SC; Adecco; Outsourcing de Nómina, SA de CV, y Transportes Navieros y Terrestre, entre otras.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explica que los trabajadores contratados por esta vía registran el mayor número de violaciones a sus derechos no sólo laborales sino humanos. Detalla que en diversas visitas a la Sonda de Campeche, donde actualmente más del 80 por ciento de los trabajadores son reclutados por este sistema, ha documentado casos de trabajadores que han perdido la vida porque su patrón no garantiza su seguridad física.
Agrega que en diversas ocasiones ha pedido a la STPS, sin éxito, su intervención para que se protejan los derechos de los trabajadores. Ramírez Stabros dice que otros focos rojos son las Afores, “que están actuando como parásitos del mundo laboral”, porque representan una gran carga para los trabajadores, “el pago exagerado de comisiones sin ningún beneficio”.
La afrenta directa y de mayor impacto es la paulatina pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, calificado por el diputado Velasco Oliva como el principal agravio del Ejecutivo al grueso de los mexicanos. (ALP)
Revista Contralínea / México
La propuesta de reforma laboral del gobierno de Calderón atenta contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical; por lo tanto, es contraria a la Constitución, advierten legisladores y juristas Ana Lilia Pérez
Desde noviembre de 2006 el expriista Javier Lozano Alarcón fijó la que, dijo, sería su agenda en la actual administración: “Una reforma laboral con el Congreso y con todos los partidos políticos, buscando armonizar la modernización y la flexibilidad de las relaciones laborales, pero garantizando pleno respeto de los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica del inversionista y del empleador”.
Entonces, el funcionario se comprometió también a ser “mediador en los conflictos entre sindicato y empresa, gestor y promotor del empleo productivo y bien remunerado, enérgico y de mano dura con las empresas que incumplan los derechos laborales”.
Pero no resultó mediador de conflictos ni vigía de los derechos de los trabajadores, ni, mucho menos, justiciero contra empresas que incumplen la Ley Federal del Trabajo (LFT), consideran legisladores de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Los legisladores reprueban su desempeño al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y, sobre todo, la “turbia” manera en que ha manejado el proyecto de reforma laboral.
Como segunda prioridad en la agenda de Felipe Calderón, la reforma laboral es impulsada por los funcionarios del gabinete, quienes hacen amarres sobre los puntos que contendrá con el fin de que se apruebe fast track y se evite una disputa similar a la que ha generado la reforma energética.
En los 17 meses del sexenio, Lozano ha dedicado sus esfuerzos a propagar que trabaja en un proyecto de reforma que será aprobado por mayoría, y ha asegurado que “no se tocarán los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional”. Al mismo tiempo, cabildea su proyecto de reforma sólo con algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), explican los legisladores.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Ramírez Stabros, secretario de la Comisión del Trabajo, explica que “en una estrategia muy primaria”, el gobierno de Felipe Calderón, a través de la STPS “está provocando confusiones”. Detalla: “Nos han enviado tres documentos, pero no son oficiales, y sólo los mandan a algunos diputados. No hay una propuesta oficial siquiera y ya se está anunciando que habrá reforma, y hasta aseguran que no viola la Constitución. Es cuestionable que la misma secretaría provoque tal confusión”.
Ley Lozano
Oficialmente, la STPS ha señalado que para el proyecto de reforma que propondrá el actual gobierno, se han estudiado las 151 iniciativas de cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se han presentado ante el Congreso de la Unión de 1997 a la fecha. Al respecto, Ramírez Stabros explica que la propuesta aún extraoficial “no es más que un refrito de la llamada Ley Abascal”.
En enero pasado, Contralínea adelantó que desde las primeras semanas de su gestión, Lozano Alarcón había revivido la propuesta que en 2002 presentara al Congreso su predecesor, Carlos Abascal Carranza, popularmente conocida como Ley Abascal, la cual fue frenada por legisladores de la oposición por considerarla contraria al artículo 123 constitucional.
Para los integrantes de la Comisión del Trabajo, la de Lozano es aún más cuestionable. “La propuesta de este gobierno atenta más contra los derechos de los trabajadores, los desprotege frente a los patrones y fomenta la corrupción sindical, por lo tanto es completamente contraria a la Constitución”, explica la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón.
Aunque no existe oficialmente, el jurista Néstor de Buen destaca que de crear nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, contratos a prueba o de capacitación inicial, la propuesta sería contraria a la Constitución, pues, considera, atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.
Al respecto, una de sus propuestas fija un periodo promedio de 90 días de prueba y de 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, y la contratación condicionada a que el empleador considere que el trabajador está suficientemente capacitado.
Plantea la desaparición del salario mínimo y que se pague salario por horas, y sustituye la jornada máxima de ocho horas por jornadas flexibles. Plantea la creación de bancos de horas acumulables de forma mensual; empleos con jornadas discontinuas, donde sin apegarse a una jornada establecida por ley, patrones y trabajadores convengan la ampliación de la jornada diaria.
Condiciona derechos a la productividad y competitividad de los empleados.
También elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad. Al suprimir el escalafón ciego, da prioridad a trabajadores por productividad y no por antigüedad para los ascensos. Modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones.
La propuesta de Lozano condiciona la firma de contratos colectivos de trabajo. Da atribuciones al patrón para que los asalariados desempeñen tareas complementarias a su actividad principal.
En materia sindical, condiciona el derecho a huelga sujetándola a un procedimiento administrativo. Establece la creación de un registro sindical, y que el sindicato pueda perder registro al no informar a la STPS cada seis meses la planilla de sus agremiados, altas y bajas, y su actuación como organización. La misma información deberá presentarse para cualquier trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Con ello, a decir de Arturo Alcalde, se estaría imponiendo el uso de listas negras. “Se obliga a informar los nombres de los trabajadores inconformes, exhibir sus firmas y acreditar la afiliación al sindicato promovente de la demanda, demostrando su relación laboral con el patrón demandado. Se trata de una verdadera monstruosidad, claramente inconstitucional y violatoria de los convenios internacionales en materia de libertad sindical”.
En febrero pasado, ante empresarios estadunidenses y mexicanos, miembros de la Cámara Americana de Comercio (American Chamber), Lozano explicó que su propuesta de reforma está encaminada a “flexibilizar” el mercado laboral.
Detalló que contempla que se mantenga la figura del outsourcing, como se conoce a la subcontratación o terciarización, que se ha incrementado en México en todos los sectores y que es considerado por juristas, organizaciones de trabajadores y defensores de los derechos laborales como ilegal y responsable de precarizar el empleo.
El diputado Patricio Flores Sandoval, vocero de la Confederación de Trabajadores de México, deplora que el gobierno solape la contratación a través de terceros, pues es contraria a la Constitución, viola la LFT y significa un retroceso para las garantías individuales.
El diputado Jesús Ramírez Stabros, quien entre 2003 y 2006 fue secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, coincide en que muchos de los aspectos considerados en la propuesta de Lozano atentan contra garantías constitucionales, pues “limita los derechos de huelga, la sindicalización y la autonomía sindical”.
Doble discurso
Al igual que en el proyecto de reforma energética, el planteamiento calderonista busca modificar leyes secundarias “sin tocar la Constitución”; sin embargo, las reformas anunciadas a la LFT son contrarias al artículo 123 constitucional, y trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, consideran los abogados laboristas Néstor de Buen y Arturo Alcalde Justiniani.
En un análisis sobre la propuesta de Javier Lozano, el abogado Arturo Alcalde destaca que lo negativo es más por sus omisiones, “que por las lesiones que genera”. El abogado laborista señala que la propuesta de reforma desecha en su totalidad los planteamientos de la iniciativa que en octubre de 2002 presentaran de forma conjunta la Unión Nacional de Trabajadores y el PRD.
La diputada Rosario Ortiz, quien participara en la contrapropuesta a la Ley Abascal UNT-PRD, dice que Lozano ha ignorado dicho proyecto porque el objetivo del gobierno de Calderón es el abaratamiento de la mano de obra a favor de las trasnacionales, el desmantelamiento de la organización laboral y la desarticulación del sindicalismo.
“Lo que llama flexibilidad laboral es ofrecer mano de obra barata, flexible, que esté organizada en sindicatos corporativos vinculados con la patronal y con mayor control en las condiciones de trabajo y de negociación obrero patronal; por eso la propuesta de Lozano condiciona los registros sindicales”, explica.
Cita el caso de los mineros de Cananea como un ejemplo de la intromisión y la falta de apego a la legalidad de la actual administración, tendencia que, dice, será la constante de aprobarse el proyecto de reforma que plantea Lozano.
El posible albazo
Legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo alertan que la STPS se ha negado a abrir a debate su proyecto con miras a preparar el terreno para dar un albazo, como ocurrió, dicen, con la llamada Ley del ISSSTE.
En enero pasado, el diputado Tomás del Toro, presidente de dicha comisión, confirmó a Contralínea que aunque formalmente la STPS aún no habría remitido el documento, él tenía reuniones personales con Lozano para discutir el tema.
Se le buscó nuevamente para que respondiera a los señalamientos de sus compañeros de comisión, quienes aseguran que la STPS cabildea su proyecto sólo con los miembros de Acción Nacional; sin embargo, el diputado negó dar una entrevista, al igual que sus compañeros de bancada e integrantes de la comisión, Juan Manuel Sandoval y Carlos René Sánchez.
Juan Carlos Velasco, diputado del PRI, dice que aunque él es secretario de la comisión no ha tenido acercamiento alguno con funcionarios de la STPS. Reprueba la conducta de Lozano Alarcón, pues “habla de propuestas que no ha presentado de manera formal al Congreso; lo escuchamos en foros con la iniciativa privada y con nosotros no ha tenido ningún acercamiento. Habla de reformas y no entrega ningún documento oficial”.
En medio del clima de tensión que ha provocado el proyecto de reforma energética, los legisladores de la Comisión del Trabajo prevén que de un momento a otro Calderón enviará su propuesta. “Ya vemos venir la cascada de reformas, y si pasa la energética es como abrir paso a la laboral; por eso es nuestro interés de frenarlos desde ahora”, explica la diputada Rosario Ortiz Magallón.
Ramírez Stabros habla del costo político y social que implicaría la pretensión de una reforma laboral:
“Los gobierno panistas se han caracterizado por enviar propuestas en los momentos menos propicios, y el tema de la reforma laboral no va a ser la excepción. El proyecto de reforma llegará en un momento en el que impera un clima político inadecuado. La exacerbación política es poco propicia para una iniciativa que no se antoja suave, pero que finalmente es símbolo de cómo se ha manejado este gobierno: iniciativas de ley muy exacerbadas”.
Agrega que, aunque Felipe Calderón se promovió como presidente del empleo, “poco ha hecho para trabajar en el ambiente laboral, no ha cumplido sus compromisos y ni siquiera ha hecho lo mínimo para, por lo menos, tener un ambiente que permita la discusión profunda de la reforma”.
Jesús Ramírez Stabros explica que México no necesita reforma laboral, pues el artículo 123 constitucional es modelo en el ámbito internacional y la LFT una ley de avanzada. Basta con aplicarla para mejorar el sector laboral, indica; pero, dice, es letra muerta.
Rosario Ortiz explica que a partir de este 1 de mayo organizaciones como la UNT, el Frente Sindical Mexicano, agrupaciones de trabajadores y los legisladores del Frente Amplio Progresista iniciarán acciones en rechazo a la política laboral de Felipe Calderón, “porque sabemos que de un momento a otro intentarán aprobar fast track la reforma, cuyo único objetivo es precarizar el empleo y el salario, incrementar la jornada de trabajo sin generar antigüedad ni derechos ni prestaciones, y eximir a las empresas de su responsabilidad”.
Contralínea solicitó una entrevista con Javier Lozano. En la oficina de Comunicación Social de la STPS se disculparon porque el secretario tenía “una agenda muy apretada”.
Focos rojos
Los nulos avances en materia laboral y la errada política pública de la administración de Felipe Calderón son los obstáculos principales para la sola discusión de un proyecto de reforma laboral, estiman los legisladores integrantes de la Comisión del Trabajo consultados por Contralínea.
Con el discurso de que “no hay peor condición laboral que la falta de empleo”, Calderón arrancó su gestión comprometiéndose a crear 1 millón de ofertas de trabajo anuales, con programas como Primer Empleo.
En 2007 destinó 3 mil millones de pesos al subsidio de este programa y solamente se lograron generar cerca de 5 mil empleos. En este mismo periodo, según datos de Miguel del Cid, presidente para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se contabilizaron 3 millones de subempleados y 12.5 millones de personas en empleos informales.
Para el diputado Juan Carlos Velasco, del PRI, el sistema de contratación outsourcing es un foco rojo en materia laboral y una afrenta directa a los derechos de los trabajadores. Explica que, ante la falta de ofertas reales, millones de mexicanos se contratan por esta vía pese a que no tienen ninguna seguridad jurídica.
El outsourcing o contratación a través de terceros se generalizó a partir de la administración de Vicente Fox, en sectores estratégicos, entre los que destaca el petrolero.
De esta manera, las compañías, mexicanas y extranjeras eximen sus obligaciones laborales, pues los trabajadores reclutados por este sistema no generan antigüedad, tampoco se les paga liquidación a su despido, ni derechos de cualquier tipo. En ocasiones se les inscribe de manera temporal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con sueldos menores a los que en realidad reciben.
Algunas de las compañías que se dedican a reclutar mano de obra mediante este sistema son Human Staff; Outsourcing México; Capital Humano Consultores, SC; Adecco; Outsourcing de Nómina, SA de CV, y Transportes Navieros y Terrestre, entre otras.
El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explica que los trabajadores contratados por esta vía registran el mayor número de violaciones a sus derechos no sólo laborales sino humanos. Detalla que en diversas visitas a la Sonda de Campeche, donde actualmente más del 80 por ciento de los trabajadores son reclutados por este sistema, ha documentado casos de trabajadores que han perdido la vida porque su patrón no garantiza su seguridad física.
Agrega que en diversas ocasiones ha pedido a la STPS, sin éxito, su intervención para que se protejan los derechos de los trabajadores. Ramírez Stabros dice que otros focos rojos son las Afores, “que están actuando como parásitos del mundo laboral”, porque representan una gran carga para los trabajadores, “el pago exagerado de comisiones sin ningún beneficio”.
La afrenta directa y de mayor impacto es la paulatina pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, calificado por el diputado Velasco Oliva como el principal agravio del Ejecutivo al grueso de los mexicanos. (ALP)
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Mouriño, exoneración anticipada
Mouriño, exoneración anticipada
Como se preveía, la comisión creada el pasado 26 de marzo en la Cámara de Diputados para investigar los posibles delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, da visos de complicidad para ejecutar una exoneración anticipada.
Como parte de los trabajos de dicha comisión, creada a partir de que la reportera Ana Lilia Pérez publicara en esta revista los convenios y contratos para el transporte de hidrocarburos que Juan Camilo suscribió con Pemex Refinación, acudieron a San Lázaro el director general de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, y el abogado general de la petrolera, José Néstor García Reza, para explicar el proceso de adjudicación de convenios y contratos a Transportes Especializados Ivancar, empresa propiedad de la familia Mouriño Terrazo.
Allí, los legisladores Obdulio Ávila, Antonio Valladolid, Raúl Cervantes, Miguel Ángel Jiménez, Armando García y Xavier López Adame, de los partidos PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa, cumplieron el guión previamente armado para exonerar al bisoño secretario y centraron sus preguntas en los alcances jurídicos del convenio de Pemex Refinación con Canacar, sin entrar al fondo del asunto que es la violación a las leyes Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LFAASSP) y Federal de Responsabilidades del Sector Público (LFRSP).
En su artículo 8, la LFRSP obliga a cualquier dependencia del gobierno federal a abstenerse “de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Así, el pasado jueves, al mismo tiempo que en la “sede alterna” del Congreso, legisladores del PRI y PAN aprobaban las reformas a la LAASSP, que flexibiliza la contratación discrecional, pese a que los mismos diputados que aprobaron las reformas aseguraron que es el rubro que registra la mayor incidencia de actos de corrupción, en un edificio contiguo, en el salón de Protocolo, en una reunión que se prolongó durante más de tres horas, Ceballos Soberanis defendía la legalidad de los contratos otorgados a Ivancar. Con esto se institucionaliza la corrupción y se da rienda suelta a los servidores públicos para que hagan negocios al amparo del poder público.
“Quiero aclarar que yo no era director de Refinación cuando Mouriño firmó los contratos, pero puedo asegurar que son legales”, sentenció Ceballos ante diputados, cumpliendo así las instrucciones presidenciales para salvar a Mouriño y darle un pase a la impunidad. Flanqueado por José Néstor García Reza, abogado general de Pemex, quien aseguró también que los convenios y contratos que firmó Juan Camilo Mouriño son legales y que fueron en su momento avalados por la Oficina del Abogado General (OAG), entonces a cargo de José César Nava Vázquez, actual secretario privado de Felipe Calderón. Todo quedó en familia, como en los mejores tiempos de la corrupción priista, partido que defiende a Mouriño con la esperanza de volver al poder y dejar la puerta abierta de la corrupción.
El espaldarazo de García Reza para Ivancar tiene intereses particulares, primero porque al defender la legalidad de dichos contratos defiende a Nava, a quien le debe no sólo su ingreso al jurídico de Pemex, sino su recomendación para convertirse en abogado general.
En marzo pasado Contralínea publicó que el último beneficio que Pemex dio a Ivancar –con el visto bueno de la OAG- fue un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-CM/2005-2008, adjudicado originalmente por 39 millones 646 mil 477.27 pesos y con el aumento asciende a 7 millones 929 mil 295 pesos, otorgado el 7 de enero de 2008, una semana antes de que Calderón designara a Mouriño secretario de Gobernación, mediante el convenio modificatorio CTT-00142-CM-M/2005-2008.
En la comparecencia, Ceballos admitió que la adjudicación directa de los contratos con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga es más costosa que la licitación pública, pero defendió que la participación de Ivancar es “apenas del 0.5 por ciento, así que los contratos que recibió la empresa no son representativos”, según él.
Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 1 de Mayo de 2008 | Año 6 | No. 101
Como se preveía, la comisión creada el pasado 26 de marzo en la Cámara de Diputados para investigar los posibles delitos de conflicto de intereses y tráfico de influencias del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, da visos de complicidad para ejecutar una exoneración anticipada.
Como parte de los trabajos de dicha comisión, creada a partir de que la reportera Ana Lilia Pérez publicara en esta revista los convenios y contratos para el transporte de hidrocarburos que Juan Camilo suscribió con Pemex Refinación, acudieron a San Lázaro el director general de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, y el abogado general de la petrolera, José Néstor García Reza, para explicar el proceso de adjudicación de convenios y contratos a Transportes Especializados Ivancar, empresa propiedad de la familia Mouriño Terrazo.
Allí, los legisladores Obdulio Ávila, Antonio Valladolid, Raúl Cervantes, Miguel Ángel Jiménez, Armando García y Xavier López Adame, de los partidos PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa, cumplieron el guión previamente armado para exonerar al bisoño secretario y centraron sus preguntas en los alcances jurídicos del convenio de Pemex Refinación con Canacar, sin entrar al fondo del asunto que es la violación a las leyes Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LFAASSP) y Federal de Responsabilidades del Sector Público (LFRSP).
En su artículo 8, la LFRSP obliga a cualquier dependencia del gobierno federal a abstenerse “de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
Así, el pasado jueves, al mismo tiempo que en la “sede alterna” del Congreso, legisladores del PRI y PAN aprobaban las reformas a la LAASSP, que flexibiliza la contratación discrecional, pese a que los mismos diputados que aprobaron las reformas aseguraron que es el rubro que registra la mayor incidencia de actos de corrupción, en un edificio contiguo, en el salón de Protocolo, en una reunión que se prolongó durante más de tres horas, Ceballos Soberanis defendía la legalidad de los contratos otorgados a Ivancar. Con esto se institucionaliza la corrupción y se da rienda suelta a los servidores públicos para que hagan negocios al amparo del poder público.
“Quiero aclarar que yo no era director de Refinación cuando Mouriño firmó los contratos, pero puedo asegurar que son legales”, sentenció Ceballos ante diputados, cumpliendo así las instrucciones presidenciales para salvar a Mouriño y darle un pase a la impunidad. Flanqueado por José Néstor García Reza, abogado general de Pemex, quien aseguró también que los convenios y contratos que firmó Juan Camilo Mouriño son legales y que fueron en su momento avalados por la Oficina del Abogado General (OAG), entonces a cargo de José César Nava Vázquez, actual secretario privado de Felipe Calderón. Todo quedó en familia, como en los mejores tiempos de la corrupción priista, partido que defiende a Mouriño con la esperanza de volver al poder y dejar la puerta abierta de la corrupción.
El espaldarazo de García Reza para Ivancar tiene intereses particulares, primero porque al defender la legalidad de dichos contratos defiende a Nava, a quien le debe no sólo su ingreso al jurídico de Pemex, sino su recomendación para convertirse en abogado general.
En marzo pasado Contralínea publicó que el último beneficio que Pemex dio a Ivancar –con el visto bueno de la OAG- fue un incremento del 20 por ciento al monto del contrato GTT-00142-CM/2005-2008, adjudicado originalmente por 39 millones 646 mil 477.27 pesos y con el aumento asciende a 7 millones 929 mil 295 pesos, otorgado el 7 de enero de 2008, una semana antes de que Calderón designara a Mouriño secretario de Gobernación, mediante el convenio modificatorio CTT-00142-CM-M/2005-2008.
En la comparecencia, Ceballos admitió que la adjudicación directa de los contratos con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga es más costosa que la licitación pública, pero defendió que la participación de Ivancar es “apenas del 0.5 por ciento, así que los contratos que recibió la empresa no son representativos”, según él.
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Fecha de publicación: 1 de Mayo de 2008 | Año 6 | No. 101
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Afore: Saqueo a trabajadores
Luego de una década del “nuevo” sistema de pensiones, las principales beneficiarias son las Afore. Con la anuencia de la Consar, las administradoras maximizan sus rendimientos en detrimento de los trabajadores, para quienes su futuro económico es incierto. Dieciocho empresas se disputan casi 40 millones de cuentas y 876 millones de pesos
Alba Martínez
De 2002 a 2007, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) registraron las más altas comisiones en el cobro por manejo de cuentas individuales. En contraste, los rendimientos para los trabajadores bajaron aún más de lo que presentaron a partir de 1997, cuando se “modernizó” el esquema de pensiones con la promesa de que los asalariados serían “los principales beneficiados”. En los recientes seis años, las Afore incorporaron a sus ganancias el 25 por ciento de los ahorros de los asegurados.
Y es que los trabajadores tienen que pagar unas de las cuotas más altas del mundo para que las Afore les “administren” sus fondos de pensión. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2006 el rendimiento neto promedio de las Afore fue de 14.3, y en 2007 de 9.43 por ciento.
Las administradoras obtuvieron ganancias por 2 mil 664 millones pesos, en 2006, y 2 mil 283 millones pesos, en 2007. En algunos casos, esas ganancias son producto de la sustracción de casi el 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores.
En ese par de años, las comisiones pagadas por los asalariados mexicanos a las Afore ascendieron a más del doble de lo que sus pares latinoamericanos pagan a sus respectivas administradoras.
En la actualidad, 18 Afore administran 876 millones 209 mil pesos, los ahorros de 38 millones 800 mil cuentas individuales. El monto total acumulado –que en comparación rebasa las reservas del Banco de México– representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Seis años atrás, en 2002, representaba el 5.3 por ciento.
La incompetencia de la Consar
El pasado 15 de marzo entraron en vigor las modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR) cuyo propósito, señala la Consar, es “permitir transitar a un sistema más sencillo y transparente que le permita al trabajador tomar mejores decisiones sobre su ahorro”.
Sin embargo, con las reformas –que incluyen el aumento al número semanal de cotizaciones de 500 a 1 mil 250 para acceder a la pensión, instruido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)–, no se garantiza la devolución de los saldos acumulados, no se asegura la permanencia laboral del trabajador, se fomenta la desigualdad social y no se prevén variables de estabilidad en el mercado: el poder adquisitivo, los salarios mínimos, las tasas de interés, la variabilidad en el cobro de comisiones, la depreciación de mercados internacionales.
A la fecha, y con base en lo reportado por el IMSS en su portal de internet, a diciembre de 2007, 14 millones 874 mil 698 trabajadores están asegurados; 11 millones 828 mil 162 son asalariados permanentes, y 3 millones 46 mil 536, eventuales. Ello implica la inactividad, o situación no aclarada por la Consar, de 23 millones 925 mil 302 cuentas individuales que son administradas por las Afore.
Para la diputada por el partido de la Revolución Democrática, Rosario Ortiz Magallón, secretaria de la Comisión de Seguridad Social, la Consar incumple con su obligación de vigilar y regular la distribución de los recursos y rendimientos de los fondos de pensión.
—Deja a criterio de las grandes corporaciones bancarias la determinación de cobros y distribución de rendimientos; mientras (la Consar) se encarga del diseño de portafolios de inversión, campañas y páginas web.
Alejandro Villagómez Amezcua, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que las modificaciones a la LSAR son favorables para el sistema y para el trabajador.
El también exasesor de Fernando Solís Soberón, presidente de la Consar de 1995 a 1999, estima que los cambios van en el sentido correcto: “Las reformas incentivan a las Afore a que compitan entre sí por los rendimientos y las comisiones, lo que debería conducir a una reducción significativa de cobro de comisiones y originar mayores rendimientos”.
Afore, competencia por rendimientos
En la segunda mitad del año pasado, Moisés Schwartz, presidente de la Consar, aceptó que las Afore buscaban resquicios legales para aprovecharse hasta con un 25 por ciento de las aportaciones y consideró que, mientras las administradoras reducían sus cobros por comisiones de flujo, el incremento por la comisión de saldo aumentaba hasta un 70 por ciento.
De las 21 Afore que existían en 2007, 10 aumentaron la comisión de flujo para nivelar el cobro con la comisión de saldo –cobro único a partir marzo de 2008–, por más del 650 por ciento; además, acrecentaron sus gastos en promoción con el propósito de captar nuevos afiliados.
Vanessa Rubio, vocera de la Consar, reconoce que las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro permiten que el esquema sea comparable con otros fondos de inversión que cobran por saldo. “Buscamos que las Afore obtengan los mayores rendimientos para su beneficio y para que a la larga reditué a los pensionados”, justifica.
La funcionaria ofrece un “consejo” a los obreros: “Deben fijarse en el rendimiento neto que más les convenga y decidir. Pero el incremento de las aportaciones depende de que los salarios aumenten y de las aportaciones voluntarias”.
Rendimientos mexicanos
Los modelos de regímenes de capitalización individual latinoamericanos comenzaron en Chile, en 1981; seguidos por Perú, en 1993; Argentina y Colombia, en 1994; Uruguay, en 1996; Bolivia y México, en 1997; El Salvador, en 1998; Costa Rica, en 2001, y República Dominicana, en 2003.
A diciembre de 2007 se registraron 275 mil millones de dólares totales por la administración de fondos de pensión en América Latina; el desempeño de las agencias latinoamericanas contó con 6 mil millones de dólares activos y un patrimonio neto de 5 mil millones, de los que México concentra el 43 por ciento.
El Boletín Estadístico 18, emitido por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) –organismo integrado por 10 naciones, entre ellas México–, revela que las administradoras del país obtuvieron 1 mil 330.6 millones de dólares por cobro de comisiones.
Hasta diciembre de 2007, eran 76 millones los afiliados en Latinoamérica. En México está el 51 por ciento de esos trabajadores.
El mismo boletín consigna que de 2002 a 2007 la utilidad anual por los ingresos de comisiones promedió 22.1 por ciento. México destacó por ser el país latinoamericano con mayor cantidad de administradoras de fondos y porque en seis años, de 2002 a 2007, el número de Afore se incrementó de 11 a 21.
Pensiones, “indecentes”
El doctor Jorge Cardiel Hurtado, investigador de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, analiza la problemática y expone los “resultados negativos” de 11 años de Afore.
“¿Porqué la Consar dejó que durante más de 10 años que las administradoras cobrarán lo que quisieron?”, se pregunta. Señala que la reciente reforma, aunque no es convincente, ha dado la razón a quienes han venido denunciado la injusticia del sistema de pensiones desde 1997.
“Evidencia la necesidad de frenar las utilidades de las Afore a costa de los ahorros de los trabajadores: ahora se cobrarán comisiones solamente por el saldo.”
Revista Contralínea / México
Alba Martínez
De 2002 a 2007, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) registraron las más altas comisiones en el cobro por manejo de cuentas individuales. En contraste, los rendimientos para los trabajadores bajaron aún más de lo que presentaron a partir de 1997, cuando se “modernizó” el esquema de pensiones con la promesa de que los asalariados serían “los principales beneficiados”. En los recientes seis años, las Afore incorporaron a sus ganancias el 25 por ciento de los ahorros de los asegurados.
Y es que los trabajadores tienen que pagar unas de las cuotas más altas del mundo para que las Afore les “administren” sus fondos de pensión. De acuerdo con informes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2006 el rendimiento neto promedio de las Afore fue de 14.3, y en 2007 de 9.43 por ciento.
Las administradoras obtuvieron ganancias por 2 mil 664 millones pesos, en 2006, y 2 mil 283 millones pesos, en 2007. En algunos casos, esas ganancias son producto de la sustracción de casi el 30 por ciento de los ahorros de los trabajadores.
En ese par de años, las comisiones pagadas por los asalariados mexicanos a las Afore ascendieron a más del doble de lo que sus pares latinoamericanos pagan a sus respectivas administradoras.
En la actualidad, 18 Afore administran 876 millones 209 mil pesos, los ahorros de 38 millones 800 mil cuentas individuales. El monto total acumulado –que en comparación rebasa las reservas del Banco de México– representa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Seis años atrás, en 2002, representaba el 5.3 por ciento.
La incompetencia de la Consar
El pasado 15 de marzo entraron en vigor las modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR) cuyo propósito, señala la Consar, es “permitir transitar a un sistema más sencillo y transparente que le permita al trabajador tomar mejores decisiones sobre su ahorro”.
Sin embargo, con las reformas –que incluyen el aumento al número semanal de cotizaciones de 500 a 1 mil 250 para acceder a la pensión, instruido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)–, no se garantiza la devolución de los saldos acumulados, no se asegura la permanencia laboral del trabajador, se fomenta la desigualdad social y no se prevén variables de estabilidad en el mercado: el poder adquisitivo, los salarios mínimos, las tasas de interés, la variabilidad en el cobro de comisiones, la depreciación de mercados internacionales.
A la fecha, y con base en lo reportado por el IMSS en su portal de internet, a diciembre de 2007, 14 millones 874 mil 698 trabajadores están asegurados; 11 millones 828 mil 162 son asalariados permanentes, y 3 millones 46 mil 536, eventuales. Ello implica la inactividad, o situación no aclarada por la Consar, de 23 millones 925 mil 302 cuentas individuales que son administradas por las Afore.
Para la diputada por el partido de la Revolución Democrática, Rosario Ortiz Magallón, secretaria de la Comisión de Seguridad Social, la Consar incumple con su obligación de vigilar y regular la distribución de los recursos y rendimientos de los fondos de pensión.
—Deja a criterio de las grandes corporaciones bancarias la determinación de cobros y distribución de rendimientos; mientras (la Consar) se encarga del diseño de portafolios de inversión, campañas y páginas web.
Alejandro Villagómez Amezcua, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que las modificaciones a la LSAR son favorables para el sistema y para el trabajador.
El también exasesor de Fernando Solís Soberón, presidente de la Consar de 1995 a 1999, estima que los cambios van en el sentido correcto: “Las reformas incentivan a las Afore a que compitan entre sí por los rendimientos y las comisiones, lo que debería conducir a una reducción significativa de cobro de comisiones y originar mayores rendimientos”.
Afore, competencia por rendimientos
En la segunda mitad del año pasado, Moisés Schwartz, presidente de la Consar, aceptó que las Afore buscaban resquicios legales para aprovecharse hasta con un 25 por ciento de las aportaciones y consideró que, mientras las administradoras reducían sus cobros por comisiones de flujo, el incremento por la comisión de saldo aumentaba hasta un 70 por ciento.
De las 21 Afore que existían en 2007, 10 aumentaron la comisión de flujo para nivelar el cobro con la comisión de saldo –cobro único a partir marzo de 2008–, por más del 650 por ciento; además, acrecentaron sus gastos en promoción con el propósito de captar nuevos afiliados.
Vanessa Rubio, vocera de la Consar, reconoce que las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro permiten que el esquema sea comparable con otros fondos de inversión que cobran por saldo. “Buscamos que las Afore obtengan los mayores rendimientos para su beneficio y para que a la larga reditué a los pensionados”, justifica.
La funcionaria ofrece un “consejo” a los obreros: “Deben fijarse en el rendimiento neto que más les convenga y decidir. Pero el incremento de las aportaciones depende de que los salarios aumenten y de las aportaciones voluntarias”.
Rendimientos mexicanos
Los modelos de regímenes de capitalización individual latinoamericanos comenzaron en Chile, en 1981; seguidos por Perú, en 1993; Argentina y Colombia, en 1994; Uruguay, en 1996; Bolivia y México, en 1997; El Salvador, en 1998; Costa Rica, en 2001, y República Dominicana, en 2003.
A diciembre de 2007 se registraron 275 mil millones de dólares totales por la administración de fondos de pensión en América Latina; el desempeño de las agencias latinoamericanas contó con 6 mil millones de dólares activos y un patrimonio neto de 5 mil millones, de los que México concentra el 43 por ciento.
El Boletín Estadístico 18, emitido por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) –organismo integrado por 10 naciones, entre ellas México–, revela que las administradoras del país obtuvieron 1 mil 330.6 millones de dólares por cobro de comisiones.
Hasta diciembre de 2007, eran 76 millones los afiliados en Latinoamérica. En México está el 51 por ciento de esos trabajadores.
El mismo boletín consigna que de 2002 a 2007 la utilidad anual por los ingresos de comisiones promedió 22.1 por ciento. México destacó por ser el país latinoamericano con mayor cantidad de administradoras de fondos y porque en seis años, de 2002 a 2007, el número de Afore se incrementó de 11 a 21.
Pensiones, “indecentes”
El doctor Jorge Cardiel Hurtado, investigador de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, analiza la problemática y expone los “resultados negativos” de 11 años de Afore.
“¿Porqué la Consar dejó que durante más de 10 años que las administradoras cobrarán lo que quisieron?”, se pregunta. Señala que la reciente reforma, aunque no es convincente, ha dado la razón a quienes han venido denunciado la injusticia del sistema de pensiones desde 1997.
“Evidencia la necesidad de frenar las utilidades de las Afore a costa de los ahorros de los trabajadores: ahora se cobrarán comisiones solamente por el saldo.”
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Con Calderón se agrava el deterioro laboral
El 1 de mayo de 1886, los obreros de Chicago iniciaron una huelga donde la demanda central era la jornada laboral de ocho horas. Ciento veintiún años después, la consigna sigue vigente entre jornaleros, campesinos, maquiladores y obreros mexicanos. Uno de los mártires de esa ciudad estadunidense –Hessois Auguste Spies–, antes de ser ahorcado, lanzó una advertencia: “La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”.
Hace más de cinco lustros, entre gobiernos priistas y panistas, las condiciones laborales, económicas y materiales de los trabajadores mexicanos iniciaron un acelerado deterioro. En las vísperas de las polémicas elecciones federales de 2006, subsistía en la población un consenso: la necesidad de iniciar una redistribución de la riqueza a través de más y mejores empleos que paliaran las desigualdades económicas y sociales. Atendiendo más a los consejos de la mercadotecnia que a las convicciones, un candidato se autonombró el “presidente del empleo”.
Sesenta y ocho días después de emitidos los sufragios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó el triunfo a ese aspirante.
Luego de 17 meses de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, la situación de los trabajadores mexicanos no se ha revertido. Por el contrario, se agudiza la tendencia degenerativa –iniciada desde el priismo– de la estructura social, jurídica y material, herencia de la Revolución Mexicana, que arropó a los generadores de la riqueza: los trabajadores de la ciudad y el campo.
En el México de hoy, más de 90 millones de niños, adolescentes, adultos, ancianos y mujeres laboran por cuenta propia y 3 millones más trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Además, cada año alrededor de 550 mil personas se ven obligadas a abandonar el país en busca de empleo. Huyen de la miseria campesinos, madres solteras, artesanos, pero también profesionistas en los que el Estado mexicano invirtió más de 15 años de educación.
Según el Informe panorama laboral 2007. América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia, y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación urbana se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Apenas 16 millones de personas cuentan con salario y prestaciones que marca la ley.
El salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo tan sólo en el año y cinco meses de la nueva administración. El deterioro acumulado desde 1982 rebasa el 82 por ciento, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
El 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, revela un estudio del investigador Alfonso Bouzas. Así las empresas garantizan la “paz laboral” a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores.
Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, son los factores en común que detonan los conflictos obrero-sindicales en México. Desde el inicio del calderonismo, se han emitido más de 9 mil emplazamientos a huelga. De ellos, han estallado más de 50.
Además, la propuesta de reforma laboral que se negocia a espaldas de la sociedad busca legalizar la conculcación de los derechos de los trabajadores.
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/mayo/htm/calderon-deterioro-laboral.htm
Hace más de cinco lustros, entre gobiernos priistas y panistas, las condiciones laborales, económicas y materiales de los trabajadores mexicanos iniciaron un acelerado deterioro. En las vísperas de las polémicas elecciones federales de 2006, subsistía en la población un consenso: la necesidad de iniciar una redistribución de la riqueza a través de más y mejores empleos que paliaran las desigualdades económicas y sociales. Atendiendo más a los consejos de la mercadotecnia que a las convicciones, un candidato se autonombró el “presidente del empleo”.
Sesenta y ocho días después de emitidos los sufragios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgó el triunfo a ese aspirante.
Luego de 17 meses de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, la situación de los trabajadores mexicanos no se ha revertido. Por el contrario, se agudiza la tendencia degenerativa –iniciada desde el priismo– de la estructura social, jurídica y material, herencia de la Revolución Mexicana, que arropó a los generadores de la riqueza: los trabajadores de la ciudad y el campo.
En el México de hoy, más de 90 millones de niños, adolescentes, adultos, ancianos y mujeres laboran por cuenta propia y 3 millones más trabajan sin recibir remuneración alguna, según datos de la UNAM. Además, cada año alrededor de 550 mil personas se ven obligadas a abandonar el país en busca de empleo. Huyen de la miseria campesinos, madres solteras, artesanos, pero también profesionistas en los que el Estado mexicano invirtió más de 15 años de educación.
Según el Informe panorama laboral 2007. América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo, desde que Calderón asumió la Presidencia, y hasta septiembre de 2007, la tasa de desocupación urbana se incrementó de 4.6 a 4.9 por ciento. Apenas 16 millones de personas cuentan con salario y prestaciones que marca la ley.
El salario mínimo ha perdido casi 24 por ciento de su poder adquisitivo tan sólo en el año y cinco meses de la nueva administración. El deterioro acumulado desde 1982 rebasa el 82 por ciento, según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
El 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo son de protección patronal, revela un estudio del investigador Alfonso Bouzas. Así las empresas garantizan la “paz laboral” a cambio de la violación de los derechos de la clase obrera y la explotación de los trabajadores.
Los raquíticos salarios, la intromisión gubernamental en la vida interna de los sindicatos y el constante ataque a la seguridad social, son los factores en común que detonan los conflictos obrero-sindicales en México. Desde el inicio del calderonismo, se han emitido más de 9 mil emplazamientos a huelga. De ellos, han estallado más de 50.
Además, la propuesta de reforma laboral que se negocia a espaldas de la sociedad busca legalizar la conculcación de los derechos de los trabajadores.
http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/mayo/htm/calderon-deterioro-laboral.htm
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Entrevista al Dr.Gustavo Iruegas
Audio de la Entrevista realizada el día de hoy por nuestra compañera Clara al Secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno Legítimo Dr. Gustavo Iruegas
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Gustavo Iruegas
EL SALARIO MEXICANO DURANTE EL NEOLIBERALISMO
(A 122 Años de los Héroes y Mártires de Chicago)
Alfredo Velarde
Cualquier recapitulación actual de la condición explotada del proletariado mexicano, debe partir de los ominosos datos que explican la extendida y creciente precarización general de los trabajadores asalariados mexicanos de la ciudad y el campo. La inconformidad general que debe mostrar un rostro de lucha organizado y radical, a 122 años de los Mártires de Chicago, como su reto principal, no es un accidente ni una falla del "modelo neoliberal", sino su más lógico resultado en el México de hoy, donde el 42% de la población (44.7 millones), en las maquilladas cifras oficiales, viven en la pobreza sin contar a los pobres extremos y miserables que son casi la mitad de ése guarismo, y que, en la realidad, es mucho peor si nos valemos de indicadores más rigurosos. Ser pobre en el entorno urbano presente, implica ganar en promedio 54 pesos diarios en México, y, en el campo, 36.
Para quienes lo ignoran, es preciso decir que de 1982 a 2008, el poder adquisitivo del salario promedio mexicano se ha precipitado en caída libre. Las percepciones de los asalariados mexicanos han perdido, a lo largo de los últimos 26 años y en un cálculo aproximativo, más del 70% del poder adquisitivo que detentaban a inicios de la década de los ochenta, cuando se impone el brutal neoliberalismo económico como patrón de acumulación hegemónico. Esto significa que hoy, para poder restituir el poder de compra de antaño, que nunca fue ni remotamente satisfactorio, apenas sería posible hacerlo, en la misma proporción al de aquella época, con incrementos salariales que tendrían que colocarse, en el orden de un 200%. Pero para ello hay que pelear conscientemente, organizarse y construir una duradera alianza económico-política de clase, independiente y autónoma, entre los trabajadores en lucha contra el capital en todas partes. Y sin embargo, bajo las condiciones actuales en que la patronal y la misma política económica neoliberal han fijado como tope salarial, un miserable 4.5%, cualquier demanda recuperadora del poder adquisitivo perdido durante el neoliberalismo, y que desde el frente laboral reivindican los poquísimos sindicatos comprometidos con una lucha seria en material salarial, le suenan a la patronal y al Estado y sus gobiernos de clase como reivindicaciones "enloquecidas", cuando apenas son medianamente lógicas y están muy por debajo de las necesidades reales del proletariado mexicano que ya no aguanta más.
En la coyuntura reciente, por ejemplo, la larga huelga en la Universidad Metropolitana, donde el SITUAM exigió 35% de incremento salarial, o como en el caso del conjurado apagón que condujo de antemano a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a preparar una anticonstitucional requisa que no fue necesaria (dado que la empresa concedió el pírrico 4.25%, que el sindicato flexibilizándose más allá de lo aceptable, negoció), justo cuando el SME solicitaba un incremento salarial del 16%, demuestra el accidentado escenario para una lucha de clase impostergablemente necesaria y urgente a favor del conjunto de los trabajadores mexicanos. Lo que revelan estas dos luchas es que, cualquier reivindicación salarial y sus respectivos movimientos huelguísticos, que se coloquen por encima del atrabiliario tope salarial impuesto por las autoridades del trabajo, la política económica dominante y la propia patronal, devienen instantáneamente en demandas políticas y así debieran tratarse desde el mundo del trabajo, a fin de conquistar una vasta alianza de clase desde el frente laboral, llamada a superar la galopante precarización del salario promedio del trabador mexicano y el propio estrangulamiento de la oferta laboral expresada en el desaforado crecimiento del ejército industrial de reserva, en tanto que el creciente desempleo se manifiesta ya, como un rasgo estructural del capitalismo mexicano en el dilatado inicio del siglo XXI. Los dos ejemplos que referimos arriba, por cierto, no son en modo alguno excepciones, sino que representan la regla general y el propio rasero con que los patrones y el reaccionario gobierno federal, están tratando a las distintas luchas obreras por romper el tope salarial y que, además, deben desbordar, en la mayor parte de los casos, dirigencias espurias, charras o burocratizadas, que están sirviendo más para disciplinar y doblegar a los trabajadores insumisos, que para representar y conducir sus luchas económicas, hacia la recuperación coordinada de la insurgencia sindical por mejores salarios, así como a la búsqueda de nuevas formas de organización y lucha (como por ejemplo los consejos obreros); y en lo político, al crecimiento de la movilización organizada tendiente a la creación de una situación política de ingobernabilidad y poder de veto social frente al poder, desde el frente laboral y las múltiples oposiciones revolucionarias que, desde abajo, en las organizaciones sociales, civiles y populares se generan contra el capital y su inaceptable política económica, diseñada para favorecer sólo a los poderosos propietarios. Se trata, en suma, de una lucha desdoblada en los dos planos antes referidos para la etapa actual del capitalismo maduro mexicano y su tendencia imparable hacia la reproducción ampliada de la dinámica de integración subordinada al nuevo (des) orden mundial, marcado por la excluyente globalización capitalista y que recrudece nuestra tradicional dependencia económica estructural al capitalismo maduro y desarrollado, si desde el abajo-social y el frente laboral no hacemos algo, pronto y ya, para evitarlo y crear nuevas posibilidades para la naciente y subversiva subjetividad revolucionaria que tanto se precisa madurar.
En estas condiciones, la lucha que diferentes expresiones de la clase obrera mexicana vienen dando en la actual coyuntura, como los compañeros despedidos de Gamesa (quienes enfrentan las atrabiliarias arbitrariedades de la empresa transnacional Pepsico), demuestran la pertinencia de su llamado constitutivo del Frente Único de Trabajadores (FUT), que el proletariado mexicano debiera recuperar y hacer suyo, como una orientación correcta para amplificar y fortalecer las luchas de la clase trabajadora contra el capital, desde abajo y a la izquierda. En este contexto, enarbolar la necesidad de tomar la iniciativa de la naciente insurgencia obrera que vienen dando importantes colectivos obreros (como los de Textiles Ocotlán, de Vidriera Potosí, de Yale Security, de Cananea, de Real del Monte, de Cafetlán, de Telmex, de los deudos de Pasta de Conchos y de la Cervecería Modelo, entre otros muchos ejemplos más), están demostrando que, más allá de intentonas limitadas y manipuladas como las de los Diálogos Nacionales que cargan en sus espaldas lastres contraproducentes como el charrismo y el corporativismo que desde la CTM, hasta la misma UNT limitan la lucha de los asalariados, hoy es perfectamente posible reanudar la marcha organizadora de la independencia y autonomíasindicales, como actual reivindicación político-gremial de los trabajadores, al lado de sus justas reivindicaciones salariales, para restituir las deprimidas condiciones de vida de los obreros y sus familias golpeadas por el agresivo cartabón neoliberal. La lucha económica a favor de una Escala Móvil de Salarios, por ejemplo, preparatoria de lo que debiera aspirar a madurar una Huelga Política Nacional contra el tope salarial y la precarización del salario mexicano, y la misma constitución, amplia e incluyente del Frente Único de Trabajadores (FUT) llamado a revocar las suplantadoras representaciones obreras, por fuera de las centrales patronales blancas y charras, tendrían que esgrimirse para un encuadre de intervención radical en el frente laboral, llamado a concretar el propósito de engrosar las filas contestatarias de la rebelde clase obrera mexicana, a la vez que fortaleciendo sus ligas y vínculos horizontales con los movimientos obreros revolucionarios que suscriban y reivindiquen las mismas demandas. Hacerlo así, supondría, de hecho, el mejor homenaje a los Mártires de Chicago caídos en lucha hace ya 122 años.
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Día del Trabajo
Refundación del SME
Refundación del SME
Por Alberto Híjar.
Refundación, dijo el Secretario General del Sindicato de Electricistas al inaugurar el nuevo edificio resultante de dos asambleas. No sólo hay que mudar las oficinas, sino hay que construir un sindicalismo a la altura de los tiempos actuales. Puede hacerse de dos maneras: una podría atender el nuevo orden neoliberal donde el trabajo y los trabajadores son un factor de la producción ordenada por expertos en competitividad globalizada. Los sindicatos, sobre esta base, quedaran reducidos a administradores a las órdenes de los patrones. Ningún sentido tienen los contratos colectivos generadores de corrupción y de conflictos, las huelgas a nadie benefician, la politización menos. Las tecnologías de los grandes consorcios exigen en cambio, ponerse al día en la capacitación subordinada y la contratación individualizada es parte de la flexibilización necesaria para que la producción marche sin trabas.
La otra refundación exige asumir líneas históricas combativas. La primera tiene que ver con la teoría y concreta una práctica. La vio claramente Mario Pavón Flores, el abogado asesor del SME de 1935 a 1948, durante el auge del movimiento obrero con el gobierno de Lázaro Cárdenas y con lo que siguió después que no fue el socialismo, como pensaron los triunfalistas. En su libro El ABC de las huelgas (1937) el abogado proletario afirma: “los combates económicos y políticos se entrelazan entre sí y cada huelga debe elevarse al nivel superior de una huelga política conciente”.
Reivindicar la crítica de la economía política decide una estrategia constante y de largo plazo, de manera opuesta a la recomendada por los patrones insistentes en no politizar la producción para llevarla de la mano con una moral del bien común que reconozca como fatalidad la diferencia entre trabajadores y empresarios. En rigor, quienes politizan son los propietarios al negar todo derecho de los trabajadores a participar con justicia de las ganancias. Ellos son los que desatan campañas de insultos y califican de agitadores enemigos del progreso y del desarrollo a quienes de manera organizada procuran contener las desmesuradas ganancias empresariales.
De aquí el derecho de huelga como máximo recurso obrero de donde se seguirá la politización como reivindicación de un poder opuesto al de los patrones amenazantes o/y convocantes de la conciliación y la armonía social, esa que cotidianamente destruyen. Más que el artículo 123 que plantea “el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital”, misión imposible, habría que atender al artículo 3º con su proyecto de “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Y como el pueblo no existe de por sí, nada mejor que el movimiento obrero para descubrirle sus derechos. Ya lo dice el Manifiesto Comunista: los proletarios no tiene patria (se las quitan los patrones) pero son la única clase con proyecto nacional. Actual orientación ahora que la soberanía depositada en el pueblo y la nación ha perdido todo sentido. Nadie la depositó en nada, hay que construirla.
Esta segunda tendencia es la reivindicada por el SME porque su historia ha ganado el ejercicio de los derechos laborales con singular combatividad. Al conmemorar en 2007 su aniversario 93, el SME enlistó sus hitos combativos: las huelgas de 1916 cuando el gobierno de Venustiano Carranza amenazó con fusilar huelguistas y la de 1936, ésta que bajó los switches del centro del país durante diez días hasta lograr un Contrato Colectivo justo. El movimiento de Verónica, el centro de trabajo levantado por la democracia sindical en 1952 contra el charrismo, las reformas estatutarias de 1935 y 1956, la nacionalización de la Compañía de Luz y Fuerza en 1960 y la participación activa en los movimientos contra la privatización energética desde 1999.
Sin el SME, no hubiera sido tan fuerte el Comité Nacional de Defensa Proletaria de 1935 que hizo posible la expropiación petrolera y la nacionalización de los ferrocarriles. El SME descubrió desde siempre la necesidad de solidaridad intersindical, si se puede internacionalista, prohibida aún por las leyes laborales cuando llega al extremo de una huelga. Desde 1936 descubrió la necesidad de alianza con los trabajadores del campo, a raíz de la huelga de 15 mil jornaleros de La Laguna para exigir la reforma agraria asumida por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río. Ha refrendado esta necesidad con la defensa de la seguridad social y la soberanía energética.
El nuevo edificio del SME parece igual que el de cualquier consorcio. Desde la inauguración del martes 15 fue otro su habitante con el auditorio lleno de invitados especiales, incluido el grupo Los rudos que animó con lemas y una que otra mentada de madre el preámbulo al acto inaugural donde habló también Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal. ¡Aquí se ve la fuerza del SME!, ¡cables, cables!, ¡líneas, líneas! Disputaban las secciones su presencia. El himno del SME fue cantado con el puño izquierdo en alto y El pueblo unido jamás será vencido dio el toque internacionalista aunque nadie supiera su origen en la campaña del Frente Popular en Chile que llevó a Salvador Allende a la presidencia acompañado por los músicos de Quilapayún, promotores del arte urgente .
Por el derecho y la justicia de los trabajadores es el lema del escudo con el poderoso puño. Se recordó a Seki Sano, el eminente director de teatro, trabajando en el SME; A Siqueiros y sus compañeros José Renal, Luis Arenal, Julio Prieto y Rodríguez Lozano haciendo entre 1939-1940 el mural más colectivo que se haya pintado para titularlo Retrato de la Burguesía con su militarismo, su demagogia frente al parlamento incendiado, la máquina de hacer dinero y exprimir trabajadores en el centro y poderosa la irrupción del obrero armado frente a las torres eléctricas y la estrella roja. El edificio histórico de Antonio Caso diseñado por Enrique Yañez, dirigente de Arquitectos Socialistas, marcó en los treinta, la fuerza del SME y sustituyó al primer local olvidado ahora en la calle de Colombia. Tuvo la fachada de Artes luego Antonio Caso, una mirilla a todo lo ancho para vigilar y disparar desde el pasillo interno entre los dos cuerpos arquitectónicos. Una modernización aburrida tapó esta evidencia de los tiempos de gloria.
El viernes 25, cuando celebremos la primera mesa redonda en el nuevo edificio, el secretario general Martín Esparza Flores, Carlos Montemayor y Alberto Híjar, será buen momento de hacer presente la urgencia de levantar a los obreros y campesinos una vez que está clara la corrupción del Estado-nación en beneficio de empresarios infiltrados en el poder político con un proyecto económico en perjuicio de los trabajadores. Los nombres históricos del SME deben nombrar espacios como acompañamiento de fotos elocuentes de las luchas históricas del sindicato más combativo de la actualidad. Mario Pavón Flores, Francisco Breña el Secretario General que leyó a oscuras la declaración de Existencia de la Huelga de 1936, Jorge Fernández Osorio, el médico promotor de la medicina del trabajo y los trabajadores, en fin, quien decida la asamblea, son nombres de quienes dirigieran luchas estratégicas que urge reivindicar, hoy en la víspera del 1º de mayo.
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Apertura de los Médios
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El próximo sábado 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Expresión y hemos decidido celebrarlo ejerciendo plenamente esa libertad, informando a la ciudadanía acerca de la nociva situación en que se encuentran los medios electrónicos de comunicación en México y por qué estamos demandando a los senadores crear una nueva Ley de Medios.
Para ello hemos preparado volantes informativos que repartiremos en la Ciudad de México, pero también están disponibles en el sitio web del Frente por si tú quieres descargarlos, imprimirlos y fotocopiarlos para acompañar esta jornada de volanteo en tu localidad. (Si lo haces, nos interesa mucho que nos escribas para contarnos qué hiciste, en dónde, cómo te fue, qué respuesta tuviste, todos los detalles al respecto.) La dirección en que está el volante es:
http://www.nuestrosmedios.org/documentos.html
Si quieres participar en el volanteo de la Ciudad de México, la cita es en la Plaza Francisco Zarco (Metro Hidalgo) el sábado a las 11:00 horas, para repartir ahí los volantes y las hojas para recolectar firmas. De ahí saldrán 5 brigadas hacia la Glorieta de Insurgentes, el Parque México, el Zócalo, Bellas Artes y la Plaza San Jacinto, en San Ángel.
Este es el inicio de una campaña de volanteo informativo que buscaremos desarrollar a nivel nacional y que mantendremos hasta el 7 de junio, cuando en México se festeja el Día de la Libertad de Prensa.
Acompáñanos a celebrar, informando. ¡Participa!
El próximo sábado 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Expresión y hemos decidido celebrarlo ejerciendo plenamente esa libertad, informando a la ciudadanía acerca de la nociva situación en que se encuentran los medios electrónicos de comunicación en México y por qué estamos demandando a los senadores crear una nueva Ley de Medios.
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Si quieres participar en el volanteo de la Ciudad de México, la cita es en la Plaza Francisco Zarco (Metro Hidalgo) el sábado a las 11:00 horas, para repartir ahí los volantes y las hojas para recolectar firmas. De ahí saldrán 5 brigadas hacia la Glorieta de Insurgentes, el Parque México, el Zócalo, Bellas Artes y la Plaza San Jacinto, en San Ángel.
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Convocatorias
Recordando: Presencia del General José Francisco Gallardo
V Reunión del Movimiento Ciudadano Mexiquense con la partición del General Francisco Gallardo donde habla del País, del ASPAN y su situación ante la persecusión que sufrío.
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Martín Esparza Secretario General del SME La Marcha 1 Mayo
Discurso del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electrisistas en el Zócalo Capitalino en el desfile de sindicatos independientes del país. Hace el llamado a defender el Petróleo y la industría eléctrica.
http://www.youtube.com/watch?v=7JjdPbnJxPE
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